Obama ya exigió clarificar el Plan Colombia

En el paquete de 545 millones aprobado la semana pasada por el Senado, se exigió al Departamento de Estado redoblar vigilancia de derechos humanos y comprobar que el gobierno está desmantelando redes paras y que cortado vínculos con ellas.

LA DECISIÓN de Estados Unidos de apretar las condiciones al Plan Colombia no es una expectativa ni tampoco apenas una petición de algunos congresistas, sino que ya es una realidad.

El pasado 4 de marzo, EL NUEVO SIGLO publicó que el Congreso estadounidense estaba discutiendo el proyecto de ley de presupuesto de gasto corriente para 2009, en el cual no sólo se recortaban programas de ayuda exterior sino que, además, se aumentaban las condiciones para algunos de ellos, específicamente el Plan Colombia.

En el paquete presupuestario, de unos 410.000 millones de dólares y que corresponde al gasto público para que el gobierno estadounidense continúe operando durante este año, quedó establecido que el Plan Colombia fue afectado en dos frentes básicos.

De un lado, si bien el monto de la ayuda se redujo un poco y quedó en 545 millones de dólares -aunque se llegó a temer que el recorte fuera mayor-, sí cambió su distribución interna, de forma tal que ahora se destinarán más fondos a los programas sociales y de reinserción de desmovilizados de grupos armados ilegales, que al componente militar como tal.

Peros puntuales

Al mismo tiempo, el texto del proyecto, que fue finalmente aprobado por el Senado el pasado 10 de marzo y está para sanción del presidente Barack Obama, endureció las condiciones de ayuda y ordena al Departamento de Estado que informe regularmente al Congreso sobre el respeto a los derechos humanos en Colombia.

Específicamente se establece que el Departamento de Estado deberá comprobar, por ejemplo, que "el gobierno de Colombia está desmantelando las redes paramilitares", y que "ha cortado vínculos" con ellas, según el texto.

Durante la discusión sobre el tema del Plan Colombia, varios congresistas sacaron a colación que era necesario evaluar y replantear algunos de los aspectos básicos de este plan de ayuda antidrogas.

No sólo indicaron que era necesario establecer el costo-beneficio del Plan en los últimos años, ya que el narcotráfico originado en Colombia no se había reducido en las proporciones que se esperaban, sino que el propio Obama había prometido que en su gobierno haría más énfasis en materia de lucha contra el consumo interno y tratamiento a la drogadicción.

Por otra parte, varios de los senadores, sobre todo el partido Demócrata, trajeron a colación que era necesario exigir al gobierno colombiano que garantizara que ninguna de las unidades militares y policiales a las que les estaba llegando la ayuda norteamericana estaba comprometida en violaciones de derechos humanos.

Teniendo como base el Acta de Asistencia Extranjera (Foreign Assistance Act), -que data de 1961- y la enmienda al Acta de Operaciones Extranjeras y Apropiaciones de Defensa (Foreign Operations and Defense Appropriations Act) que se conoce con el nombre de "Ley Leahy", los congresistas recordaron que EU tenía la obligación de condicionar la ayuda al cumplimiento de determinadas condiciones.

Recordaron que por esa ley advertía EU no podía prestar apoyo a ninguna unidad cuestionada y que las denuncias sobre violaciones de derechos humanos cometidas por personal de la Fuerza Pública colombiana habían crecido, sobre en casos de ejecuciones extrajudiciales.

Fue en el marco de las discusiones los días subsiguientes que se conoció la carta del líder de la mayoría demócrata en el Senado Patrick Leahy, reseñada en su momento por este diario, que condicionó una ayuda de 72 millones de dólares al Plan Colombia a que se aclararan los casos de ‘falsos positivos’.

La oficina del senador Leahy (padre de la reforma a la ley de 1961) expidió un comunicado al respecto el 9 de marzo aunque algunos medios de prensa sólo dieron cuenta del mismo ayer.

“El congreso de EU no tuvo otra alternativa que recortar una porción de la ayuda militar para Colombia. Cuándo y cómo esos fondos sean enviados nuevamente a Colombia dependerá, en parte, de cómo maneje el gobierno colombiano el tema de ‘falsos positivos’, de que los oficiales involucrados sean debidamente procesados, y de si los que han tenido el coraje de reportar estos crímenes continúen siendo el blanco de ataques del gobierno”, precisó el comunicado expedido ese 9 de marzo.

El informe

No hay que olvidar que de forma casi paralela a esta discusión, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, presentó al Congreso el informe sobre la situación de derechos humanos en todo el planeta y allí Colombia, pese a que el reporte fue realizado por la saliente administración Bush, quedó muy mal parada.

Según el informe, los problemas de derechos humanos más críticos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las masacres, la persecución a periodistas y el desplazamiento, persisten en Colombia. Se hizo especial énfasis de los casos de ‘falsos positivos’.

El análisis sobre Colombia, que abarca 15 páginas, indica que si bien las autoridades civiles “en general mantuvieron un control eficaz de las fuerzas de seguridad, hubo instancias en que elementos de las fuerzas de seguridad violaron la política estatal”.

La divulgación del documento coincidió con una ofensiva política y diplomática que emprendieron esa misma semana el canciller Jaime Bermúdez y el ministro de Defensa Juan Manuel Santos en EU en busca de mantener las ayudas del Plan Colombia, al menos durante un año más.