miércoles, 24 de junio de 2009

Ley de víctimas fue una “ocasión perdida”: ONU


Las cifras del Gobierno con respecto a la fallida iniciativa legislativa fueron calificadas como “una mentira perversa” por el representante Guillermo Rivera

EL HUNDIMIENTO de la ley de víctimas fue calificado como una “ocasión perdida para avanzar en la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto armado”, manifestó en una declaración escrita divulgada a la prensa la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos.

El proyecto fue archivado el pasado jueves por instrucción del presidente Álvaro Uribe a los senadores de la coalición política que sustenta al gobierno.

Según Uribe, el proyecto no era viable porque obligaba a resarcir a los afectados por agentes estatales y porque, según argumentó, el Estado no dispone de los recursos económicos suficientes que implicaría la aplicación de la ley.

En su pronunciamiento, la ONU estimó que “existen principios y estándares internacionales que una ley de esta naturaleza no puede ignorar. Entre ellos se encuentran el deber de garantía del Estado, la no discriminación y la consideración de las víctimas por el daño sufrido y no por quien ocasionó ese daño”.

Además, “la reparación a todas las víctimas y la satisfacción de todos sus derechos no pueden entenderse como un asunto de oportunidad política, buena voluntad o exclusivamente económico. Es un asunto de justicia”, puntualizó.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia finalmente anunció que continuará “abogando por los derechos de las víctimas”.

Cifras mentirosas

Las cifras del Gobierno sobre la fallida ley de víctimas son “una mentira perversa”, dijo ayer el representante liberal Guillermo Rivera.

El congresista concedió una rueda de prensa junto al senador Juan Fernando Cristo en la que ambos salieron en defensa del proyecto y controvirtieron los argumentos fiscales “mentirosos” que utilizó el Gobierno para hundir el proyecto.

Para el senador Cristo es inconcebible que si la diferencia estaba en solo cinco artículos del proyecto, el Gobierno no haya permitido la aprobación de la ley y después objetar los puntos de desacuerdo: “El Gobierno tenía las herramientas para aprobar la iniciativa y luego objetar los artículos que no compartía, pero no tomar la decisión de acabar con el trabajo de dos años”.

El representante Rivera desvirtuó uno a uno los argumentos del Gobierno frente a los cinco puntos de desacuerdo:

Restitución patrimonial: El Gobierno dice que la restitución a las víctimas cuesta 11 billones de pesos porque incluye bienes muebles e inmuebles. Sin embargo, explicó Rivera, es claro que el artículo 60 del texto que estaba para conciliación dice que la restitución se limita a bienes inmuebles.

Protección: El Gobierno dice que tendría que brindar protección a todas las familias de las víctimas sin distinción. Según el proyecto, la protección solo procede después de una valoración de la autoridad competente que determina el grado de vulnerabilidad y cumplimiento de requisitos.

Proyectos de generación de ingresos: El Gobierno interpreta este punto como obligación del Estado la sostenibilidad de los proyectos de vida de la población victimizada por y para siempre. El proyecto no habla de financiar sino de crear las condiciones mínimas para el ejercicio de sus derechos.

Vivienda: El Gobierno asegura que este artículo le costaría al país 11 billones de pesos. En el proyecto es claro que este tema está sujeto a las normas que regulen la entrega de subsidios para comprar casa propia, aseguró Rivera.

Rivera y Cristo anunciaron que el próximo 20 de julio radicarán una proposición para citar a un debate en el Congreso, con el fin de ampliar las cifras y demostrar que el Gobierno está diciendo mentiras y que hundió el proyecto porque nunca fue de sus afectos y porque para el Ejecutivo siguen siendo más importantes los victimarios que las víctimas.


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