Extradición frena procesos por delitos de lesa humanidad

LAS EXTRADICIONES de 18 jefes paramilitares por cargos de narcotráfico a Estados Unidos “han impedido” que dieran testimonio sobre los delitos de lesa humanidad que ejecutaron “y sobre sus relaciones con políticos colombianos, principalmente congresistas y funcionarios”. Así lo consideró la relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, en un informe que presentó ayer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza.

“Aunque la situación ha mejorado desde 2004, los asesinatos continúan. Se percibe que hay una dificultad de investigación de los crímenes”, sostuvo la relatora Knaul, recalcando que no se ha producido todavía “ninguna sentencia firme” contra los miles de paramilitares desmovilizados por la Ley de Justicia a Paz.

El informe es el resultado de su visita de dos semanas al país en diciembre del año anterior, con el objetivo de evaluar la independencia del sistema judicial. En ese propósito se reunió con el presidente Uribe, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, personeros, víctimas y abogados.

Precisamente a inicios de mayo anterior la Corte Suprema de Justicia negó la extradición a Estados Unidos por narcotráfico del jefe paramilitar Freddy Rendón, alias el Alemán, fundamentada en que antes de atender los requerimientos judiciales en otros países, esta persona debe responder a las víctimas y la justicia colombiana por sus delitos, en el marco de los compromisos que adquirió al desmovilizarse acogiéndose a la Ley de Justicia y Paz.

Ya en marzo anterior el alto Tribunal había negado por las mismas razones la extradición a Estados Unidos, por cargos de narcotráfico, del jefe paramilitar Daniel Rendón, alias don Mario, hermano del Alemán.

Aunque el Gobierno nacional apoyó la decisión de la Corte en el caso de don Mario, no lo hizo en cuanto a la decisión del Alemán, al defender el acuerdo de extradición con Estados Unidos. En ese sentido el presidente Uribe dijo que “hay unos criminales que no habría habido manera de manejarlos en Colombia”, refiriéndose a la extradición que autorizó de los 18 jefes paras.

Otros aspectos del informe

El informe de la relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados también hace referencia a los vínculos de la clase política con grupos armados ilegales, que en el país se le ha dado el nombre de parapolítica.

“Durante los últimos años han aparecido nuevos actores armados ilegales. En este marco se establecieron vínculos entre dirigentes de grupos paramilitares y políticos, incluidos miembros del Congreso”, señaló la relatora.

Knaul consignó en el documento que la judicialización de estos vínculos ha llevado al procesamiento de 93 parlamentarios y 22 sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia, enumerando además que se han incoado sumarios contra 13 diputados, 12 gobernadores, 166 alcaldes y 58 concejales.

Precisó que ese era el resultado de los casos investigados sobre “la llamada parapolítica, relativos a posibles conexiones de jefes de organizaciones paramilitares con miembros del Congreso de la República y del Gobierno”.

Sector justicia

El sábado anterior EL NUEVO SIGLO anticipó que la relatora haría hincapié en su informe sobre las múltiples deficiencias que afectan la independencia de de la justicia colombiana.
En ese sentido el documento que presentó ayer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU hace referencia a las interceptaciones y seguimiento ilegales que desde el DAS se hicieron a magistrados, políticos de oposición, periodistas y algunos funcionarios del Gobierno. “Agentes del DAS habían incluso desarrollado actividades intimidatorias de seguimiento y persecución contra magistrados, jueces y fiscales, lo que se configura como un ataque a la Rama Judicial y también de abogados y defensores de derechos humanos”.

Indicó asimismo que “las interferencias políticas en el nombramiento de los integrantes de las Altas Cortes, particularmente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y en la Fiscalía General de la Nación constituye uno de los mayores desafíos para la garantía de la independencia de la Judicatura”.

Pidió respeto por los jueces

La visita de la relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados se dio en diciembre pasado en medio del pulso que han sostenido desde hace tiempo el Presidente de la República con las altas Cortes, y la interinidad en el cargo de Fiscal General.

Al presentar una breve síntesis de su trabajo antes de partir de Colombia, la funcionaria se abstuvo de referirse a los choques entre los poderes Ejecutivo y Judicial, sin embargo sí dijo que “observo con preocupación algunas declaraciones formuladas recientemente ante medios de comunicación por representantes de otros poderes del Estado e invoco a que se respete el hecho que estas personas han dedicado su vida al servicio de la justicia”.

20 días antes de la visita de la relatora a Colombia, el presidente Uribe calificó de mentiroso al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibáñez, después de que el Magistrado públicamente contradijo la versión del Mandatario en el sentido de las reuniones que sostuvieron los jueces con el Jefe de Estado para hablar sobre la terna para Fiscal.