A 31 se elevó el número de militares procesados por ejecuciones extrajudiciales que han quedado en libertad por vencimiento de términos.Ayer el juez segundo de Soacha otorgó la libertad provisional a otros siete uniformados investigados por los llamados falsos positivos.
El juez Fernando Sarmiento, de la localidad de Soacha, vecina de Bogotá y donde se sigue el caso más emblemático de los llamados falsos positivos, consideró que su decisión se ajusta a la Ley y “no aduce impunidad”.
La decisión de otorgar la libertad a un teniente coronel, un cabo y cinco soldados responde a los mismos motivos por los que se actuó de igual forma con otros 24 militares, de los cuales seis de ellos recobraron su libertad el martes, otros 17 a principios de enero y uno más en diciembre pasado.
Los jueces que han ido tomando estas decisiones, entre ellos Sarmiento, establecieron que se habían superado los 90 días previstos en la Ley para que la Fiscalía llamara a los militares a juicio en una vista oral.
“Si en este momento se están dando los presupuestos legales suficientes para otorgarles la libertad por vencimiento de término no podemos ser testarudos en ese sentido”, manifestó el Juez.
Agregó que “la decisión que se está tomando en este momento es una connotación objetiva, que es sólo vencimiento de términos, y no admite otro tipo de consideraciones”. Así mismo, pidió a los familiares de las víctimas “comprensión” y dijo que éstas sólo podrán aducir impunidad cuando haya una sentencia.
Los favorecidos con la decisión son el teniente coronel Gabriel Rincón Habad, a un cabo y cinco soldados profesionales investigados por desaparición forzada y homicidio agravado de Julio César Mesa y Jonathan Soto.
Pese a esta orden de libertad el juez Fernando Sarmiento ordenó poner a disposición de la Fiscalía al Coronel Gabriel Rincón Amado y al soldado Medardo Ríos, contra quienes pesa otra media de aseguramiento proferida por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en otro caso de falsos positivos cometido en norte de Santander.
Los indignados familiares de las víctimas anunciaron que acudirán a la Corte Penal Internacional.
Así mismo, los restantes uniformados, por orden del ministro de Defensa, Gabriel Silva, y el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, deben presentarse a una guarnición en Bogotá, donde quedarán “concentrados”.
Sin embargo, el procurador Alejandro Ordóñez, calificó de “escándalo internacional” estos hechos y responsabilizó al Consejo Superior de la Judicatura de demorarse cuatro meses en determinar dónde serían juzgados los militares.
“Esto es un escándalo para nuestras instituciones, para la credibilidad internacional y ello implica una debilidad de nuestras instituciones y para la administración de justicia”, señaló.
“Esos crímenes se cometieron con la complacencia de muy arriba, esta política de Seguridad Democrática ha acudido a la criminalidad”, señaló.
“Hay que tomar decisiones para devolverle la credibilidad institucional a la Judicatura (...), es necesario reflexionar en aspectos lacerantes para la Justicia”, insistió el procurador.
La activista Lilia Solano, directora del Proyecto Justicia y Vida, una Organización No Gubernamental que acompaña a las víctimas de Soacha, anunció que, ante la impunidad planteada por la justicia colombiana, llevarán el caso ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Solano consideró “absolutamente aberrante lo que está pasando”, y pidió apoyo a la comunidad internacional para evitar la impunidad.
La Fiscalía ha contabilizado 1.800 víctimas de los falsos positivos, que responden a una política de incentivos en el seno de las Fuerzas Militares por la que los mandos que presentan bajas de guerrilleros se benefician de permisos o ascensos.
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