domingo, 22 de marzo de 2009

Escándalo DMG hizo metástasis


Lo único claro es que semana tras semana son muchos más los salpicados por los nexos con la captadora ilegal y que aún faltan muchos por aparecer, ya que las pruebas se están revelando a ‘cuentagotas’ por parte de la prensa, mientras que los entes de control e investigación aparecen rezagados

COLOMBIA ES un país acostumbrado a los escándalos y las crisis. No hay semana en que unos y otras retumben en la ya de por sí accidentada agenda nacional, a tal punto que la estupefacción que un día se siente frente a determinado hecho, se dirige a la jornada siguiente a otro distinto.

Lo que pasó en los últimos siete días es prueba fehaciente de ese fenómeno. De domingo a domingo la atención de la opinión pública estuvo prácticamente concentrada en el escándalo por los nexos de distintos sectores políticos, económicos, sociales e institucionales con la intervenida empresa captadora de dineros DMG.

Como bien lo señalara el editorial de ayer de este diario, esta semana se comprobó que hizo metástasis el escándalo que comenzó a destaparse en octubre pasado cuando se presentó, al estilo de un dominó, el derrumbe de las llamadas “pirámides”, llevándose por delante más de cinco billones de pesos y dejando a más de medio millón de colombianos sin sus pocos o muchos recursos, ya que llevados por el ansia del dinero fácil los habían invertido en esas redes captadoras pese a las advertencias de las autoridades para que no lo hicieran y en contra de la evidente sospecha de que había algo sospechoso detrás de un negocio que daba una rentabilidad insólita y claramente ajena a las leyes de la lógica del mercado de dinero.

Desde entonces, prácticamente no ha existido día en que el caso DMG no dé algún tipo de noticia, ya sea por la captura de los cabecillas de la intervenida empresa; su enjuiciamiento y defensa; las pesquisas de la Fiscalía en busca de bienes y caletas de dinero; la creciente racha de investigaciones a todos los dirigentes políticos y funcionarios públicos que se sabe tuvieron nexos con la captadora; la revelación de nuevos textos y audios de las comunicaciones interceptadas a la cúpula de la captadora, salpicando a más personas y entidades; las protestas de los ahorradores estafados; las explicaciones de las autoridades sobre el complejo proceso para reembolsar lo poco que se ha logrado recuperar en efectivo y propiedades; la controversia política entre acusadores y acusados; los intentos gubernamentales por evadir responsabilidades por su tardía intervención en el problema; y, como si fuera poco, el cada vez más notorio papel cumplido por Estados Unidos, no sólo porque fue el primero en darse cuenta de lo que se escondía detrás de la fachada del negocio DMG sino porque parece tener el proceso probatorio tan avanzado, que ya incluso está a punto de oficializar una petición de extradición contra el apresado cerebro de la empresa, David Murcia, y sus principales socios y testaferros.

Coletazos

El cruce de todas esas variables explica lo que sucedió esta semana, que lejos de poder considerarse como un agravamiento del escándalo, corresponde en realidad a un desenvolvimiento lógico y natural de un fenómeno de penetración, cuando no criminal, sí sospechoso, muy bien planeado y ejecutado por la cúpula de DMG.

Es claro que el más perjudicado de la semana terminó siendo el personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry, ya que las nuevas pruebas de sus presuntos nexos con la cúpula de la empresa captadora lo tenían el viernes al borde de la salida del cargo, pues tanto su partido (el Polo Democrático), como la mayoría del Concejo, la prensa, los gremios y el grueso de la opinión pública estaban exigiéndole la renuncia o, por lo menos, que se apartara temporalmente mientras la Fiscalía (que busca establecer si incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito) y la Procuraduría (que indaga posibles faltas disciplinarias) adelantan sus respectivas pesquisas.

El alcalde bogotano Samuel Moreno también terminó la semana en la mira de las autoridades, no sólo porque la Procuraduría le abrió investigación preliminar para establecer si tuvo nexos ilegales con DMG sino porque prácticamente dedicó todos los días a replicar señalamientos por ese tema, defender el nombre de su familia y poner de presente que muchos de las acusaciones y el debate estaban siendo sobredimensionadas por sectores uribistas.
Pero esta metástasis no sólo causó tremores en la Administración Distrital sino que también se extendió a la Gobernación de Cundinamarca, en donde un asesor tuvo que renunciar al revelarse llamadas suyas con un directivo de DMG.

Por igual, el viernes la Procuraduría puso en la mira a la Comisión Nacional de Televisión con el fin de determinar las posibles irregularidades disciplinarias en que hubieran podido incurrir sus funcionarios por recibir dineros provenientes de la firma DMG, para una licencia del canal Body Channel, el mismo con el que casi hacen negocios los hijos del presidente Uribe.

Apenas unos días antes el escándalo tocó el sanedrín de la casa de Nariño, al cobrar la renuncia del asesor para los municipios, Alfazar González, ya que una grabación interceptada a la cúpula de la empresa intervenida dejó al descubierto no sólo que tenía tratativas con DMG sino que le mintió al alto gobierno cuando se le interrogó al respecto.

Punta de iceberg

Sin embargo, se está muy lejos del punto culminante del escándalo. Es más, apenas atravesamos por una instancia preliminar en la que, a cuentagotas, cada día hay una nueva grabación interceptada, un nuevo salpicado y el consecuente coletazo.
No hay que olvidar que la Policía afirma que las investigaciones sobre DMG llevaron más de un año y que son miles las interceptaciones telefónicas. De éstas, apenas han salido unas pocas a la luz pública. El resto está en manos de la Fiscalía que apenas está evaluando todo el material entregado.

Una prueba de esto es que la mayoría de las investigaciones preliminares que ha anunciado el ente acusador tiene que ver, precisamente, con los casos que han sido ventilados en la prensa.
Hasta el momento el ente acusador no ha informado de proceso alguno que antes no haya sido publicado ni generado un debate público. Igual ocurre con la Procuraduría. Es más esta semana el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, indicó que le había pedido a la Fiscalía que le remitiera todo el expediente sobre el caso DMG.

La solicitud causó extrañeza por cuanto se creía que la entidad de control disciplinario ya había pedido desde noviembre pasado toda la copia del expediente de la investigación, dado que desde entonces se sabía que la empresa captadora había logrado infiltrar muchas instituciones e incluso se conocieron grabaciones que dieron piso a acuñar el término de la “DMG-política”.

No hay que olvidar que en una de esas grabaciones se escucha a Murcia y uno de sus socios hablar de los resultados de las elecciones regionales de octubre de 2007, e incluso se vanaglorian de haber “tenido diez ganadores”, en clara referencia a los candidatos a gobernaciones y alcaldías que recibieron apoyo de DMG.

En ese orden de ideas, es dable concluir que el escándalo por la infiltración de esta empresa captadora en distintos sectores políticos y públicos apenas si está comenzando. Decir que lo más grave ya salió a la luz pública resulta engañoso, toda vez que si ello fuera así, entonces las primeras grabaciones de llamadas comprometedoras habrían sido las del Personero de Bogotá o la del asesor presidencial.

Incluso, se sabe que la próxima semana se empezará a plantear la idea de pedirle al Gobierno que disponga de una partida presupuestal de emergencia para que la Fiscalía, la Procuraduría e incluso la Corte Suprema de Justicia, por aquello de los dos gobernadores investigados, puedan crear unidades especiales que se encarguen exclusivamente de este caso.

¿Qué viene?

Por ahora está claro que apenas se está en la etapa de las revelaciones del grado de infiltración de DMG en las entidades públicas y sus relaciones con políticos. Entonces lo que viene en el inmediato futuro es, precisamente, más de lo mismo.
Dado que el escándalo está salpicando a uribistas y oposición por igual, será difícil que tal o cual partido puedan utilizar electoralmente toda esta situación.

Hasta el momento no deja de llamar la atención la forma en que terminan pareciéndose las estrategias de defensa de todos los acusados, sin importar el partido al que pertenezcan. Al igual que ha ocurrido con otros escándalos vigentes como los de la parapolítica, la farc-política o la yidispolítica, los salpicados con el caso DMG insisten en defenderse desde los cargos, en aludir al principio de presunción de inocencia y, como principal bandera, en advertir que hasta octubre del año pasado la empresa captadora no tenía mayores cuestionamientos públicos ni legales, al punto que pagaba impuestos, patrocinaba eventos oficiales y hasta llegó en algún momento a ser referenciada positivamente por el presidente Uribe.

Es claro que esta última estrategia de defensa puede ser controvertida pero termina resultando válida, ya que si bien la Policía dice que hace más de un año le seguía los pasos a la cúpula de la empresa captadora y tenía sospechas fundadas sobre anomalías en sus operaciones e incluso un posible lavado de activos, nunca trascendió esa situación. Igual el gobierno Uribe, por más que diga que desde hace tiempo había advertido el riesgo de las “pirámides”, lo cierto es que sólo hasta octubre se decidió a actuar, obviamente ya era muy tarde para los miles de ahorradores que perdieron su plata.

Como se ve, el escándalo de DMG va para largo. Es como una especie de cáncer, del que meses atrás se descubrió el primer síntoma pero que poco a poco, a medida que avanza el diagnóstico y se empieza a vislumbrar el tratamiento, se evidencia que el mal hizo metástasis hace tiempo y que tiene invadidos ya muchos órganos, en donde las secuelas de la enfermedad parecieran terminales.


No hay comentarios: