Castigan a 11 funcionarios por colaborar con paras

En fallo de primera instancia, el órgano de control señaló que con esta conducta se afectó de forma directa e inequívoca la finalidad misma de la Función Pública

Al encontrarlos disciplinariamente responsables de colaboración con las Autodefensas Campesinas de Casanare, cuando estuvieron adscritos al departamento de Boyacá para los años 2002, 2003 y 2004, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años a 8 miembros de la Policía, 2 del Ejército y un técnico judicial de la Fiscalía.

De acuerdo con la información del Ministerio Público, las pruebas permitieron concluir que los siguientes servidores prestaron, a cambio de remuneración en dinero, colaboración a los paramilitares comandados por Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos: el sargento Jorge Eliécer Rodríguez, el subcomisario Rubén Darío Vargas, los agentes Hernando Acevedo y Roso Carreño, los subintendentes Armando Albarracín, Luís Hernando Alfaro, Gerson Ardila y Jorge Eliécer Bedoya, de la Policía Nacional; los agentes del inteligencia Edilberto Fonseca y Luís Eberto Díaz, del Ejército Nacional; y el técnico judicial Rodrigo Alfonso Caro, de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la investigación, los disciplinables, a cambio de remuneración en dinero, suministraron y ocultaron información que coadyuvó para la comisión de hechos delictivos, como muertes selectivas contra indigentes, drogadictos y delincuentes, ajustes de cuentas, extorsiones entre otros, en jurisdicción de los municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama y Paipa en el departamento de Boyacá.

Para el Ministerio Público, una vez valorado el material probatorio aportado al proceso, se pudo llegar a la certeza legal y objetiva sobre la existencia del ilícito disciplinario.

En el fallo de primera instancia, el órgano de control señaló que con esta conducta se afectó de forma directa e inequívoca la finalidad misma de la Función Pública en cabeza la Policía Nacional, Ejército Nacional y Fiscalía General de la Nación, “porque bajo ningún aspecto puede permitirse que las Entidades Públicas legalmente constituidas por el Estado para cumplir con sus fines, acudan a vías de hecho para el logro de sus propósitos”.