El oscuro laberinto de la Inteligencia estatal

El trasfondo del asunto consiste en determinar de manera puntual si el DAS se convirtió en una especie de “policía política” y si ello era de conocimiento y participación desde las más altas instancias del Estado

EL TEMA de las denominadas “chuzadas”, que ayer permitió la más amplia investigación al DAS de que se tenga noticia en la Fiscalía, se reduce a un solo asunto. Se trata, ciertamente, de un elemento tan sencillo como que en ninguna parte consta orden judicial para interceptar e investigar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como tampoco a líderes políticos y el grueso de periodistas nacionales.

Es ahí, justamente, donde seguramente se concentrará la investigación abierta por la Fiscalía, donde se implican los Directores de Inteligencia del mandato Uribe y sus segundos, así como miembros de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), pues es ese caso, en el que se carecía de órdenes judiciales, el que ha estremecido a la opinión pública.

Se sabe, claro, que el asunto es de una gravedad inusitada, comenzando porque para las interceptaciones y seguimientos utilizaron los instrumentos que provenían de las ayudas internacionales contra el terrorismo y el narcotráfico. Es decir que en lugar de perseguir a los delincuentes, las autoridades usaron los aditamentos tecnológicos para devolverse contra los magistrados y las gentes que no estaban incursas en ninguna investigación judicial. Semejante circunstancia es la que ha determinado que el Reino Unido, por ejemplo, haya decidido cambiar las ayudas y que las redireccionara hacia entidades diferentes del DAS o de la Inteligencia adscrita al Palacio de Nariño. Lo mismo está pasando con Estados Unidos, puesto que su Embajador ha sido claro en que no están brindando colaboración tecnológica para perseguir a los inocentes, sino a los delincuentes.

El trasfondo del asunto consiste en saber, entonces, si el DAS se convirtió en una especie de “policía política” y si ello era de conocimiento y participación desde las más altas instancias del Estado.

“Caso Tasmania”

El marco de las indagaciones se produce, desde luego, en medio de las prolongadas fricciones entre el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia. Todo comenzó, como se recuerda, en referencia al pleito de un paramilitar apodado “Tasmania” y que apareció intempestivamente en un comunicado de la Casa de Nariño, hace un año y medio, en el que se decía que aquél pretendía involucrar al Primer Mandatario en delitos de paramilitarismo.

El caso se complicó al decirse que era uno de los Magistrados clave en las investigaciones de la parapolítica –Iván Velásquez-, el que supuestamente estaba ofreciendo beneficios judiciales en el propósito anterior, según adujo el Gobierno. Todo se demostró una falsedad cuando la misma Fiscalía salvó a Velásquez de cualquier responsabilidad y en cambio se informó que existían contactos del entorno presidencial con el denunciante y sus abogados a cambio de supuestas financiaciones para la consecución de una casa para su madre.

De colofón también estaban las acusaciones gubernamentales a la Corte por un supuesto “sesgo ideológico” en sus sentencias. Desde entonces la Corte tuvo que salir a defenderse pidiéndole al Jefe de Estado respeto por su majestad. Incluso la misma Corte tuvo que recurrir a la suspensión temporal de extradiciones de paramilitares para conseguir las pruebas para los pleitos que se adelantaban en la denominada jurisdicción de Justicia y Paz y que había sido gravemente entorpecida por la extradición generalizada de los jefes paramilitares que actuaban de testigos en los procesos. De entonces a hoy no se ha podido surtir debidamente la colaboración de los Estados Unidos con la Justicia colombiana y sólo hasta ahora, un año después, los norteamericanos buscan los mecanismos para lograrlo una vez los paramilitares han venido anunciando declaraciones impactantes que incluso comprometerían las dos últimas campañas presidenciales.

