lunes, 20 de abril de 2009

Rojas Birry, el personero, imputado


Por el delito de enriquecimiento ilícito fue acusado formalmente este lunes en la mañana el Personero de Bogotá, Francisco Rojas Birry.

La audiencia continúa a esta hora en el juzgado 32 penal especializado, en el cuarto piso del complejo judicial de Paloquemao.

Rojas Birry llegó al recinto hacia las 6 y 30 de la mañana, acompañado por su abogado Eduardo Salazar y unas 20 personas, en su mayoría simpatizantes, para atender el requerimiento judicial en torno a sus presuntos nexos con la controvertida empresa de David Murcia Guzmán, DMG, de la cual, supuestamente habría recibido unos 200 millones de pesos.

Ademas de Rojas Birry, numerosos alcaldes y gobernadores, se encuentran en proceso de investigación, tanto por la justicia ordinaria como por la Procuraduría General de la Nación, por haber recibido apoyo para sus campañas politicas de DMG.

La fiscalia ya llamó a rendir declaración juramentada al gobernador de Bolívar, Joaco Berrío, de quien se dice habría recibido mil millones de pesos de DMG.

La Procuraduría adelanta indagaciones preliminares a los mandatarios seccionales de Putumayo, Bolívar, Magdalena, Cundinamarca, Casanare, La Guajira, San Andrés, Meta, Caldas, Boyacá y Valle por la misma causa.

El congresista Wilson Borja reveló hace poco un correo electrónico de una empresa llamada ‘Seguridad DMG’ en el que se advierte que la captadora ilegal habría financiado a “más de 50 alcaldías”, entre ellas las de Santa Marta, Magdalena y Suesca, Cundinamarca.

Mientras tanto, David Murcia Guzmán comparecerá ante la Comisiòn Primera del Senado este jueves 23 de abril, no en calidad de citado sino de invitado, para rendir un testimonio juramentado en torno al supuesta entrega de 5 mil millones de pesos, en dinero y en especie, a la campaña del referendo que busca la segunda reelección del presidente Álvaro Uribe.

Su abogado, Gustavo Salazar Pineda, dijo que Murcia Guzmán no sólo hablará de la intervención de DMG en el proyecto de la iniciativa popular, sino de la responsabilidad “que le cabe al Congreso en la crisis de DMG”.

“Podría ser más de una tercera parte de los senadores los que fueron financiados y tuvieron relaciones con DMG”, afirmó Salazar.

Según las versiones, DMG habría destinado más de 700 millones para hacer lobby en el Congreso con el fin de incluir en el proyecto de reforma financiera un artículo que favorecía la venta de tarjetas prepago.

En ese episodio fueron mencionados los congresistas Zulema Jattin, Jorge Visbal y Roberto Gerlein, lo mismo que el senador Samuel Arrieta, presidente de Convergencia Ciudadana.

Los tentáculos de DMG llegaron también a la propia sede presidencial.

El secretario General de Palacio, Bernardo Moreno, aceptó ser primo segundo de Daniel Ángel Rueda, socio de David Murcia Guzmán. Moreno despidió también al ex consejero Presidencial Félix Alfazar González, tras comprobársele nexos con DMG.


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