Posible desfalco en Telecom superaría los $100 mil millones

Buscando el pago de pensiones anticipadas ilegalmente o ser reconocidos con el fuero sindical al que no tienen derecho, ex trabajadores de Telecom han interpuesto tutelas que de ser pagadas podrían superar los 100 mil millones de pesos, denunció el zar Anticorrupción Óscar Ortiz González, quien dijo que “el apetito de los corruptos parece no saciarse. Primero, a punta de tutelas fraudulentas cobraron pensiones e indemnizaciones a las que no se tenía derecho o se habían cancelado. Ahora recurren a los incidentes de desacato para presionar pagos no realizados”.

Este caso, que ya fue denunciado por el Gobierno, tomó ayer nuevas dimensiones ante el pronunciamiento de Ortiz González, ya que están en juego recursos por más de 100 mil millones de pesos, además de la nueva modalidad usada para obtener los pagos y la compleja y sofisticada organización delictiva que está detrás de este desfalco.

Según la oficina del Zar Anticorrupción, esta denuncia se relaciona con acciones de tutela, 50 aproximadamente, promovidas desde marzo del año pasado por ex trabajadores de Telecom para que sean incluidos en el plan de pensión anticipada o en el retén social sin contar con los requisitos exigidos, o se les reconozca fuero sindical, pese a que la entidad los indemnizó y en muchos casos les adelantó el proceso por esa prerrogativa sindical.

Esta modalidad fraudulenta comenzó a detectarse en Córdoba, pero luego se extendió a Bolívar, Sucre y Antioquia. De acuerdo a la Oficina Anticorrupción, “una sola tutela puede tener 97 accionantes y el promedio de lo que reclama cada uno de ellos es de 500 millones de pesos”.

Ortiz González reiteró que la información recopilada por el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción permite precisar que algunos juzgados continuaron autorizando pagos exagerados e ilegales a través de tutelas, sin tener en cuenta que la Corte Constitucional, en Sentencia T-538 de 2009, sentó una jurisprudencia y determinó que esos embargos que pretendían asegurar los pagos, eran improcedentes.

El patrimonio

El Zar detectó que ante el agotamiento de recursos del Patrimonio Autónomo de Remanente de Telecom –PAR-, creado para atender posibles condenas judiciales, los ex trabajadores y sus abogados buscan que jueces, con ocasión de supuestos desacatos a decisiones de tutela fraudulentas, ordenen sanciones y arrestos para forzar los pagos.

Es por ello que el Zar Anticorrupción les solicitó a los jueces Primero y Segundo Promiscuo Municipal de Lorica y al Juez Promiscuo del Circuito de Familia del mismo municipio, que suspendan los trámites incidentales de desacato, pues pueden incurrir en prevaricato por acción, concierto para delinquir y fraude procesal, teniendo en cuenta las sentencias T-538 de 2009 y T-551 de 2009.

En la primera decisión, la Corte, al revisar fallos de tutela proferidos por Juzgados de Montería sobre este caso, estableció que era improcedente el amparo transitorio de derechos y, en tal sentido, también lo eran los embargos y los pagos ordenados contra los recursos del PAR.

La Corte también precisó que las tutelas revisadas fueron extemporáneas, pues los peticionarios dejaron pasar más de dos años para acudir ante el juez. Además, no quedó demostrado que el derecho al mínimo vital se encontraba vulnerado y los accionantes no acudieron ante la justicia laboral ordinaria y no aportaron pruebas para demostrar que la vía judicial ordinaria era ineficiente para la protección de los derechos alegados.

En esa sentencia también fue definido que mediante los fallos de tutela fueron ordenados pagos con base en liquidaciones presentadas por los accionantes, las cuales incluyeron conceptos que no corresponden o fueron sobrestimados.

Teniendo en cuenta que los incidentes de desacato que conocen los Juzgados de Lorica involucran a grupos de ex trabajadores de Telecom, el Zar también les solicitó a los jueces revisar si ya les pagaron los conceptos que reclaman, de modo que eviten dobles pagos.

El análisis realizado por la Oficina Anticorrupción, evidencia irregularidades en las tutelas interpuestas y falladas en varias regiones del país.

Según la misma queja, abogados que actúan como apoderados de varios accionantes buscan Juzgados que saben que están fallando de manera ilegal. Y señala la Oficina que “hay jueces que desconocen las normas de competencia territorial. Por ejemplo, un Juzgado de Sucre, en Sucre, conoce tutelas interpuestas por ex trabajadores del Cauca y San Andrés. Hay tres reclamaciones principales: Plan de Pensión Anticipada, fuero sindical y retén social. En lugar de que los reclamos se realicen en un solo Juzgado, interponen acciones paralelas para cada uno de los supuestos reclamos ilegítimos”.

El Zar también le solicitó a la Fiscalía General de la Nación información sobre las investigaciones ordenadas por la Corte Constitucional en la sentencia T-538 de 2009 contra los servidores públicos.