Un estudio realizado por el centro educativo señaló que los grupos armados están contratando bandas ilegales para expandirse, además de reclutar menores venezolanos.UN ESTUDIO realizado por la Universidad del Táchira y el Servicio Jesuita de Refugiados en América Latina y el Caribe, difundido ayer por el diario El Nacional de Caracas, señaló que la frontera colombo-venezolana, en Táchira y Apure, está siendo controlada por grupos armados ilegales de ambos países.
Según reveló el estudio, en los municipios venezolanos de San Cristóbal, Bolívar, Ureña y Fernández Feo en Táchira y José Antonio Páez en Alto Apure, quedó “al descubierto la manera como el conflicto armado colombiano ha calado en el entramado social venezolano”.
Jesús Rodríguez Villarroel, uno de los autores de la investigación, señaló que “los habitantes se sienten impotentes porque en la zona prevalece un Estado deficiente para atacar los asuntos de desarrollo integral y seguridad que los hace cómplice con la situación de violencia armada y las irregularidades que emanan de esta realidad como son contrabando de combustible, narcotráfico, el secuestro y la extorsión”.
De acuerdo con Rodríguez Villarroel, en esta región se siente una fuerte presencia de organizaciones subversivas y paramilitares.
“Los pobladores perciben, cada vez más, que están siendo controlados por los grupos armados irregulares: Farc, Eln, Auc y las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (Fbl), de origen nacional (Venezuela)”, señaló el investigador.
En los municipios de Ureña y Bolívar, en Táchira, se destaca la presencia de las Auc, mientras que en Páez hace presencia el Eln y en Fernández Feo está el Fbl, según la investigación, “sin dejar de mencionar a las Farc que tienen presencia, aunque han perdido representación en la zona fronteriza en los últimos años”.
Asimismo agregó que los irregulares se sirven de organizaciones delincuenciales que actúan como agrupaciones transfronterizas convirtiéndose en un importante empleador para la comisión de sus ilícitos.
Según los investigadores otro dato preocupante es el aumento en la cifra de desplazamiento interno. “Casi el 100% de la muestra encuestada, al ser consultada sobre si ha sentido el deseo de dejar la zona, respondió que sí porque no está de acuerdo con las prácticas violentas de los grupos armados irregulares”, explicó Rodríguez.
En relación con el reclutamiento de menores, señala la investigación que se presume que esta práctica existe con el propósito de que estos realicen actividades que van desde el apoyo logístico, hasta la participación en hostilidades. Las familias no se atreven a hacer denuncias ni comentarios de estos casos por temor a sufrir represalias.
“Esta realidad ha ocasionado que muchas familias de la zona fronteriza hayan trasladados a sus hijos, de entre 10 años y 18 años de edad, a otras localidades por el riesgo de ser reclutados por los grupos irregulares”, concluyó Rodríguez.
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