martes, 5 de mayo de 2009

Proponen agravar penas a militares los falsos positivos


El proyecto de ley también contempla la obligación de que todo caso que tenga que ver con este tema vaya a la justicia ordinaria y nunca a la justicia penal militar

UN NUEVO proyecto de ley para modificar el Código Penal fue presentado por el representante Juan Manuel Hernández, con el fin de agravar las penas a las que pueden ser condenados los militares que resulten condenados por los casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos.

“Estamos agravando las penas en un 50 por ciento para aquel militar que le quite la vida a un civil y después lo muestre como un trofeo para beneficiarse con un asenso económicamente o con un permiso”, explicó el congresista de Cambio Radical.

El legislador anunció que “este es un proyecto de ley idéntico a lo que sucedió con el tema de la ley de infancia con los violadores de niños donde debemos como sociedad ser totalmente duros y no permitir que nunca más se vuelva a presentar”.

Sin beneficios

La iniciativa legislativa elimina casi “todos los subrogados penales”, como por ejemplo “el beneficio de la casa por cárcel”; tampoco “se extingue la acción penal con la reparación o indemnización de la víctima, no opera la suspensión de la pena privativa de la libertad, no habrá libertad condicional cuando se hayan cumplido las dos terceras partes” de la pena y “no habrá sustitución de la pena por caución”.

Únicamente subsiste un beneficio: “Se deja únicamente vigente el beneficio por colaboración efectiva con la justicia. A diferencia de los violadores de niños”, el las ejecuciones extrajudiciales “hay concurso para delinquir, o sea se presentan muchísimos” autores; “por tanto este subrogado no lo eliminamos para que las personas que quieran coadyuvar con la justicia, que delaten a los demás, tengan este tipo de beneficios. Será el único que no eliminamos”, precisó Hernández.

Las penas que “hoy están entre 15 y 25 años y quedarán entre 40 y 60 años para el militar que le quite la vida a un ser humano y lo muestre como un trofeo ante sus comandantes o superiores”, dijo.

Hernández advirtió que el agravamiento de estas penas “es un llamado a toda persona a quien la sociedad colombiana le entregue un fusil y un uniforme para defenderla, para que nunca se le ocurra ir a utilizar esta condición para quitarle la vida a una persona inocente, y normalmente de bajos recursos porque creen que nunca se va a reclamar, y así mostrarla como positivo”.

Además, “el proyecto de ley también contempla la obligación de que todo caso que tenga que ver con falsos positivos vaya a la justicia ordinaria y nunca a la justicia penal militar”, señaló el congresista bogotano.

El origen

El representante Hernández explicó cómo un mandato del propio Ministerio de Defensa pudo originar el fenómeno de los falsos positivos.

“Como se recordará, el 8 de octubre de 2008 hicimos en la plenaria de la Cámara de Representantes un debate desafortunado con relación a las ejecuciones extrajudiciales que se venían dando en algunos sectores de Colombia y denominados falsos positivos”, rememoró el legislador capitalino.

El debate se centró en la directiva ministerial 029 de 2005 y la falta de control del gobierno en su ejecución.

Como resultado de la investigación que realizó para el debate, “el proyecto de ley tiene cinco capítulos” y uno de ellos se refiere al “fortalecimiento integral de la fuerza pública, porque prohibimos cualquier incentivo que conduzca a la perversidad o se interprete de esta manera”, indicó Hernández.

Otro dato derivado de la investigación: “Desafortunadamente, judicializados no han sido más de 10 casos; pero tenemos investigaciones entre Procuraduría y Fiscalía que están del orden de unos 900 casos”, comentó el congresista.

Nuevos casos

Un nuevo caso de falso positivo fue reconocido ayer por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos.

El caso que se investiga se presentó el 26 de diciembre de 2008 en un batallón adscrito a una Brigada en Montería y está relacionado con la muerte de un hombre que luego fue presentado como muerto en un enfrentamiento con las Farc.

