Aplicar medidas de protección integral para el Catatumbo, pidió la Defensoría del Pueblo

La preocupación es del defensor Vólmar Pérez Ortiz, por el deterioro de la situación de los derechos humanos, a raíz de los hechos de violencia ocurridos esta semana.

Según la Defensoría, la mayor gravedad fue el ataque de la guerrilla contra una misión médica en la madrugada del lunes, cuando era transportado en una ambulancia el señor Adolfo Pérez Avendaño, quien había sido herido con arma de fuego.

"El vehículo fue interceptada en la vía El Tarra-Cúcuta por hombres armados pertenecientes presuntamente al Frente 33 de las Farc, quienes bajaron a la fuerza al paciente y lo asesinaron, intimidando además al personal médico que acompañaba la misión", lamentó la Defensoría en un comunicado.

Recordó que un profesional de la salud del mismo municipio denunció ante la entidad las amenazas de muerte de que fue víctima por parte de hombres armados que irrumpieron en su residencia.

"El Defensor del Pueblo, al condenar enérgicamente este hecho, manifestó que el ataque contra el personal médico y la ambulancia constituye una grave infracción del Derecho Internacional Humanitario (DIH), que consagra en los artículos 9, 10, 11 y 12 del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra la obligación de los grupos armados de respetar la misión médica", advirtió.

Agregó que este ataque al personal sanitario y a la unidad médica se considera además un grave crimen de guerra, que debe ser objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales.

Otros hechos violentos

El Defensor del Pueblo condenó también otras tres acciones "que vulneran los derechos fundamentales de la población civil en Norte de Santander".

La primera de ellas fue el ataque con explosivo en el barrio Galán, en Ocaña, donde el pasado martes fue arrojada una granada contra la vivienda de Jimmi Efraín Rodríguez Quintero, beneficiario de medidas de protección por parte del Ministerio del Interior y de Justicia, causando daños materiales.

El viernes pasado, presuntos integrantes de las Farc detuvieron una tractomula cargada de arroz que se desplazaba en la vía Cúcuta-Ocaña, en el sector conocido como La San Juana, jurisdicción de Sardinata. Al automotor le acondicionaron explosivos que detonaron a la llegada de las tropas del Ejército causando heridas a un uniformado.

Y el tercer evento ocurrió el sábado 16 de mayo, cuando presuntos integrantes del Eln activaron un campo minado y sostuvieron combates con tropas del Ejército en la vereda San Javier, de San Calixto, con saldo de cuatro militares muertos y herida con arma de fuego una joven de 17 años.

"El Defensor del Pueblo hace un llamado imperativo para que las autoridades del orden nacional, regional y municipal adopten medidas eficaces de protección para prevenir el riesgo de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario", aseguró en el comunicado.

También solicitó a la Gobernación de Norte de Santander convocar, lo más pronto posible, el Comité Intersectorial de Derechos Humanos, "con el fin de que se realice un análisis integral de la problemática humanitaria de la región del Catatumbo y se propongan estrategias de intervención por parte de las autoridades estatales".