Álvaro Araujo investigado por delitos de lesa humanidad

UNA INVESTIGACIÓN preliminar le abrió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al ex senador Álvaro Araújo Castro por la posible comisión de delitos de lesa humanidad.

El alto tribunal indagará si el ex congresista hizo parte del aparato de guerra del grupo armado ilegal comandado por el extraditado jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, y así hacerlo partícipe del castigo que los irregulares merezcan por los delitos cometidos en contra de la población civil.

Araújo fue condenado el 18 de marzo pasado a nueve años de cárcel por el delito de concierto para delinquir agravado por promover grupos paramilitares, la condena más alta que ha recibido un parapolítico hasta el momento. Una vez proferida la condena, la Sala Penal compulsó copias para que se le investigara por delitos de lesa humanidad.

El presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, explicó cómo fue el procedimiento para abrir la investigación previa.

“Cuando salió la condena, se ordenó compulsar unas copias con éste propósito, porque allí se vislumbra unas posibles conductas por delitos de lesa humanidad que la Corte tendrá que investigarlas y es apenas el inicio de una investigación”, le dijo el presidente del máximo tribunal de la justicia penal ordinaria a La FM.

Según el fallo de la alta Corte, el ex congresista, hermano de la ex canciller Consuelo Araújo, tuvo vínculos con alias Jorge 40, lo que lo benefició electoralmente para llegar al Congreso en el período 2002 – 2006, con el aval del movimiento Alas.

Proceso penal

El expediente de Araújo había sido devuelto a la Corte a finales del año anterior, junto con otros procesos, como el de los ex congresistas Álvaro García, quien ya fue condenado, Mario Uribe y Luis Fernando Almario, entre otros.

La Sala de Casación Penal le abrió investigación preliminar Araujo Castro a finales del 2006, después que el ex jefe de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Rafael García, asegurara que el investigado había recibido financiación para sus campañas políticas de manos de integrantes del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En diciembre de 2006, la Sala Penal lo llamó a indagatoria para que respondiera ante los señalamientos de García; el 15 de febrero del 2007 ordenó su captura y la de otros cinco congresistas, por sus presuntos vínculos con los paramilitares.

El senador Araújo renunció a su investidura de congresista el 27 de marzo de 2007 y su caso fue asumido por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
La audiencia pública de juzgamiento se llevó a cabo en un Juzgado Especializado de Bogotá, y en octubre de 2009, cuando el juez del caso se aprestaba a dictar sentencia, el caso fue devuelto a la Corte Suprema de Justicia.

Otra condena por crímenes de lesa humanidad

El 23 de febrero del presente año la Corte Suprema de Justicia le profirió la primera condena a un ex congresista por delitos de lesa humanidad. Dicha condena a 40 años de prisión, la más alta proferida contra algún congresista, le fue impuesta al ex senador García, por sus nexos con los paramilitares y como coautor de la masacre de Macayepo, perpetuada en el 2000 en la jurisdicción de Carmen de Bolívar y donde fueron asesinados 15 campesinos.

Nueva jurisprudencia

En septiembre del 2009 la Sala Penal de la Corte Suprema sentó la jurisprudencia en la que los ex parlamentarios o congresistas que hayan sido vinculados con grupos de autodefensa podrían ser objeto de investigación y juzgamiento por crímenes de lesa humanidad que hayan cometido dichas organizaciones armadas ilegales.

Para esto, la Justicia debe probar que el acusado haya hecho parte de la organización de los paramilitares y una vez le sea imputado el delito de concierto para delinquir agravado, puede iniciarse una investigación por crímenes de lesa humanidad contra el procesado en calidad de coautor.

El magistrado Jaime Arrubla explicó esta jurisprudencia así: “La jurisprudencia es dinámica, y ésta tiene que ir adaptándose a las nuevas circunstancias de globalización, de compromisos adquiridos por tratados internacionales. Obviamente en el derecho penal aparecen aspectos que son muy relevantes en este siglo XXI, como el de pensar en las víctimas, por eso hay algunos que han dicho que éste es el siglo de las víctimas, y obviamente los delitos de lesa humanidad tienen que ser mirados con otros lentes. No nos olvidemos que Colombia ha suscrito el tratado de Roma y la Corte Suprema de Justicia son un marco de referencia muy importantes en estos delitos para que no se vaya a tomar que nuestro país no investiga y no sanciona a estos tipos de victimarios”.

Arrubla resaltó que la Fiscalía también debe hacer lo propio para aplicar esta jurisprudencia: “Todos tenemos que cumplir el deber que nos corresponde, la Corte investiga a todos los funcionarios con fuero y obviamente los juzga, pero también la Constitución dice que algunos los investiga la Fiscalía y los juzga la Corte.

Entonces la Fiscalía debe cumplir su función así como la viene cumpliendo la Corte, y estamos seguros y tranquilos de que la Fiscalía también lo viene haciendo. Somos respetuosos de las competencias ajenas, y en estos casos hemos visto que la Fiscalía viene cumpliendo con su deber”.