“Este sería el primer caso que se detecta de ‘falsos positivos' desde octubre de 2008, ya se está investigando y se espera a que la justicia arroje resultados al respecto”, reconoció Santos.

En reiteradas ocasiones, el funcionario había manifestado que desde octubre del año pasado no se presenta ni una sola denuncia de violación de derechos humanos, sin embargo, este sería el primero caso.

Sin embargo, dicha afirmación fue desmentida, como lo publicó en su momento EL NUEVO SIGLO, por el senador Juan Manuel Galán, para quien la ejecuciones extrajudiciales que se han denunciado durante el gobierno de Álvaro Uribe, responden a “una cultura institucional”.

Galán manifestó que “ha existido una política que ha generado una cultura institucional perversa a través de incentivos”.

El congresista aseguró que según el Cinep, entre octubre del año 2008 y abril de 2009 se han reportado 6 nuevos casos de falsos positivos.

El senador liberal sostuvo además que “estamos ante crímenes de lesa humanidad, crímenes sistemáticos, masivos y estructurales”, señalando que “entre 1998 y 2008 ocurrieron en Colombia entre 1.500 y 2.000 casos de ejecuciones extrajudiciales”.

Efectivamente, un informe del Cinep dice que hay documentados 35 casos ocurridos en el último semestre del año pasado.

Los 35 nuevos casos, ocurridos entre julio y diciembre de 2008 y dejaron 69 víctimas.

“Según las denuncias de familiares de víctimas y organizaciones sociales, el grado de implicación de fuerzas oficiales en este delito de lesa humanidad compromete de manera seria la legitimidad del aparato militar y policivo del país”, dice el documento del Cinep.

Reformitis

Para algunos dirigentes políticos es innecesario estar reformando el Código Penal, agravando las penas para ciertos delitos, cuando no existe una política criminal sólida que garantice el cumplimiento de la normatividad vigente.

En la actualidad el Congreso debate 24 proyectos de reforma al Código Penal; con el de los falsos positivos serán 25.

Mientras tanto, como ya lo había adelantado EL NUEVO SIGLO, una iniciativa para evitar más cambios al Código Penal se encuentra estancada en la comisión primera del Senado desde hace más de un mes.

En su oportunidad, el senador Parmenio Cuéllar, autor del proyecto de acto legislativo, la iniciativa busca crear una política criminal estatal que sea de cumplimiento estricto, y así evitar que los gobiernos de turno gasten esfuerzos en modificar el Código Penal.

“Simpre me ha preocupado que en el Congreso haya una proliferación de proyectos de ley que modifican el Código Penal, que es un estatuto armónico”, aseguró Cuéllar.

El legislador nariñense explicó que entre los principios que tiene el Código es el de la proporcionalidad en materia punitiva, por lo cual no se puede establecer penas más drásticas para delitos que lesionan un derecho que no es fundamental o menos grave.

Sin embargo, sobre la crítica a la proliferación de reformas al Código Penal, hay congresistas que no la consideran una práctica dañina.

“El evitar reformar los códigos de acuerdo con las circunstancias y la coyuntura es hacer negar la esencia y dinámica del derecho. El derecho no es un derecho inmutado, un derecho simple, con las circunstancias tiene que cambiar la normatividad. Este es un concepto que hay que decidir de fondo”, dijo el senador Samuel Arrieta, presidente del Partido Convergencia Ciudadana.

Una tercera opinión sobre este tema, la expresó el ex magistrado de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán, que aunque también crítica la reformitis, considera que la solución es otra: “Un proyecto de acto legislativo no evitaría la potestad de reformar los códigos en todos los ramos de la legislación. Lo que pasa es que tienen que ejercerla con responsabilidad, para que no estén reformando cada minuto las normas para disminuir posiciones jurisprudenciales. Eso no se logra con la presentación de un proyecto que prohíba hacer reformas, sino con el convencimiento de que las reformas sólo se deben presentar cuando se consideren necesarias, útiles y sean convenientes, no cada nada y para saltarse una norma que no es la adecuada para las circunstancias particulares”, precisó Beltrán.


No hay comentarios: