El Gobierno Nacional reconoció que “hay un grave problema de corrupción en los partidos políticos, pero se está enfrentando con celeridad y eficacia”.Un 35% de los cargos de elección popular en el país siguen ligados a los paramilitares, lo que significa una gran amenaza para la democracia y las víctimas de las autodefensas, denunciaron ayer varias ONG ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al tiempo que pidieron que no se sigan extraditando a los jefes de estos grupos, con el fin de que afronten sus causas en Colombia.
“Entre el 25 y 35% de los puestos de elección popular está capturado por esa toma violenta” del poder por parte de grupos paramilitares, afirmó Claudia López, representante de Human Rights Watch, en una audiencia en la CIDH en Washington sobre la relación entre las autodefensas y la política.
“El narcotráfico y los paramilitares lograron en 20 años lo que la guerrilla no logró en 60, tomarse una parte sustancial del poder político”, apuntó López.
“La estructura política (creada por los paramilitares) no se reconoció ni se desmovilizó. La colaboración entre políticos y paramilitares sigue viva (...) y representando un grave peligro para los derechos humanos”, secundó Michael Camilleri, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Las ONG pidieron que los partidos involucrados en la parapolítica sean disueltos y que el Gobierno se comprometa a respetar las decisiones judiciales, al denunciar un “enfrentamiento entre la Corte Suprema y el Ejecutivo”, dijo León Valencia, director de la corporación Nuevo Arco Iris.
El gobierno del presidente Álvaro Uribe reconoce que “hay un grave problema de corrupción en los partidos políticos”, pero “se está enfrentando como no se ha visto en ningún país, con eficacia y celeridad”, respondió el director del programa presidencial de derechos humanos, Carlos Franco.
Franco, quien representó al Gobierno Nacional en la audiencia, recordó que se han abierto procesos contra 77 congresistas por relación con escuadrones paramilitares, nueve de los cuales han sido condenados.
Asimismo, existen en curso dos centenares de procesos contra políticos, 91 de ellos alcaldes y 7 ex alcaldes, destacó Franco.
Pero “no es cierto que ese control (de paramilitares sobre partidos políticos) se traduzca en resultados electorales, porque la población colombiana tiene madurez”, afirmó.
El grueso de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) se desmovilizó en el marco de una negociación con el gobierno de Uribe, que concluyó en abril de 2006 con el desarme de 31.000 combatientes.
La viceministra del Interior, Viviana Manrique, declaró, por su parte, que el Gobierno respeta y acata los fallos judiciales y vela por la independencia de la Rama Judicial.
Observó que como en toda democracia, puede haber discrepancias entre los Poderes, pero jamás utilizando vías de hecho o interponiendo alguna forma de desconocer las decisiones de los jueces.
La Viceministra del Interior afirmó que “no se puede poner en duda la independencia judicial en Colombia; lo que hay en algunos casos son discrepancias conceptuales propias de cualquier democracia”.
Hizo énfasis en la autonomía patrimonial, presupuestal, financiera y administrativa de la rama judicial. En este sentido se indicó la participación del Gobierno en los procesos de elecciones de los magistrados de las Altas Cortes.
Resaltando también la creación de la Comisión del Proceso Oral y la Justicia Pronta para garantizar el diálogo permanente entre Gobierno y Rama Judicial con el fin de dar solución a la congestión judicial.
La Comisión Interamericana estuvo representada por su Presidente Victor Abramovich, los Comisionados Paulo Sergio Pinheiro, Paolo Carozza y el Secretario Ejecutivo de la Comisión Santiago Canton.
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