“La explicación que prefieren muchos en el gobierno es que las matanzas fueron llevadas a cabo por unas cuantas manzanas podridas y eso es igualmente insostenible”SOBRE LAS ejecuciones extrajudiciales, también llamadas falsos positivos, “las cantidades mismas de los casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas, indican que éstas fueron llevadas a cabo de manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del Ejército”, dijo ayer Philip Alston, relator de la ONU para el tema.
“El problema de los falsos positivos resultó de una práctica sistemática en el seno del Ejército”, remarcó Alston durante la presentación de su informe preliminar sobre ejecuciones extrajudiciales en Colombia que será elevado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Alston, relator especial de la Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, indicó que su informe completo sobre el caso colombiano se publicará a más tardar en cinco meses.
El relator recordó en su presentación las particularidades de este tipo de ejecuciones extrajudiciales, en las que civiles son asesinados por parte de fuerzas del orden, que presentan los cadáveres después como guerrilleros muertos en combate.
Soacha
Para el relator, la ejecución de 19 jóvenes que residían en Soacha, son apenas “la punta del iceberg” del problema.
“Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg”, afirmó Alston.
Las Fuerzas Armadas fueron estremecidas a fines del 2008, cuando denuncias de prensa y de grupos no gubernamentales revelaron que al menos 11 hombres, sin relación entre ellos, habían desaparecido en diferentes fechas en Soacha y aparecieron en Ocaña, Norte de Santander, como abatidos por el Ejército.
El escándalo cobró la cabeza de una veintena de oficiales y suboficiales del Ejército, entre ellos tres generales, destituidos por el presidente Álvaro Uribe. El entonces comandante del Ejército, general Mario Montoya, renunció al cargo poco después de la mayor purga en las filas militares en años.
“Insostenible”
El relator, que concluyó ayer una visita a Colombia de diez días, indicó, no obstante, que no ha encontrado pruebas de que los asesinatos de esos jóvenes formen parte de una política oficial del Gobierno del presidente Uribe.
Aun así considero “insostenible” la explicación de algunos funcionarios del Gobierno que mantienen que “las matanzas fueron llevadas a cabo, a pequeña escala, por unas cuantas pocas manzanas podridas”.
Específicamente, Alston dijo que “la explicación que prefieren muchos en el gobierno es que las matanzas fueron llevadas a cabo por unas cuantas manzanas podridas y eso es igualmente insostenible”.
“Algunos funcionarios siguen afirmando que muchos de los casos son bajas legítimas de guerrilleros u otros, pero las pruebas, incluyendo informes de balística y forenses, declaraciones de testigos oculares y el testimonio de soldados, indican firmemente que ese no es el caso”, aseguró Alston. “Aparte de las pruebas contundentes, el Gobierno no me ha dado prueba alguna en este sentido”, añadió.
“Las víctimas vestidas con ropa de camuflaje recién planchada, con botas 4 tallas más grandes que su tamaño, zurdos llevando una pistola en su mano derecha u hombres con una única bala disparada en el cuello, quebrantan aún más la sugerencia de que se trata de guerrilleros muertos en combate”, precisó.
Amenazas e incentivos
Alston denunció, asimismo, que ha habido un “hostigamiento sistemático” por parte de los militares hacia los sobrevivientes de esos actos y sus familiares.
Alston le pidió al Ejército que “reconozca la magnitud del problema”.
El delegado de la ONU manifestó que es muy claro que las ejecuciones extrajudiciales fue incentivada por la política de recompensas del Gobierno a los militares para hacer más efectiva la lucha contra los grupos insurgentes.
“Sí considero que algunos” militares “fueron motivados” a actuar o cometer esos asesinatos debido a esos beneficios ofrecidos, dijo el relator al ser consultado sobre qué rol han jugado esos beneficios en los casos de ejecuciones.
Por ello, en sus recomendaciones iniciales Alston pidió “la suspensión de todo tipo de incentivo para los militares por ejecuciones”.
El relator dejó claro que pese a esa “política del gobierno” de pago de recompensas a los militares, dijo que “no ha encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del gobierno”.
Pero lamentó la impunidad en que se encuentran la mayoría de estos crímenes, que según la ONG Comisión Colombiana de Juristas, sumaron 1.205 entre julio de 2002 y julio de 2008.
Alston dijo además que aún esperaba una respuesta oficial a su pedido de saber exactamente si estaban o no en vigencia órdenes internas del Ministerio de Defensa en torno al pago de incentivos en dinero, recompensas o el otorgamiento de días libres para militares que dieran “resultados positivos” en operaciones contra la insurgencia.
Respecto a los grupos guerrilleros dijo que “las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), siguen llevando a cabo cantidades significativas de homicidios ilegales, especialmente para controlar y sembrar el miedo en las poblaciones rurales”.
Durante su visita a Colombia, el funcionario australiano de la ONU se reunió con Uribe, sus ministros, las autoridades judiciales y con más de cien testigos, víctimas y supervivientes de esas ejecuciones.
Aunque estimó que desde 2007 el Gobierno ha tomado “medidas importantes” para detener y dar respuesta a esos homicidios, con una reducción “significativa” de alegatos de ejecuciones registradas por la justicia militar, “sigue habiendo una brecha preocupante entre las políticas y la práctica”.
“La cantidad de enjuiciamientos exitosos sigue siendo muy baja”, aseveró Alston.
La Fiscalía lleva en total al menos 1.056 investigaciones, que involucran el asesinato de 1.708 personas, incluyendo las víctimas de Soacha, en ejecuciones extrajudiciales denunciadas en los últimos seis años.
Alston dijo que cree que en particular la Fiscalía no tiene recursos suficientes, ni personal capacitado óptimamente para el buen desarrollo de su actividad; también aseveró que en algunos lugares del país la mayoría de jueces militares hacen caso omiso a los dictámenes de la Corte Constitucional y que hacen todo lo que está a su alcance para impedir la transferencia de casos claros de derechos humanos al sistema de justicia ordinaria.
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