La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano “por haber incumplido sus obligaciones de garantizar los derechos a la vida, a la integridad (…) y la libertad personal”EL GOBIERNO colombiano realizará el acto de desagravio para los familiares de las 43 víctimas de desaparición forzada en Pueblo Bello, corregimiento de Turbo, en Antioquia.
La acción gubernamental se realizará el miércoles, 19 años después de las desapariciones y tres años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ordenara.
A las 9 de la mañana del miércoles, en el auditorio Luis López de Mesa, del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, de Medellín, el Gobierno nacional realizará el acto de desagravio para las víctimas de las desapariciones forzadas ocurridas el 14 de enero de 1990.
En enero de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado colombiano realizar, en el plazo de un año, este acto para honrar la memoria de los 43 desaparecidos, entre ellos tres niños, así como para pedir perdón a sus familiares por la responsabilidad de las autoridades en los hechos perpetrados por el grupo paramilitar Los tangueros, liderado por Fidel Castaño.
Según la Corte, el Estado debe realizar el acto de disculpa pública y de reconocimiento de la responsabilidad internacional “por haber incumplido sus obligaciones de garantizar los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal de esas personas, como consecuencia de las faltas del Estado a sus deberes de prevención, protección e investigación, así como por las violaciones a los derechos de acceso a la justicia, protección judicial y garantías judiciales cometidas en su perjuicio, en presencia de altas autoridades del Estado”.
Durante el acto, los familiares de las víctimas presentarán una pieza audiovisual en la que recordarán los rostros e identidades de los desaparecidos y se espera que un alto funcionario del Gobierno presente las disculpas en nombre del Estado.
Los hechos
Entre las ocho y las diez de la noche del 14 de enero de 1990, paramilitares del grupo Los tangueros ingresaron a Pueblo Bello, sacaron a un número de hombres de sus casas y lugares de culto, los reunieron en la plaza principal y finalmente seleccionaron a 43 personas, entre ellos 3 niños, a quienes amordazaron y se llevaron sin que hasta la fecha se les haya vuelto a ver con vida. Antes de retirarse, los paramilitares incendiaron tres viviendas.
Los camiones que transportaban a los secuestrados partieron con rumbo a San Pedro de Urabá, una zona declarada “de emergencia y de operaciones militares”. Por esa razón siempre había en la zona dos retenes del Ejército, uno fijo y uno móvil, que tenían por función controlar el tránsito de vehículos y personas.
Entre los hechos probados en el proceso de la Corte se establece que los 43 campesinos fueron llevados a la finca Santa Mónica, propiedad de Fidel Castaño, en el departamento de Córdoba. El mismo Castaño los interrogó por el robo de algunas de sus reses, ocurrido en diciembre de 1989. Se señala que allí fueron brutalmente torturados y sus restos desaparecidos.
En mayo de 1997, la Comisión Colombiana de Juristas y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, conjuntamente con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En su fallo del 31 de enero de 2006, la Corte estableció la responsabilidad del Estado colombiano en los hechos y le ordenó, entre otras cosas, reactivar y completar eficazmente las investigaciones para determinar las obligaciones directas así como las que le corresponden, por acción u omisión, a los organismos gubernamentales; brindar tratamiento médico y sicológico a los familiares de las víctimas; garantías de retorno para los habitantes que se vieron sometidos a desplazamiento forzado como consecuencia de estos hechos y la realización de un acto público de desagravio, que es el que está próximo a realizarse.
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