El ministro de Defensa, Gabriel Silva, dijo que no está confirmado que el atentado fuera contra integrantes de la Corte Suprema.PESE A que no está confirmado que los dos hombres capturados ayer fueran a atentar contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, todas las alarmas se prendieron en torno las amenazas que se han vuelto recurrentes en torno a los magistrados de esta Corporación y otros miembros de la rama judicial.
Ayer, el fiscal General encargado, Guillermo Mendoza Diago, se reunió con los miembros del Alto Tribunal y les puso en conocimiento informaciones según las cuales se estarían fraguando ataques, por lo que les ofreció garantías para que continúen adelantando su trabajo. Lo mismo hicieron el ministro del Interior, Fabio Valencia y el propio presidente Álvaro Uribe.
Sin embargo, el ministro de Defensa, Gabriel Silva, dijo que “no tenemos evidencia de un atentado contra los magistrados pero preventivamente hemos tomado las decisiones para evitar acciones violentas”.
Sin embargo, unas interceptaciones telefónicas develarían que se planeaba un ataque contra Jorge Luis Quintero, Javier Zapata y el ex presidente de la Corporación, Augusto Ibáñez.
El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general César Augusto Pinzón, informó que en la madrugada de ayer fueron capturados dos sospechosos en inmediaciones de las residencias de dos magistrados de la Sala Penal de la Corte.
El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, por su parte, condenó en un comunicado de prensa “de la manera más enérgica todo tipo de amenaza o atentado contra los miembros de la rama judicial, y especialmente contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.
En tanto, el Fiscal General de la Nación encargado, Guillermo Mendoza, se reunió con los magistrados para tratar “el asunto de las amenazas”.
La Fiscalía descubrió el supuesto plan, cuyos detalles y autores serían paramilitares aliados con narcotraficantes.
Algunas fuentes oficiales dijeron que en las amenazas podrían estar vinculados los prófugos de la cárcel La Picota de Bogota, alias Carecuchillo y alias Tribilín.
Según algunas versiones, en el plan terrorista, descubierto por la interceptación de llamadas telefónicas, estarían vinculados sicarios procedentes de Córdoba.
“Esos HP nos quieren joder.... jodámoslos primero nosotros”, dice una de las interceptaciones realizadas por las autoridades.
A la lista de magistrados amenazados se suman la juez tercera especializada Estella Jara, quien lleva el proceso por los hechos del Palacio de Justicia y ha tomado decisiones en contra del cartel de norte del Valle.
Según las denuncias, los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema venían siendo objeto de seguimientos, interceptaciones telefónicas y ubicación de sus residencias.
No obstante, fuentes insistieron en que los dos hombres vigilaban a un comerciante y que el atentado estaría dirigido a él.
“Ante la comunidad nacional e internacional deben responder las autoridades encargadas de nuestra seguridad y la de nuestras familias; responsabilidad que se extiende a la propia vigencia de la democracia, pues los hechos conocidos atentan contra la integridad y existencia de uno de los poderes constituidos, con lo cual minan el Estado de Derecho”, dijo en un comunicado la presidenta encargada del alto Tribunal, magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón.
“Exigimos vehementemente – añadió la alta Corte - que cesen todos los embates contra el actuar de la Corte, pues cualquiera que sea la forma en que se haga, desde el agravio y el linchamiento moral, hasta el atentado personal, socavan la democracia y alientan la intervención de Tribunales internacionales.
A su vez, Los trabajadores de la rama judicial lanzan una voz de alerta y aseguran que su oficio no cuenta con garantías de seguridad y la protección es mínima.
Fabio Hernández, vocero de Asonal Judicial, explicó que muchos son objetivo de las bandas de delincuentes lo que puede conducir a nuevos crímenes.
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