LA VIOLACIÓN de Derechos Humanos todavía le sigue pesando al país a la hora de suscribir acuerdos comerciales internacionales. Así quedó demostrado ayer con la solicitud que le hizo un grupo de europarlamentarios al Gobierno colombiano de que aclare el caso de las chuzadas a defensores de Derechos Humanos, en medio de la inminente firma del tratado de libre comercio con la Unión Europea (UE).La petición fue hecha por los verdes en el Parlamento Europeo (PE), quienes por medio de un comunicado les pidieron a las autoridades colombianas explicar ante el PE estos hechos antes de firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con la UE.
Según el comunicado, "descubrimientos actuales" muestran que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) trató de "influir" en dicha comisión parlamentaria "con medidas ilegales".
"El Gobierno colombiano tiene que esclarecer en qué forma el DAS actuó contra organizaciones no gubernamentales y políticas para influir y descalificar las decisiones de la Comisión de Derechos Humanos" del PE, señalaron la presidenta de dicha comisión, la finlandesa Heidi Hautala, y su copartidaria y eurodiputada alemana Barbara Lochbihler.
"¿Qué quieren decir términos como 'desprestigio' y 'sabotaje', palabras que se encuentran en los expedientes descubiertos?", se preguntaron las funcionarias europeas.
Por otra parte, solicitaron información sobre si el DAS tiene "en sus manos una lista de parlamentarios" de la Eurocámara que "están a favor o en contra del Gobierno colombiano".
Las parlamentarias de los verdes recordaron que la Unión Europea quiere firmar el tratado de libre comercio que acabó de negociar recientemente con Colombia y Perú, durante la cumbre euro-latinoamericana que se celebrará en Madrid el próximo 18 de mayo, bajo presidencia española de la UE.
"La Unión Europea no debe firmar este acuerdo sin haber esclarecido completamente este escándalo" del "servicio secreto" colombiano, dijeron las parlamentarias europeas.
Actualmente, algunos ex directivos del DAS están siendo investigados por la Fiscalía, presuntamente por haber ordenado las interceptaciones ilegales contra magistrados, políticos de la oposición y periodistas en Colombia.
Sin embargo, las investigaciones apuntan a que los autores intelectuales de las chuzadas y seguimientos ilegales serían funcionarios de la Casa de Nariño, de la que depende directamente el órgano de Inteligencia.
De hecho el lunes, el candidato presidencial liberal Rafael Pardo, del Partido Liberal, anunció que presentaría una denuncia ante tribunales internacionales por las chuzadas si los organismos judiciales colombianos siguen actuando con lentitud en estas investigaciones.
En estos momentos, el TLC con Estados Unidos, que se encuentra en suspenso, ha recibido varias críticas por parte de congresistas demócratas de ese país, quienes han criticado la poca actuación del gobierno colombiano frente a las diversas violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios estatales y grupos paramilitares.
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