Estos episodios ocurrieron, a su vez, en medio de las investigaciones adelantadas por parapolítica contra el senador Mario Uribe Escobar, primo del Jefe del Estado, sobre quien el Presidente llamó a indagar por su suerte a su homólogo en la Corte Suprema de Justicia. Uribe Escobar terminó en la cárcel, después de un fallido intento de asilo político en la Embajada de Costa Rica, pero meses después fue excarcelado, sin que hasta el momento haya sido desvinculado de las investigaciones. De las fricciones suscitadas por este caso particular fue que el Presidente de la Corte Suprema adujo obstrucciones a la Justicia por parte del Primer Mandatario y de allí se derivaron demandas que se tramitan en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Mutismo presidencial

Las “chuzadas” que hoy se investigan corresponden al período en el que el actual Presidente fue reelegido y el desarrollo de las investigaciones de la parapolítica. Como se sabe, en la actualidad está en prisión una porción importante de la bancada gubernamental en el Congreso, así como embajadores, gobernadores, alcaldes, concejales y diputados adscritos al denominado “Uribismo”. Uno de los hechos más relevantes ha sido el de Jorge Noguera, nombrado por el presidente Uribe en el DAS, oficina dependiente directamente del Primer Mandatario, y a quien, después de múltiples intríngulis jurídicos, se le acusó recientemente de variados delitos desde su despacho, entre ellos el asesinato de sindicalistas y académicos.

Frente a las sospechas de que estaban siendo interceptados ilegalmente, los miembros de la Corte Suprema de Justicia han solicitado reiteradamente al Primer Magistrado de la Nación una respuesta contundente en torno al DAS. El Primer Mandatario ha sido evasivo, después de múltiples requerimientos, hasta el último, semanas previas, en el que la Comisión Interinstitucional de la Justicia, en la que se sientan todas las Cortes se mostró insatisfecha con la actitud presidencial. Ante ello, desde hace un año hacia acá la Rama Jurisdiccional se ha respaldado en entidades del exterior como la Corte Penal Internacional y fiscales de prestigio universal. En estos días, precisamente, la Corte Suprema ha solicitado la presencia de un Relator especial de las Naciones Unidas por aún considerar amenazadas sus facultades y actividades. Al mismo tiempo las investigaciones por la parapolítica se han venido profundizando y se esperan nuevos dictámenes en los próximos días.

Las pruebas

Hace unas semanas revistas como Semana o empresas periodísticas como RCN, mostraron pruebas y recurrieron a fuentes según las cuales evidentemente existían todas esas maniobras de interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados, periodistas y políticos. La emisora La FM divulgó diversos elementos probatorios en los que se grababa ilegalmente a algunos de los anteriores. En esos días el jefe de Contrainteligencia del DAS, Jorge Alberto Lagos, rindió versión libre ante la Fiscalía, en la cual reveló varios elementos que apuntaban directamente al Palacio de Nariño. Se descubrió que asesores, secretarios y consejeros presidenciales habían conocido de las investigaciones del DAS a magistrados, entre ellos el secretario General Bernardo Moreno, el asesor José Obdulio Gaviria y los consejeros de Comunicaciones César Mauricio Velásquez y Jorge Mario Eastman. Pese a rifirrafes periodísticos entre si los asesores presidenciales habían ordenado las investigaciones o simplemente se habían enterado de sus resultados, el hecho es que por cualquiera de los dos circunstancias la Procuraduría encontró méritos para llamar a investigación disciplinaria a casi todos los anteriores y a ex directores, directores y subdirectores del DAS. Como se sabe, igualmente está incurso en investigación disciplinaria en la Procuraduría el secretario Jurídico Edmundo del Castillo, a causa de recibir furtivamente a ex paramilitares en la Casa de Nariño, que tenían supuestas pruebas contra miembros de la Corte Suprema de Justicia.

