Con más pruebas sobre chuzadas, Gobierno citado al Congreso

AL TIEMPO que el proyecto para suprimir el DAS apenas hoy arranca su trámite legislativo por parte de las Comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, nuevamente el Parlamento se ocupará del tema de las chuzadas, que este organismo de seguridad -adscrito a la Casa de Nariño- ejecutó contra magistrados de las altas Cortes, políticos de oposición, periodistas y algunos altos funcionarios.

Aunque son varios los debates que el Parlamento ha adelantado después que estalló el escándalo en febrero de 2009, es el primero en el que los citantes parten del presupuesto que el Gobierno nacional sí tuvo responsabilidades en este asunto, fundamentados en las revelaciones que hizo el Fiscal Octavo delegado ante la Corte Suprema de Justicia, el pasado 10 de abril, durante la diligencia de legalización de la captura de tres ex funcionarios del DAS, revelaciones que el propio presidente (e) de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, calificó como aterradoras. “Que obedecían instrucciones de sus superiores (algunos funcionarios comprometidos), directora del DAS y otras personalidades del órgano de Inteligencia. Pero a su vez, la cosa no se queda allí, porque revela además que hay pruebas de que las órdenes venían de instancias mayores, es decir, del alto Gobierno”, dijo Arrubla en esa oportunidad.

Al respecto, uno de los senadores citantes, Luis Carlos Avellaneda (Polo Democrático), justificó este nuevo debate porque “antes no se sabía si estas interceptaciones fueron ejecutadas por iniciativa de algunos funcionarios del DAS o del Gobierno nacional, y hoy ya tenemos que el Gobierno está comprometido en ese tema”.

Por esta razón, a la plenaria del Senado fueron citados el ministro del Interior, Fabio Valencia; el director del DAS, Felipe Muñoz; y el director Administrativo de la Presidencia, Bernardo Moreno.

Entre las preguntas a responder se encuentran cuáles son las decisiones de carácter administrativo que se han adoptado para superar los procedimientos y conductas delictuales en que presuntamente incurrieron servidores públicos de esta entidad, en relación con las interceptaciones y seguimientos ilegales.

Como invitados concurrirán el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez; el fiscal General (e), Guillermo Mendoza, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Ha faltado más interés

Avellaneda consideró que el Congreso no le ha dado la suficiente importancia a las chuzadas, que calificó como “un ataque contra la democracia”.

Añadió que en este asunto “está comprometida la responsabilidad del Presidente de la República, ciertos funcionarios del Gobierno, entre ellos todos los directores del DAS, pero principalmente funcionarios del Palacio de Nariño y el propio Presidente”.

El Senador del Polo señaló que con las nuevas pruebas que ha recopilado la Fiscalía sobre este caso, “vamos a demostrar cómo con toda la concepción de seguridad democrática, todo el tema de perseguir el terrorismo y ampliar el concepto de enemigo se da toda esta empresa criminal contra miembros de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, contra el Polo Democrático Alternativo, contra periodistas con el fin de generar verdadero terrorismo de Estado”.

Por su parte, el senador Armando Benedetti (Partido de La U) se reafirmó en solicitar a las autoridades llegar hasta el fondo y encontrar a las personas que ordenaron las chuzadas. “Yo soy el único de la coalición que ha pedido a la Fiscalía que diga cuáles son los culpables en la Casa de Nariño”.