Aunque la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura anunció que se prepara para implementar los juicios orales laborales con el fin de evacuar 37 mil casos represados en 2008, aun el nuevo Sistema Penal Acusatorio enfrenta problemas debido a la falta de recursos técnicos y porque se necesita mayor investigación. .
Esta es la advertencia que desde hace un año vienen comentando algunos fiscales, jueces e investigadores y que fue concretada por un Fiscal de la seccional Bucaramanga y un abogado litigante penalista al diario Vanguardia Liberal (periódico de la red de Colprensa.
Esta es la advertencia que desde hace un año vienen comentando algunos fiscales, jueces e investigadores y que fue concretada por un Fiscal de la seccional Bucaramanga y un abogado litigante penalista al diario Vanguardia Liberal (periódico de la red de Colprensa.
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Su premonición la atribuyen, entre tanto, a que los casos de flagrancia acaparan la administración de justicia y prácticamente se están obteniendo los mismos resultados que con la Ley 600 de 2000, el antiguo sistema.
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En otras palabras, los 65.575 millones de pesos que invirtió el Gobierno Nacional, para la implementación en el país de las dos primeras fases del Sistema, no corresponderían a los resultados o la eficacia esperada.
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“La investigación de los demás delitos, como las denuncias contra personas específicas y empresas no se está pudiendo hacer porque la sola flagrancia está copando la administración de justicia”, asegura el abogado Penalista, Manuel Torres.
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Por su parte, un Fiscal, quien prefirió la reserva de su nombre, señaló: “Hay muchas personas dedicadas a esta labor y no es que se esté dejando de investigar, sino que humanamente es imposible”. ¿Por qué cada vez es más lejana la investigación de los demás delitos?, cuestionan los expertos.
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Una de las razones, explican, es que dos de los tres pilares básicos del nuevo Sistema Penal Acusatorio están fallando.
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El equipo de investigadores, indican, es insuficiente. “Cada fiscal debe contar como mínimo con dos o tres investigadores y es increíble ver cómo dos o tres fiscales deben compartir un investigador”, dice el Fiscal.
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Y agrega: “¿Qué eficiencia le podemos reclamar al funcionario de policía judicial cuando cada fiscal tiene un volumen de 200 ó 300 casos, y se le asigna un número permanente de órdenes para que recolecte los elementos probatorios?”
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El abogado Torres calcula que si a un investigador le asignan 600 órdenes por semestre, tendría que evacuar en promedio tres por día: “Es imposible. Prácticamente desde el inicio el sistema está colapsado”.
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El segundo pilar que presenta falencias, señalan, es el Sistema de Protección a Víctimas y Testigos.
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“Se le está dando prioridad a los asuntos de Justicia y Paz, y desafortunadamente como fiscal es un riesgo que yo pueda garantizar la protección de un testigo, toda vez que la institución no está en condiciones para asumir esto”, apuntó el Fiscal.
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El Fiscal asegura que los investigadores de policía judicial trabajan con lo que esté a su alcance.
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“Mire, acá hay funcionarios que les toca sacar de su plata para echarle gasolina a la moto; que si necesitan una cámara filmadora, deben esperar a que su compañero termine de utilizarla; los medios técnicos para interceptar celulares a gran escala no los hay…” Además de la falta medios técnicos y científicos, algunos funcionarios aseguran que aún faltan más salas para el desarrollo de las audiencias.
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“En oportunidades se han presentado situaciones donde las salas de garantías están siendo utilizadas por los jueces de conocimiento.
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Esto ha incidido en ciertos retrasos de nuestras funciones”, comentó el juez Penal Municipal con función de Juez de Garantías, Héctor Casanova.
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El otro punto es el agotamiento mental. Con el nuevo Sistema, los funcionarios pueden trabajar más de 12 horas porque de haber una captura, será necesario hacer su legalización.
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La norma exige que antes de 36 horas el capturado sea presentado ante un Juez de Control.
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Medidas
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El Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Magistrado Hernando Torres Corredor dijo que “las medidas que se implementarán este año para descongestionar procesos laborales apuntan a garantizar la prestación del servicio en aquellos distritos judiciales que por su infraestructura judicial no contaban con despachos que permitieran asignar los turnos para la prestación continua del Sistema Penal Acusatorio.
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”Oralidad laboral
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Según reportes de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura con la puesta este año se inicia la Oralidad en materia Laboral en virtud de la Ley 1149 de julio 13 de 2007, y por medio de los cuales se pretende fallar este año 37 mil procesos represados, es decir35 por ciento la jurisdicción Laboral.
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El Magistrado Torres Corredor dijo que la Sala ha adoptando diversas medidas de descongestión como parte de la transición de los juzgados laborales hacia la oralidad, que cuentan con unos 150 mil procesos.
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Despachos
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El Consejo Superior de la Judicatura creó la semana pasada transitoriamente una serie de despachos judiciales de descongestión.
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Ahora hay once juzgados en Bogotá, seis en Medellín, tres en Cali, dos en Barranquilla y dos juzgados laborales de descongestión para Armenia y Bucaramanga.
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Igualmente se crearon 46 cargos de descongestión en los Tribunales Superiores de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
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Habrá doce cargos de magistrados de Descongestión en las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
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Medidas especiales
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La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura con el ánimo de darle atención especial a algunos proceso complejos adoptó transitoriamente diversas medidas de descongestión que permitieron atender casos, como los de extinción de dominio, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, procesos por los delitos asociados con la liquidación de la Empresa Puertos de Colombia “Colpuertos” y del Fondo de Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia “Foncolpuertos”, entre otros.
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