skip to main |
skip to sidebar
Solamente los contratos que tras una rigurosa evaluación demuestren que han cumplido las formalidades se procederá a pagarlos, advirtió ayer el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, en referencia al escándalo en Fondelibertad, tras salir a la luz pública irregularidades en la contratación, que ascenderían a los 2.800 millones de pesos.
Rivera explicó que ordenó un plan especial con el fin de que los contratos de Fondelibertad que están en ejecución sean intervenidos.
“Se evalúe estrictamente si se han cumplido las formalidades, si se han cumplido el propósito de los contratos y solamente en ese caso puedan ser pagados, en el caso contrario no serán pagados”, advirtió el Ministro de la Defensa Nacional.
Rivera confirmó la intención del Gobierno nacional de liquidar a Fondelibertad, organismo adscrito al Ministerio de la Defensa, además de señalar que dicho procedimiento podría darse este mismo año, dependiendo de cuando sea aprobado un proyecto de ley que presentó el Gobierno.
para la creación de dos ministerios y eliminación del DAS, al cual solo le falta un debate en la plenaria del Senado.
“Es una institución de creación legal y no sabemos todavía si alcance a ser aprobada antes del mes de diciembre pero se requiere una autorización legal para poder proceder a una medida drástica y definitiva como sería la liquidación”, explicó Rivera.
En medio del escándalo de Fondelibertad ya se han producido dos renuncias de funcionarios. Se hace referencia al caso de la directora del CTI, Marilú Méndez, quien presentó su renuncia, dijo, por motivos personales. Según han señalado algunos medios, entre los contratos irregulares de Fondelibertad figuran un hijo y una hermana de la señora Méndez. Mientras que el ex director de Fondelibertad, Harlan Henao, renunció a Acción Social de la Presidencia, aduciendo razones personales.
En adelante la venta de activos incautados “se hará bajo subasta pública, que se hará con la suficiente difusión”: ministro Vargas Lleras.
“NO NECESITÁBAMOS una gota que rebosara la copa”, manifestó el director de Estupefacientes, Juan Carlos Restrepo, al oficializar que la entidad a intervenir por corrupción, como lo anunció el presidente Juan Manuel Santos el fin de semana, era la que está a su cargo.
En la oficialización de la medida estuvo presente el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, para quien “se ha evidenciado grandes anomalías al interior de la entidad. Estamos interviniendo esta Dirección” Nacional de Estupefacientes (DNE) “hasta que los investigadores de la Policía Judicial, la Procuraduría y la Contraloría establezcan las responsabilidades y castiguen las anomalías”.
“Hoy se hace un corte de cuentas en el DNE y las entidades de control nos van a decir qué pasó en el pasado y nos ayudarán a guiarla hacia el futuro para evitar que terceros se nos cuelen”, señaló Restrepo, posesionado hace apenas quince días, no sin advertir que “ha habido casos en los cuales los bienes de la mafia están volviendo a ellos, por la intervención de esos terceros”.
Vargas, ministro delegatario de funciones presidenciales, explicó que Restrepo detectó “centenares de graves irregularidades” relacionadas con el manejo de los bienes durante la administración de su antecesor Omar Figueroa, quien estuvo al frente de la entidad en el gobierno de Álvaro Uribe.
El año pasado fueron denunciados Figueroa y su padre quienes estado ofreciendo fincas incautadas a los abogados que defraudaron a Cajanal. El escándalo que le costó el puesto a Figueroa fue el que se dio al conocerse que le otorgó la custodia de un bien incautado a un testaferro del señalado narcotraficante Daniel el Loco Barrera.
En su intervención Vargas señaló que con este hecho inicia un proceso de investigación al interior del DNE y aclaró que el mismo se dio por petición expresa de Restrepo quien el viernes pasado presentó una denuncia ante la Fiscalía por posibles anomalías en un sistema llamado Faro.
En todo este proceso intervendrán la Dijin, la Contraloría y la Superfinanciera, dijo Vargas quien además precisó que la intervención durará hasta que sea necesario, y señaló que ese evento “no es necesariamente un proceso de liquidación”.
“Mientras dure la intervención, los bienes” incautados a narcotraficantes “serán administrados por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural” (Incoder), “y tendrán como únicos destinatarios los beneficiarios de la política de redistribución de bienes”, precisó el ministro Vargas, haciendo referencia al proyecto de ley que, acumulado con el de víctimas, tramita en el Congreso el gobierno de Juan Manuel Santos; la iniciativa busca restituir tierras a los campesinos que fueron desalojados de sus propiedades por grupos armados al margen de la ley, en medio de conflicto armado.
Dentro de las medidas adicionales anunciadas por el Gobierno para combatir la corrupción en el manejo de los bienes incautados, Vargas precisó que en adelante cualquier venta de activos incautados “se hará bajo subasta pública que se hará con la suficiente difusión, para que sea un proceso transparente”.
Ayer, a las 2:50 de la tarde, agentes de la Dijin comandados por el director de delitos informáticos de esa institución, mayor Freddy Bautista, ingresaron a las instalaciones de la DNE y tomaron posesión de todo el material allí encontrado. Todo este proceso se adelantó con la presencia de delegados de la Procuraduría.
Restrepo expresó que tras su llegada a la entidad fueron muchas las anomalías que encontró en cuanto a la administración de los bienes incautados a la mafia proceso en el cual, dijo, estarían presentes las manos de terceros que habrían alterado el inventario de los 76 mil bienes que debe administrar la entidad.
De la misma manara, Restrepo calificó lo bienes incautados como “parte del patrimonio del Estado” y añadió “por eso hay que protegerlos”.
“La entidad seguirá desarrollando sus labores hasta donde le sea posible. Esta intervención no despoja al DNE de las facultades que tiene”, manifestó Restrepo al dejar en manos de la Policía el procedimiento a seguir.