El alto Comisionado para la Paz, Frank Pearl, insistió en que el Gobierno “no le va a dar estatus político al narcotráfico”, en alusión al aval que finalizó el pasado viernes por el que miembros de la sociedad civil y de la Iglesia podían dialogar con las bandas emergentes.En una entrevista publicada en el diario El Tiempo, Pearl dijo que el Gobierno “nunca se montó en la posibilidad de participar, tramitar o avalar pactos entre bandas criminales” porque tiene la convicción de que “el único camino es el sometimiento a la justicia”.
En las pasadas semanas, una comisión de Medellín planteó una tregua entre grupos de la “Oficina de Envigado”, la temible red de sicarios creada en la década de los ochenta por el capo Pablo Escobar, y también se acercaron posiciones entre las nuevas bandas integradas por narcotraficantes, ex paramilitares y desmovilizados.
El Alto Comisionado señaló que “el propósito de la comisión nunca fueron esos pactos” y que aunque su líder, Jaime Jaramillo, argumentara que hay que generar confianza, el Gobierno “tiene una posición diferente y decide decir: o sometimiento o nada”.
También algunos obispos iniciaron acercamientos con los miembros de las bandas que operaban en su territorio, gracias al aval que el Gobierno dio a la Iglesia y a la sociedad civil para conseguir que los delincuentes se sometieran a la justicia.
Dicho permiso, que se dio el 12 de noviembre, tuvo una vigencia de tres meses que finalizó el pasado viernes 12 de febrero.
La concesión de estos permisos son parte de “una caja de herramientas que las sociedades tenemos para prevenir y combatir la delincuencia”, consideró Pearl.
Explicó que entre las herramientas hay instrumentos de seguridad de los que se encarga la Policía, de justicia, de juntas (comisiones) y de inversión social.
“Cuando vemos una oportunidad de que alguien tienda un puente para que un delincuente se someta a la justicia y colabore lo acogemos porque es otra de las herramientas”, precisó.
Sin embargo, una vez terminado el permiso gubernamental para los diálogos, tanto Jaramillo como los obispos declararon que no precisaban de autorización para desarrollar esta labor en su zona de influencia.
En este sentido, el secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Juan Vicente Córdoba, aseguró en Caracol Radio que la Iglesia y el Gobierno por fin quedaron “alineados”.
“El Gobierno nos dio permiso para tener diálogos pastorales con los grupos emergentes y las bandas violentas pero para ayudarlos al sometimiento de la justicia”, concretó y agregó que lo que no pueden hacer los obispos son “diálogos de paz en paralelo a las autoridades”.
Monseñor Córdoba explicó que los integrantes de las bandas podrán ir a hablar con los obispos y a estos se pondrán en contacto con Pearl y las autoridades para que los delincuentes arrepentidos se acojan a la justicia.
“Nosotros somos garantes más que mediadores. Como garantes les entregamos a las autoridades y nos quedamos como vigilantes para que sean protegidos”, detalló.
Pearl aseguró que “no hay autorización a nadie para que haga diálogos, desmovilizaciones; no la hay ni la habrá para que pase el mensaje de que alguien puede someterse a la Ley de Justicia y Paz, porque esa lista está cerrada”.
La Ley de Justicia y Paz es el marco jurídico por medio del cual el Estado otorga beneficios a los desmovilizados de la guerrilla y los paramilitares.
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