El extraditado líder de las Auc reveló las alianzas entre la Fuerza Pública y los paramilitares que facilitaron dos matanzas en 1996 y 1997EL ESTADO fue responsable de las masacres de El Aro y La Granja, aseguró Salvatore Mancuso desde Washington, donde se le adelanta un juicio por narcotráfico.
Mancuso sostuvo en una versión libre que el desaparecido jefe de las Auc, Carlos Castaño, le dijo que el apoyo logístico para perpetrar las matanzas fue suministrado por el entonces comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, Carlos Alberto Ospina.
Sin embargo, el extraditado negó la versión de Francisco Villalba, desmovilizado jefe paramilitar de Antioquia, según la cual el presidente Álvaro Uribe había planeado y ordenado la masacre de El Aro. Pero dijo, que sí se reunió en varias oportunidades con el fallecido ex secretario de la Gobernación de Antioquia, Pedro Juan Moreno Villa, para la creación de las Convivir en ese departamento.
Según Salvatore Mancuso, las Convivir en Antioquia tenían como misión apoyar al Ejército y recaudar los aportes económicos para las Auc.
El ex jefe paramilitar dijo que la masacre de El Aro fue coordinada por Carlos Castaño, y además manifestó que ese operativo tenía como fin abatir a varios integrantes del secretariado de las Farc, que supuestamente estaban en la zona.
De hecho, Mancuso adujo que un helicóptero de la guerrilla ingresó a El Aro y sacó de la zona al cabecilla guerrillero alias ‘Iván Márquez’.
Asimismo, reveló que él ingresó en un helicóptero a la zona de combates para llevar municiones a los paramilitares y para sacar a los heridos y muertos.
El ex líder de las autodefensas agregó que el Ejército y la Policía abastecían de municiones a los paramilitares, e incluso reconoció que algunos de los integrantes de la Fuerza Pública se inventaban falsos enfrentamientos, en los que reportaban el gasto de una cantidad importante de municiones.
Por otro lado, Mancuso se refirió a la presencia de los paramilitares en Santander, y dijo que en 1996 todos los policías y los altos mandos militares de La Gabarra, Tibú y Puerto Santander estaban en la nómina de las autodefensas.
Por las masacres de El Aro y La Granja, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condenó al Estado colombiano el 1º de julio del 2006 a pagar una indemnización cercana a 3.400 millones de pesos a favor de 123 familiares de las víctimas. Además, le ordenó que les rindiera un homenaje público y le pidió que persiguiera a quienes tuvieron responsabilidad en los hechos.
En las audiencias de versión libre, pedidas por la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, se espera que Mancuso también confiese y esclarezca el asesinato de varios líderes sindicales.
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