La Procuraduría decidió abrir indagación contra el secretario general de Presidencia, Bernardo Moreno; el secretario de prensa, César Mauricio Velásquez, y el asesor de comunicaciones.POR EL escándalo de las chuzadas, la Procuraduría abrió las primeras investigaciones disciplinarias a funcionarios de la Casa de Nariño. Los cobijados por las indagaciones son el secretario general de Presidencia, Bernardo Moreno; el secretario de prensa, César Mauricio Velásquez, y el asesor de Presidencia Jorge Mario Eastman.
Además, el ente de control también decidió abrirle investigación a los ex directores del DAS Jorge Noguera Cotes y Andrés Peñate Giraldo, así como al ex director de inteligencia y ex subdirector del DAS Jorge Miguel Narváez y al director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Este último es sindicado de haberle suministrado información confidencial y financiera al DAS de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Estos funcionarios deberán rendir explicaciones “por la presunta ilegalidad de interceptaciones telefónicas y seguimientos efectuados por el DAS a varias personalidades del país, entre ellos magistrados, periodistas, parlamentarios y miembros de la Fuerza Pública”, sostuvo la Procuraduría.
La Dirección Nacional de Investigaciones del Ministerio Público escuchará en los próximos días en versión libre a los disciplinables y practicará las pruebas tendientes a esclarecer la presunta falta y su responsabilidad.
De otra parte, la Procuraduría determinó abrir indagación preliminar contra funcionarios de la Fiscalía por la filtración de información de la investigación penal que sobre las interceptaciones ilegales también adelanta esta entidad.
El ex director de contrainteligencia del DAS, capitán Jorge Lagos, le había revelado a la Fiscalía que toda la información obtenida sobre cinco magistrados y sus familiares se la entregó al secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y al ex asesor José Obdulio Gaviria. Igualmente, habría señalado que compartió la información financiera de los magistrados con Mario Aranguren, director de la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda. Según Lagos, Gaviria bautizó la misión como operación Paseo.
Sin embargo, esta versión había sido desmentida por el ex director del DAS Andrés Peñate, quien aseguró que el ex director de contrainteligencia nunca fue a llevar información de seguimientos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia a la Casa de Nariño.
Carta al Fiscal
Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia en carta enviada al fiscal general Mario Iguarán le solicitó adoptar medidas inmediatas para proteger a los testigos en desarrollo de las investigaciones sobre las interceptaciones ilegales.
La Corte consideró que ello es necesario para preservar la intangibilidad de la prueba y la integridad de esas personas.
Esta solicitud fue hecha el mismo día que se conocieron las exigencias del capitán Jorge Lagos, en una diligencia ante la Fiscalía, de protección a su familia al momento de revelar los nombres de los funcionarios que presuntamente dieron la orden de realizar las chuzadas.
La carta fue enviada a la Fiscalía instantes después que la Corte Suprema sentara su fuerte posición por el espionaje de que fueron objeto varios magistrados por parte del DAS, y por los indicios de que prominentes funcionarios de la Casa de Nariño estarían vinculados a las chuzadas.
Contactos con la ONU
La alta corte ya inició los contactos con la ONU para la designación del relator para la vigilancia de la autonomía judicial en Colombia. Así lo anunció el presidente de la Corte Suprema, Augusto José Ibáñez Guzmán, quien mantuvo comunicación con el delegado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christopher Salazar.
“Este es un mecanismo internacional de observación que trata de llegar a los Estados para tomar una contabilidad de la relaciones que existen entre los poderes y de las actuaciones procesales y judiciales”, dijo Ibáñez Guzmán.
Además, el presidente de la corporación explicó el procedimiento de una relatoría, la cual contemplaría una observación en primer término y después un eventual estudio en la plenaria de la ONU.
La solicitud de un relator de las Naciones Unidas por parte de la Corte fue uno de los puntos tenidos en cuenta dentro de un fuerte comunicado del Tribunal en el que rechazó que las chuzadas del DAS a varios magistrados provinieran de la Casa de Nariño.
“Los hechos recientemente denunciados modifican notoriamente los lineamientos fijados en la reciente reunión que los representantes de las altas cortes sostuvieron en la Casa de Nariño”, decía uno de los apartes del comunicado.
Además, los magistrados del alto tribunal le exigieron al presidente Álvaro Uribe “un pronunciamiento directo y concreto sobre el alcance de este tipo de denuncias, así como de las garantías necesarias para que estos hechos no se repitan”.
El Consejo de Estado también emitió un comunicado en el que tildó de insuficientes las medidas que el Gobierno ha adoptado en el tema de las chuzadas y repudió las actuaciones ilegales realizadas por el DAS.
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