El defensor del Pueblo propone que se vuelva al sistema antiguo y cuando haya más de un procesado se dupliquen los plazos.AL TIEMPO que el rechazo y la preocupación por la decisión de los jueces que están concediendo la libertad a procesados por casos como el de los falsos positivos crecen, el fiscal general encargado, Guillermo Mendoza Diago, dijo que se está en presencia de una de las “manifestaciones de impunidad”.
“Aún cuando el proceso siga y haya la posibilidad de recapturar a esas personas más adelante, la libertad por vencimiento de términos es una de las manifestaciones de la impunidad porque la sociedad se pone en peligro”, indicó Mendoza Diago.
“Imagínese si se hace un esfuerzo para judicializar esos casos y además se captura, las personas concurren a la justicia en su calidad de procesados, se acogen a las normas, se entregan en unos casos y luego encontramos que todo eso resulta inútil que es un desgaste completamente irrecuperable y se producen esos resultados pues claro que tienen que preocuparnos”, manifestó.
El Fiscal General de la Nación consideró que el juez que dejó en libertad a los 17 militares presuntamente involucrados en los casos de falsos positivos de Soacha, tenía argumentos que le hubieran podido permitir no conceder ese beneficio a los procesados.
Ya con anterioridad, un mayor del Ejército había recuperado la libertad, también por vencimiento de términos.
Por último, el Fiscal indicó que siempre que se otorgan libertades por vencimiento de términos se inician investigaciones en lo disciplinario y en lo penal, pero ello no quiere decir que se esté condenando a alguien, agregó.
La liberación de 17 militares fue criticada por un representante de Naciones Unidas, a la vez que era rechazada por familiares de las víctimas y voceros castrenses.
El representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar Wolkmann, se declaró “extremadamente preocupado por el impacto y las repercusiones” que la decisión tendrá sobre el resto de casos de ejecuciones extrajudiciales que se investigan “así como en las madres de las víctimas y los testigos”.
“El Estado colombiano tiene la obligación de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, lo cual exige asegurar plenas condiciones de oportunidad, celeridad, eficacia, imparcialidad e independencia”, señaló el representante de la ONU en un comunicado.
Por su parte, el ministro de la Defensa, Gabriel Silva, y el comandante general de las Fuerzas Militares, Freddy Padilla, también expresaron inquietud por las liberaciones de los efectivos y pidieron esclarecer los hechos y castigar a los responsables.
“El ministerio de la Defensa y las Fuerzas Militares exhortan a los entes investigadores y a las autoridades judiciales a adelantar con celeridad los procesos y determinar las responsabilidades correspondientes en estos casos”, expresaron en un comunicado.
Por su parte, el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, propuso retomar el mecanismo del sistema procesal anterior y duplicar los términos judiciales, cuando haya más de un procesado por graves violaciones a los derechos humanos, en particular por delitos de lesa humanidad.
“Uno no entiende cómo sobre un caso en el que está puesta la atención de la opinión nacional y de la comunidad internacional y que ha suscitado tanto interés, los procesados por estos hechos puedan quedar en libertad por vencimiento de los términos.
judiciales. Ello no debería suceder en ningún caso, pero es mucho más preocupante
cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos”, señaló Pérez.
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