LA EXTRADICIÓN a Colombia de Johana Ivette León, esposa del empresario David Murcia Guzmán, acusado de una millonaria estafa bajo la modalidad de pirámides financieras, fue otorgada por la justicia de ese país.La resolución del juez Jorge Díaz, especializado en crimen organizado, hizo lugar a la solicitud de la justicia de Colombia, para que León, detenida por Interpol el 13 de enero en Montevideo, sea juzgada en el delito de “lavado de activos procedentes del narcotráfico”.
El texto rechaza en cambio “la pretensión de extradición por el reato de captación masiva y habitual de dinero y por lavado de activos procedentes del enriquecimiento ilícito, por cuanto los hechos no constituyen delito en el ordenamiento jurídico uruguayo”.
No obstante, aclara que si bien “no existe tratado de extradición” vigente entre Uruguay y Colombia, el gobierno “no condiciona la concesión a la existencia del mismo”, el cual otorgó por analogía con otros acuerdos internacionales.
El gobierno del presidente Álvaro Uribe declaró el pasado mes de noviembre el estado de emergencia social, para enfrentar una crisis generada por la masiva estafa de personas que invirtieron sus ahorros en empresas ilegales captadoras de dinero.
La más sonada de estas firmas, que pagaban rendimientos de hasta un 300% con el dinero de nuevos clientes, hasta quebrar o huir con los fondos, era la comercializadora DMG, dirigida por Murcia Guzmán, cuya esposa, León, era la vicepresidenta.
Murcia Guzmán, quien fue capturado el 19 de noviembre en la localidad panameña de Campana y deportado a Bogotá, había anunciado desde su prisión en Bogotá, que pediría asilo político en Uruguay para su esposa, por considerarse víctimas de una persecución política del presidente Uribe.
Un eventual otorgamiento de asilo político por parte del Poder Ejecutivo uruguayo, interrumpiría el trámite de extradición, que puede demandar entre 18 y 24 meses para conocer su sentencia final.
La defensa de León fue notificada ayer de la resolución judicial y dispone de tres días para apelar.
León Bermúdez poseía un 41 por ciento de las acciones de DMG y participaba también en una constructora de su marido, que es sospechosa igualmente de haber servido de tapadera para lavar dinero procedente del tráfico de drogas.
Entre tanto, León Bermúdez aseguró que la comercializadora jamás le quedó mal a alguno de sus clientes hasta que el Ejecutivo la intervino, y sostuvo que los socios de la empresa fueron desleales con su compañero a quien calificó como un hombre bueno que siempre piensa en su gente.
Según ella, “si en este momento están las cosas como están, fue por la intervención del Gobierno”.
La mujer señaló que DMG “en ningún momento le quedó mal a nadie” y señaló que ese conglomerado de empresas no era una ‘pirámide' financiera como varias que se quebraron el año pasado en su país.
“No nos equivocamos en nada, el error fue del Gobierno colombiano. Hasta (que) el Gobierno colombiano intervino, hasta ahí llegó toda nuestra responsabilidad. No hubo errores” en la empresa, insistió.
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