viernes, 10 de julio de 2009

En 113 días CPI conocerá crímenes de guerra en país


Desde ahora ese tribunal “tiene su vista en Colombia, frente a algunos indicios de los que tiene conocimiento”, advirtió Jimmy Chamorro

DELITOS COMETIDOS con fines militares en Colombia, como el secuestro, la tortura, el ataque contra iglesias, los saqueos, el uso de armas no convencionales, la violación, la esclavitud sexual o el reclutamientos de niños, entre muchos otros, comenzarán a ser conocidos por la Corte Penal Internacional (CPI) dentro de 113 días.

El primero de noviembre terminan los siete años que invocó el Gobierno colombiano para que la CPI no tuviera jurisdicción sobre los crímenes de guerra cometidos en el país; el 5 de agosto de 2002 Colombia acudió a la salvedad consagrada en el artículo 124 del Estatuto de Roma.

“Colombia, cuando ratificó el Estatuto, lo hizo de tal forma que puso una declaración, que la hemos llamado internamente salvamento, para que la CPI no tuviera vigencia sobre los crímenes de guerra que eventualmente se cometan en Colombia”, nos explicó el ex senador Jimmy Chamorro, ponente de la ley que convirtió el Estatuto en norma vigente en territorio colombiano.

“Eso quiere decir que la CPI entró en vigencia para Colombia el primero de noviembre del año 2002, frente a todo lo que concierne a los crímenes de lesa humanidad y los crímenes involucrados con genocidio, mas no los crímenes de guerra”, aclaró Chamorro.
El plazo fijado es “improrrogable”, añadió el ex congresista.

Dentro de las infracciones que estaban sujetos a la salvedad no cuentan las ejecuciones extrajudiciales, llamadas falsos positivos, por cuanto se trata de una conducta calificada dentro de los delitos de lesa humanidad que, por lo tanto, ya están “cobijados” por la CPI, precisó el abogado José Ramiro Orjuela, asesor del Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales del Comité Permanente de Derechos Humanos.

La CPI se ocupará de los crímenes de guerra “ocurridos de ahí en adelante”, agregó Orjuela.

Colombia en la mira

Desde ahora, faltando 113 días para la entrada en plena vigencia de la jurisdicción de la CPI sobre los crímenes de guerra cometidos en el país, ya ese tribunal, “a través del fiscal Moreno-Ocampo, tiene su vista en Colombia, frente a algunos indicios de los que tiene conocimiento”, advirtió Chamorro.

“Ya sabemos que hay varios requerimientos que ha hecho el fiscal Moreno-Ocampo (…). Conozco de algunos de ellos que han llegado al gobierno por medio de la embajada nuestra en los Países Bajos y por intermedio de la Cancillería, frente al tema del secuestro, frente al tema de algunos crímenes de guerra”, indicó.

La CPI podría “comenzar a investigar crímenes de guerra si la justicia colombiana no lo hace; crímenes de guerra, ¿como cuáles? el reclutamiento de menores de edad, por ejemplo”. Si los grupos armados colombianos, “a partir del primero de noviembre siguen reclutando menores y si la justicia colombiana no los procesa, no los investiga y no los condena”, entonces el tribunal entrará a perseguirlos, concretó Chamorro.

Moreno-Ocampo

La CPI es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas que han cometido crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad.

Luis Moreno-Ocampo, fiscal de la CPI, ha estado varias veces en Colombia preguntando sobre las garantías de reparación a las víctimas de los paramilitares, sobre si los extraditados a Estados Unidos serán sometidos a un juicio acorde con los crímenes cometidos, y sobre cuál es el estado de las causas de los congresistas y ex funcionarios implicados en la parapolítica.

Pero Moreno-Ocampo tiene otras inquietudes: “En cualquier país, si se probara que una guerrilla produjo ataques masivos y sistemáticos contra la población civil, estamos ante crímenes de lesa humanidad”, afirmó en alguna oportunidad en referencia a que las Farc “pueden ser susceptibles de una investigación” en la CPI.

Un subalterno suyo, Paul Seils, jefe de análisis de situaciones de la fiscalía de la CPI, dijo en otra oportunidad que la oficina de Moreno-Ocampo lleva más de cuatro años analizando la situación colombiana: “Estamos analizando en Colombia si las investigaciones y procesos penales que están llevando a cabo pueden ser considerados reales, es decir si son genuinos, y seriamente tienen la voluntad y la capacidad de llevar a los responsables a la justicia”.

Para claridad de sus preocupaciones, basta con ver que en sus visitas a Colombia, Moreno-Ocampo les ha pedido a fiscales y jueces colombianos que abran procesos por crímenes masivos ocurridos en el país, con la identificación de sus máximos responsables como primera tarea: “Tenemos un máximo número de crímenes y una cantidad masiva de criminales”.

El fiscal de la CPI ha explicado que si bien es difícil hallar un “estándar jurídico” para investigar crímenes masivos, se sabe por experiencias de algunos tribunales, como el de Nuremberg, el de Ruanda o el de la antigua Yugoslavia, que lo primero es identificar a los máximos responsables: “La prioridad debe ser establecer los acusados. Ese debe ser el eje central” al abrir procesos por crímenes de lesa humanidad, y para ello “hay que empezar por indagar cuáles han sido los incidentes más graves”.

En Colombia, indicó, hay casos de masacres en que “se mezclan los grupos, y ése es el papel de la Fiscalía, establecer a los responsables” y llevarlos a juicio.

“El mundo no acepta más impunidad para estos crímenes, y Colombia deber ser ejemplo”, señaló al referirse a la aplicación de la ley de Justicia y Paz, marco legal para la desmovilización de paramilitares.


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