De antemano se sabía que uno de los directores del DAS, María del Pilar Hurtado, había recibido órdenes de Palacio para iniciar las investigaciones, supuestamente bajo el expediente de descubrir los nexos de un señor Ascencio Reyes, aparentemente vinculado con el narcotráfico –cosa que nunca se demostró-, con los magistrados a los que había homenajeado en Neiva. Esa circunstancia sirvió de mampara para que, en efecto, no sólo el DAS, sino la UIAF recabara informaciones sobre la mayoría de magistrados y esculcara en sus declaraciones de renta, según lo aceptó el Director de la última, Mario Aranguren, quien por ello renunció, sin que se le aceptara la dimisión por parte del Presidente. Al parecer, ciertamente, el delgado hilo de Reyes habría servido para generar todo tipo de informes de Inteligencia sobre los magistrados y el mismo Fiscal General de la Nación, empeñados, como se dijo, en sacar avante las investigaciones de la parapolítica y no ceder un milímetro en la aplicación de la Justicia.

Inconsistencias

Ante el escándalo, el Gobierno y algunos de sus coaligados han pretendido bajarle el tono al asunto al sostener que no hay pruebas fehacientes. No obstante, tanto la revista Semana como La FM Radio, han dicho, la primera, que las pruebas, con base en fuentes fidedignas, fueron desaparecidas, y al aire se han escuchado ciertamente las grabaciones ilegales emitidas en primicia por la segunda. De manera que hoy está claro que no sólo las interceptaciones sí existieron, sino que igualmente el Director de la UIAF, en entrevista a Semana, aceptó que había indagado las declaraciones de renta de muchos magistrados y que el portafolio fue entregado a la Dirección del DAS para su eventual remisión a la Casa de Nariño.

Incluso el mismo Lagos, jefe de Contrainteligencia, dice en su versión ante la Fiscalía que “siempre tuve la sensación de que habían enviado más información de la que había solicitado, porque nunca solicité sábanas telefónicas, y otros aspectos de información que no requerí”. Al hablar de “sábanas telefónicas”, evidentemente acepta implícitamente que había interceptaciones a los teléfonos de los magistrados. Al mismo tiempo, sus declaraciones sobre eventuales pérdidas o desapariciones de pruebas están aún en camino a saberse si convencieron o no a los fiscales, luego de aceptar que había roto los protocolos del DAS al respecto.

Si las Cortes no han creído las explicaciones del Ejecutivo, tampoco la Fiscalía se encuentra satisfecha y precisamente por ello ayer abrió un gigantesco proceso que, por tener más de un sindicado, aún no se ha individualizado en acusaciones particulares. De esta manera no sólo vuelve a llamar al judicializado Jorge Noguera, cuyas acusaciones han causado escándalo en el mundo, sino que además llama a indagatoria a los ex directores del DAS Andrés Peñate, María del Pilar Hurtado y Joaquín Polo, y con ellos también deberán declarar treinta ex funcionarios, incluidos los interceptadores. La investigación está tipificada bajo el concierto para delinquir y se averigua por una violación ilícita de comunicaciones, el uso indebido de equipos de comunicación, la falsedad ideológica en documento, la destrucción y supresión de documentos oficiales, el fraude procesal y el abuso de autoridad. Igualmente se investiga a la UIAF en torno a si hay irregularidades en pasar información reservada que sólo debería ser entregada previa orden judicial.

Lo importante, como epicentro de investigación, es, como se dijo, que ninguno de los interceptados, incluidos los magistrados, podían ser investigados sin orden judicial, es decir, sin que estuvieran incursos en investigación correspondiente y un dictamen en tal sentido del investigador. Tampoco es dable que bajo el fementido expediente del señor Ascensio Reyes pudiera abrirse toda una compuerta contra la Corte, que desde luego tiene más un tinte político que jurídico. En todo caso, todo aquello que parecía una exageración hace tan sólo algunos meses, hoy se muestra tan real como que ha llegado a los estrados judiciales con base ya no en versiones libres sino en indagatorias que prometen develar aquello que el mismo Fiscal General calificó de “gravísimo y descarado”.