YA SE entregaron a la Policía Judicial las órdenes para determinar qué personas tienen conocimiento de hechos relacionados con participación en política de funcionarios públicos en el Valle, la Costa Atlántica y en Bogotá, con burócratas del orden nacional, anunció ayer el fiscal general (e), Guillermo Mendoza.Según lo que se conoce, la Fiscalía tiene abierta una investigación al secretario de Educación del Valle, Gustavo Navarro, de la cual se encuentra encargado el vicefiscal Fernando Pareja.
Otro que es indagado penalmente es el gobernador vallecaucano, Juan Carlos Abadía, que ya fue sancionado por la Procuraduría con destitución del cargo e inhabilidad de 10 años para ocupar puestos públicos.
La decisión se produjo, según la procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, María Eugenia Carreño, al confirmarse que Abadía participó indebidamente en política, al favorecer la campaña de Andrés Felipe Arias, precandidato presidencial por el Partido Conservador.
La presencia de Arias y sus manifestaciones ante los alcaldes del Valle reunidos en el criadero La Leyenda, en Rozo, corregimiento de Palmira, Valle del Cauca, fueron determinantes porque al permitir que el precandidato obtuviera la información sobre las problemáticas de cada población, le facilitó la consolidación de su propuesta programática, concluyó la Procuradora.
Al cierre de esta edición, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría todavía no se había pronunciado sobre el recurso de reposición interpuesto por la defensa de Abadía. Se presume que ese pronunciamiento se debería conocer hoy.
Por otro lado, la Procuraduría investiga 150 denuncias contra funcionarios públicos por presunta participación en política, y por su parte, la Fiscalía tiene a su cargo 100 denuncias por presuntos delitos electorales. Así lo reveló la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Adelina Covo, quien hace parte de la Comisión de Seguimiento al Proceso Electoral.
Estas denuncias corresponden a posibles irregularidades que se habrían presentado el pasado 14 de marzo cuando se adelantaron las elecciones de Congreso de la República, Parlamento Andino y consultas del Partido Verde y Conservador.
“La enviada de la Fiscalía dijo que hasta la fecha hay 100 denuncias sobre casos estrictamente electorales, sobre delitos electorales y la Procuraduría dijo que hay 150 expedientes de denuncias sobre participación en política de funcionarios públicos”, dijo la Presidenta del CNE.
Además, la Magistrada sostuvo que las sanciones son el único mecanismo de evitar que se sigan incumpliendo las normas en los procesos electorales y que los funcionarios públicos dejen de aprovecharse de su situación para apoyar campañas políticas.
De otro lado, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado sostuvo que el Ministerio Público ya había alertado a los entes encargados de las labores de escrutinio electoral sobre las falencias que presentaba la plataforma de la que se hizo uso durante los comicios de marzo pasado.
El alto funcionario agregó que los reparos que surgieron tras el simulacro en el que participó el órgano de control, fueron tenidos en cuenta por un informe que llegó a manos de la Registraduría.
“Nosotros hemos consignados nuestras observaciones, nuestras preocupaciones en documentos que oportunamente llegaron a la autoridad electoral, a la Registraduría (...). Nosotros prevemos que los correctivos se realicen para bien de nuestro sistema político y para transparencia del proceso electoral”, señaló.
Estas declaraciones del Jefe del Ministerio Público obedecen a las quejas que presentaron los contratistas encargados de la recopilación de los resultados electorales del pasado 14 de marzo, en las que dijeron no haber recibido alertas de parte de algún órgano de control.
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