Regaño por demora en juicios por falsos positivos

LA DEMORA en los juicios que se adelantan contra militares involucrados en los llamados falsos positivos, llevó a la delegada de la Procuraduría a llamar la atención al juez y a los abogados defensores.

El hecho se registró ayer, luego de que por cuarta vez en menos de seis meses, fue aplazado el comienzo del juicio contra un coronel y otros siete militares presuntamente involucrados en la desaparición y posterior asesinato de dos jóvenes de Soacha.

En esta oportunidad no pudo comenzar la audiencia de juzgamiento en contra del coronel Gabriel Rincón Amado y otros siete militares, investigados por el homicidio de Julio César Meza y Jonathan Orlando Soto, porque uno de los defensores de los acusados dijo ante el juez que tenía prevista una diligencia en el Tribunal Superior de Bogotá y otra abogada se excusó y dijo que no podía asistir a la audiencia en la tarde de ayer, por problemas domésticos.

Por ello, la Procuradora Delegada para este caso le pidió al juez especializado de Cundinamarca que adelante el juicio, que solicite a los abogados de los militares que utilicen mecanismos legales previstos como los abogados suplentes para evitar que se siga tardando el comienzo del juicio.

En la misma audiencia, el fiscal Álvaro José Galindo, quien es el encargado de adelantar el caso en contra de los ocho militares, denunció que el abogado de los familiares de las víctimas, Juan Carlos Bernal, no asistió a la audiencia por amenazas contra su vida.

Al mismo tiempo que en Soacha se aplazaba la audiencia, el presidente Álvaro Uribe se reunía con las madres de víctimas, en la Casa de Nariño.

“Hemos tenido una reunión con las madres de Soacha. Primero, ellas han exigido -y tienen toda la razón-, que esto se tiene es que esclarecer, que tiene que imponerse la verdad”, dijo el mandatario.

Explicó que algunas han protestado por el hecho de que integrantes de la Fuerza Pública hayan recibido el beneficio de la libertad provisional por vencimiento de términos. “El Gobierno ha repetido: primero, no hemos permitido que se dispersen; están en una unidad militar para que no haya impunidad y segundo, el Gobierno no participa, respetando la justicia, de que en estos casos haya libertad por vencimiento de términos. Aquí, por el honor de las Fuerzas Armadas, por el respeto a las víctimas, por la confianza de la comunidad colombiana, se requiere que cuando haya pruebas se acuse y se condene y que cuando no haya pruebas se absuelva. Hemos repetido estos temas”.

Anunció que en los próximos días habrá una evaluación del Programa de Acción Social de la Presidencia de la República para examinar la situación de estas familias y aproximarse, apoyarlas con la figura de ciudadanos altamente vulnerables.

“También, para efectos de la protección de estas familias, el Ministerio de Defensa ha asumido toda la responsabilidad de estudiar cualquier queja de amenaza a estas familias”.

“Finalmente, es bien importante, para que la seguridad sea una política que permita recuperar la tranquilidad de los colombianos, la seguridad tiene que ser eficaz y transparente. Por eso, con todo el apoyo, con todo el que he dado, con todo el afecto que he tenido por los soldados y policías de la Patria, recuerdo que nuestro deber es proceder con toda la energía para la eficacia y con toda la transparencia para no afectar esta política”, dijo.