Delegados del organismo internacional escucharon por tres horas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema de las chuzadas del DAS.La aceptación de la ONU de enviar un relator para la independencia judicial a Colombia fue celebrada por el presidente de la Corte Suprema, Augusto José Ibáñez, al término de una reunión que duró tres horas entre los magistrados del alto tribunal y una delegación de los derechos humanos de Naciones Unidas, encabezada por Cristian Salazar.
La relatoría había sido solicitada por la Corte Suprema debido al escándalo de las interceptaciones ilegales que realizó el DAS contra varios magistrados del Tribunal.
Sin embargo, todavía no se ha confirmado si el relator para la independencia de la justicia Leandro Desouy vendrá al país o enviará un delegado. Además, falta que la Corte decida con el Gobierno en qué fecha vendrá el funcionario de las Naciones Unidas.
“La relatoría es un cumplimiento a los convenios internacionales y en ese mismo marco cumplirán su labor, y el mandato es el que fija la forma de operación”, dijo el presidente de la Corte.
Además Ibáñez aseguró que la Corte mantiene las puertas abiertas para el diálogo con el Gobierno y está dispuesta a realizar una nueva reunión.
La relatoría para la independencia judicial fue creada en 1994 como uno de los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos para examinar el tema.
No obstante, el procurador general Alejandro Ordóñez sostuvo el lunes pasado que la petición del relator era desproporcionada por el caso de las llamadas interceptadas a varios magistrados de la alta Corte.
Según el jefe del Ministerio Público, en Colombia los organismos investigativos vienen realizando su tarea de la mejor manera, y que sólo se necesitaría al relator si las autoridades colombianas no estuvieran investigando.
Por otro lado, esta misma semana la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, conformada por los presidentes de las cuatro Cortes, el fiscal Mario Iguarán y un representante de los trabajadores judiciales, sentó también su posición en la supervisión internacional para la vigilancia de estos hechos.
En carta enviada al presidente Álvaro Uribe, la Comisión enfatizó el llamado que ya había hecho “a la sociedad en general y a los entes internacionales de supervisión y defensa de los derechos humanos, para contrarrestar las agresiones que en Colombia se vienen perpetrando contra los más altos jueces de la República”.
Al igual que la Comisión Interinstitucional, la Corte Suprema de Justicia le había solicitado al presidente Uribe hacer un pronunciamiento directo y concreto sobre el alcance de las denuncias que hicieron varios medios de comunicación de seguimientos incluso financieros a magistrados de la Sala Penal del alto Tribunal, así como de las garantías necesarias para que esos hechos no se repitan.
En ese mismo pronunciamiento la Corte le había exigido al Gobierno fijar la fecha para que el relator para la independencia judicial de la ONU hiciera presencia en Colombia.
El mismo lunes pasado Álvaro Uribe se había reunido con los presidentes de las altas Cortes y el Gobierno se comprometió a protegerlos de posibles seguimientos e interceptaciones ilegales.
Sin embargo, después de la reunión se supo que las interceptaciones fueron ordenadas por funcionarios de la Casa de Nariño. Posteriormente las Cortes rechazaron esas “evidencias” y las tacharon como graves para el equilibrio democrático del país y que “ponen en alto riesgo la independencia que la Constitución Política le otorga a la Rama Judicial”, decía un comunicado de la Corte.
Según se reveló, Mario Aranguren, director de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF), le dio al DAS información de movimientos financieros que hicieron varios magistrados.
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