Desangre de $132 mil millones al erario por embargos ilegales

La oleada de embargos irregulares que sucesivamente promueven abogados inescrupulosos con la anuencia de algunos jueces, le está provocando un desangre al fisco nacional de 132 mil millones de pesos durante el último año.

Así lo señaló el director de la oficina Anticorrupción de la Presidencia Oscar Ortiz González, quien hizo un llamado a los organismos de control y a la Fiscalía General para que tomen correctivos que permitan detener esta práctica que le está costando al Estado sumas millonarias que debían emplearse en proyectos de interés social.

Ortiz González advirtió que “si no se toman los correctivos urgentes la Nación podría perder otros 1.250 millones de pesos, que están pendientes de pagar si prosperan las actuaciones judiciales”.
Los embargos irregulares, según la Oficina Anticorrupción, presentan dos variables: la primera ataca a entidades del Estado en liquidación (Patrimonio Autónomo de Remanente de Telecom –PAR-, y Cajanal en Liquidación), y la segunda en municipios, mediante decisiones judiciales que decretan embargos a recursos inembargables.

Indica el funcionario que “aunque el modus operandi no es idéntico, sí se identifican elementos comunes: se valen de actuaciones irregulares judiciales que son promovidas por abogados que actúan como apoderados de grupos numerosos de ex trabajadores de empresas estatales extintas o ex profesores”.

Las denuncias

Precisamente a comienzos de esta semana, el Zar Anticorrupción había denunciado que en el Patrimonio Autónomo de Remanente de Telecom –PAR-, mediante incidentes de desacato a fallos fraudulentos de tutela, están presionando el pago a ex trabajadores de pensiones e indemnizaciones a las que no tenían derecho o se habían cancelado. Estas actuaciones involucran más de 100 mil millones de pesos.

Ayer, el alto directivo encargado de vigilar que los recursos del Estado sean utilizados con transparencia, volvió a activar las alertas en Cajanal EICE en Liquidación, luego de conocer que un juez decretó el embargo de 21 mil millones de pesos para pagarles pensiones gracia a 94 demandantes.

Se trata del juez Segundo Civil del Circuito de Magangué Ardenys Payares Pérez, quien decidió el embargo con base en un fallo emitido en diciembre de 2009 por la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura. En esa sentencia, se ordenaba al Juez Payares darle cumplimiento al fallo de tutela que emitió en diciembre de 2006, y que amparaba los derechos de los accionantes y se reconocía la pensión gracia.

El 5 de mayo pasado el juez Payares decretó el auto de embargo, aunque precisaba que la medida cautelar quedaba supeditada o condicionada a la decisión que en revisión pudiera tomar la Corte Constitucional sobre la sentencia del Consejo Superior de la Judicatura. Esto, de acuerdo con el Zar, es absurdo e ilegal.

De acuerdo con lo indicado por Ortiz González, esta medida “fue ilegal porque el juez de Magangué violó normas que disponen que esos recursos no se pueden embargar. Absurdo, y también ilegal, porque no cabe en la cabeza que un juez condicione la eficacia de un fallo de tutela a una revisión de la Corte Constitucional, mucho más cuando la probabilidad de que ello ocurra es de una entre mil, ya que de las 300 mil tutelas que se fallan al año en Colombia, la Corte Constitucional selecciona 300 aproximadamente”.

Además –según la Oficina Anticorrupción-, resulta contradictoria la actuación del Juez Payares pues “el mismo día en que profirió el auto (5 de marzo de 2010) también comunicó y ordenó al banco BBVA consignar los 21 mil millones de pesos al apoderado de los 94 accionantes”.

La modalidad de embargos irregulares también la detectó el Zar Anticorrupción en los municipios de Novita, Medio San Juan y Tadó, en el Chocó, en que algunos ex profesores reclaman derechos laborales y pensionales, y mediante decisiones judiciales irregulares (fallos de tutela y procesos ejecutivos en contra de la nación) logran embargos de recursos que también son inembargables. Por estas actuaciones se perdieron 7 mil millones de pesos.

De acuerdo con las indagaciones realizadas por el Programa Presidencial en el caso de Chocó, se evidencian anomalías como la omisión de etapas en los procesos ejecutivos y el reconocimiento de deudas municipales en documentos que no tienen tal calidad.

Ortiz González puso en conocimiento de las autoridades competentes los hechos denunciados. Además, le pidió al Consejo Superior de la Judicatura ejercer vigilancia judicial administrativa dentro del trámite que lleva el Juez de Magangué e iniciar las investigaciones a que hubiere lugar. El Zar también le solicitó al juez en mención que revoque el auto por medio del cual ordenó el embargo de los recursos de Cajanal y a la Fiscalía que inicie investigación penal.