“Desmovilización de bandas criminales no es posible”

Monseñor Julio César Vidal dice que la única forma de acabar con la violencia es a través del diálogo y que los grupos armados deben hacerlo con el Ejecutivo.

LA DESMOVILIZACIÓN de los integrantes de las llamadas bandas emergentes al servicio del narcotráfico, también conocidas como Bacrim, fue descartada de plano por el Gobierno nacional, que argumentó que el único camino que les queda es el sometimiento a la justicia penal.

La polémica se desató luego de conocerse que en Medellín un grupo de personas de la sociedad civil sirvió de intermediara para que dos de los grupos más violentos firmaran un pacto de no agresión, con el fin de bajar la criminalidad, luego de que se conociera que el año pasado se produjeron más de 600 homicidios y que en lo que va corrido de 2010 van más de 40.

Así mismo, luego de que los obispos de la Iglesia Católica anunciaron que adelantarían contactos para la desmovilización de las bandas de Los Paisas y Los Rastrojos, en el departamento de Córdoba y oteros grupos en el departamento de Norte de Santander.

Ayer, el presidente Álvaro Uribe y el comisionado de Paz, Frank Pearl, salieron al paso de estas informaciones, en algunos casos de manera contradictoria, pero al final con el objetivo de hacer presiones.

Pearl informó que no se renovará la autorización que tenía la comisión de la sociedad civil en Medellín para adelantar labores de “reconciliación nacional”.

El funcionario aseguró que “con muy buena intención de los miembros de la comisión de la sociedad civil en un momento dado posiblemente perdieron el norte; el norte que es el sometimiento a la justicia de esas personas”, pese a que un día antes había dicho que no existía ninguna autorización para tal fin.

La comisión de la sociedad civil que había sido autorizada por el gobierno “en beneficio de la reconciliación nacional” fue la que consiguió un pacto de no agresión entre bandas delincuenciales de Medellín.

En un comunicado, el Comisionado para la Paz, reconoció que el 12 de noviembre de 2009, autorizó a Jorge Gaviria, Jorge Ignacio Castaño, Jaime Jaramillo Panesso, Francisco Galán y a Monseñor Alberto Giraldo, para que adelantaran actividades en beneficio de la reconciliación nacional.

Y más adelante aclaró que en ningún momento estas autorizaciones pueden orientarse a resultados distintos a las del sometimiento a la justicia, como requisito sine qua non para cualquier acercamiento. E insistió en que no podrán desmovilizarse, como lo hicieron los paramilitares.

A su vez, el presidente Uribe que los integrantes de las Bacrim que lleguen a acuerdos para adelantar treguas no se beneficiarán de la Ley de Justicia y Paz, sino que tendrán que someterse a la Justicia. “Nosotros tenemos que derrotar esas bandas criminales”, señaló. Agregó que “el fin no puede ser sino uno: que esos señores se entreguen a la justicia; no hay más camino”.

Dijo que “nosotros no aceptamos pactos. Esas bandas hay que derrotarlas”.

“Ahora, a mí preguntó el Obispo de Montería (Monseñor Julio César Vidal), me dijo: ‘Mire, Presidente, yo puedo dialogar con ellos, quiero hacerlo, pero necesito su permiso’. Le dije: ‘Monseñor, como se lo había dicho públicamente hace días en Montería, si la Iglesia va a hacer eso, que lo haga. Pero el fin no puede ser sino uno: que esos señores se entreguen a la justicia; no hay más camino’.

Nosotros tenemos que derrotar esas bandas criminales, porque eso es un factor de asesinato de nuestros compatriotas”.

Por su parte, monseñor Julio César Vidal dijo que la Iglesia siempre está dispuesta a trabajar en la búsqueda de la paz y que su misión es acercar a las partes. “Los señores de las bandas emergentes necesitan hablar con alguien y ese alguien es el Gobierno, que es con el que puede negociar”.