El Gobierno nacional acogió la mayoría de sugerencias de las naciones que participaron en el debate, sin embargo, desechó modificar su política de recompensasTODOS LOS grupos paramilitares fueron disueltos en el territorio nacional, aseguró Colombia ayer en Ginebra, Suiza, en el debate en el que se presentaron las recomendaciones finales al país en materia de derechos humanos por parte de 43 de las 47 naciones que integran el Consejo de Derechos Humanos, organismo adscrito a la Organización de las Naciones Unidas.
Previo al Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo para revisar la situación de los derechos humanos en los 192 Estados miembro de la ONU, Colombia ya había adquirido 69 compromisos de forma voluntaria y ahora acogió la mayoría de las recomendaciones de que fue objeto, sin embargo, rechazó cerca de 10.
Una de las recomendaciones que no será considerada por el Gobierno nacional señalaba que el país debía desmontar las estructuras económicas y políticas de los paramilitares desmovilizados.
En ese sentido, en el agregado al informe las autoridades colombianas aseguraron que “el concepto de paramilitar (es) un término que no se aplica en la situación actual”, tras la desmovilización de unos 31.000 combatientes de esas organizaciones que concluyó en 2006 como resultado del proceso de negociación que durante cerca de tres años desarrolló el gobierno Uribe con los líderes de las autodefensas.
Varios grupos de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales denunciaron la semana pasada ante el Consejo que los grupos paramilitares –cuyos vínculos con políticos cercanos al Gobierno investiga la justicia– continúan actuando y simplemente cambiaron de nombre.
El Gobierno respondió que lo que restan son “bandas criminales emergentes” conformadas por unos 2.000 hombres y que controlan el tráfico de unas 500 toneladas de cocaína al año.
Para las ONG, sin embargo, esos grupos están conformados por entre 9.000 a 10.200 miembros.
En su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Adriana Mejía, señaló que “los países miembros y observadores del Consejo pueden tener la certeza de que emplearemos todos los esfuerzos necesarios para llevar estas recomendaciones a la realidad y la convicción de que serán estudiadas con todo el rigor y la seriedad por las instituciones concernidas”.
En cuanto a la decena de recomendaciones que Colombia no acogió, la Viceministra señaló que “manifestamos con toda honestidad que existen razones fundadas y expresamos, así mismo, la certeza de que existen mecanismos, políticas y medidas concretas en plena operación, destinadas a atender las preocupaciones expresadas”.
Seguirán recompensas
Suspender la política de recompensas por información sobre los grupos guerrilleros fue otra de las recomendaciones de varios países miembro del Consejo de Derechos Humanos que no fue tenida en cuenta por Colombia.
El sistema de recompensas “ha debilitado enormemente a los grupos armados ilegales y su estructura criminal; ha ayudado a resolver casos de secuestros y ha contribuido a luchar contra la impunidad”, dijeron las autoridades colombianas en un anexo al informe que presentaron la semana pasada al Consejo.
Sin embargo, el sistema de recompensas ha sido colocado en el ojo del huracán en el país porque estaría siendo utilizado por delincuentes para hacerse a las recompensas e incluso por militares que habrían asesinado a civiles para hacerlos pasar como muertos en combate.
El propio Presidente de la República señaló que habría alianza entre militares y delincuentes para cometer crímenes de civiles y cobrar la recompensa.
También el fiscal Mario Iguarán señaló que las recompensas que paga el Estado estarían sirviendo de incentivo para cometer delitos.
En la adenda que la Secretaría del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU hizo circular entre los países presentes en el debate, fueron recogidas las reflexiones del Estado colombiano sobre aquellas recomendaciones que fueron aceptadas, aquellas que no pudieron serlo y aquellas referidas a la discusión del proyecto de Ley de Víctimas que actualmente cursa en el Congreso de la República.
Respecto a este último, Colombia hizo las precisiones sobre los cambios que ha impulsado en la iniciativa por medio de la cual se pretende reparar administrativamente a las víctimas de la violencia, incluyendo por acción de los agentes del Estado.
Unos 40 países intervinieron en el debate, entre estos Chile, México, Argentina, Brasil, Perú, Cuba, Uruguay, Panamá, España, Suiza, Gran Bretaña y Dinamarca.
Entre las recomendaciones anunciadas desde la semana pasada se encontraba la del envío de “tres relatores especiales”, formulada por México.
Esos relatores debían ocuparse de la situación de los defensores de derechos humanos, los casos de ejecuciones extrajudiciales y la independencia de jueces y abogados.
Bolivia había recomendado el envío de un relator para abordar la situación de los pueblos indígenas y Chile reclamó a Colombia evitar que los acusados de abusos y violaciones graves “sean beneficiados por leyes de amnistía”.
El informe final sobre la situación de los derechos humanos en Colombia deberá ser aprobado en marzo por el pleno del Consejo
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