Las víctimas ante Justicia y Paz, un debate sin final

EL TEMA estuvo sobre la mesa con ocasión de los cinco años de la promulgación de la ley de Justicia y Paz, que se conmemoraron el 25 de julio. El miércoles, el jurista español Baltasar Garzón, que realiza una consultoría ante la Corte Penal Internacional (CPI), advirtió en Madrid, España, que Colombia debe iniciar cuanto antes los juicios por violaciones de los derechos humanos y compensar a sus víctimas, puesto que si no ocurre, el tribunal multilateral “obviamente, intervendrá”.

“No acaban de arrancar los juicios debido a la falta de coordinación y decisión jurídica y política”, dijo Garzón, que reconoció que las autoridades judiciales colombianas tienen “una voluntad clara” de abrir los juicios y resarcir a las víctimas del conflicto colombiano, pero no acaba de iniciarlos y ante esta situación “la CPI tendrá que decir algo, habrá denuncias y tendrá que decir si la actitud de Colombia es suficiente”.

Las víctimas colombianas “aguantan ya demasiado y no han sido restituidas”, añadió el juez.

Sobre el particular, el jefe de la Unidad de Justicia y Paz, Luis González, señaló hace poco que “hay 56 postulados con más de cuatro mil delitos esperando sentencia”, pero solo tres magistrados dedicados a estos juicios. “Ya no depende de la Fiscalía sino del poder judicial a ver si nombra más magistrados para poder avanzar”, agregó.

Continuidad

Desde el punto de vista de las víctimas, la poca efectividad de la Ley de Justicia y Paz obedece a la falta de una política del Gobierno frente al tema, que se expresa, por ejemplo, en la prolongación de las acciones delictivas de los grupos paramilitares, ahora denominados bandas criminales (Bacrim), como se lo expresó a los medios el pasado 26 de julio Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas.

“¿Cómo es posible que se preocupe por el fenómeno de la persistencia e incluso el aumento de las muertes atribuidas a estos grupos, llámelos el gobierno como los llame, cinco años después de la expedición de la ley de Justicia y Paz?”, se preguntó entonces Gallón.

Y agregó: “Sin embargo, no es contradictorio. Digamos que ha sido la constante del gobierno. Desde el principio, desde diciembre de 2002, comenzamos a registrar las organizaciones no gubernamentales y, en particular, la nuestra, la Comisión Colombiana de Juristas, estas muertes causadas por los grupos paramilitares. Las denunciamos ante el gobierno. El gobierno hizo caso omiso. Lo negó. Y en 2008 en mayo de 2008 lo reconoció al extraditar a los jefes paramilitares. Lo había negado siempre y de la noche a la mañana dijo: ‘sí, ellos están delinquiendo; yo en consecuencia los extradito’. ¿En consecuencia? ¡No! Esa es otra gran inconsecuencia.

El resultado de delinquir, de incumplir los requisitos de elegibilidad de la ley de Justicia y Paz no era enviarlos a Estados Unidos, sino pasarlos a la justicia penal ordinaria, como ya lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, como también lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno se limitó a extraditarlos y no formuló una política para combatir el fenómeno, como si el fenómeno se hubiera acabo por el hecho de haberlos extraditado. Ahora reacciona. Fue muy curioso que el gobierno hubiera tratado de decretar la conmoción interior. No encontró eco en nadie, ni siquiera en los amigos del gobierno”.

La ley

La ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005, es un marco jurídico promovido por el gobierno de Álvaro Uribe y aprobada por el Congreso para facilitar el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia, aunque eventualmente podría ser utilizada en procesos de desmovilización de grupos guerrilleros.

Durante su redacción y trámite, proyecto de ley fue criticado por grupos de derechos humanos y las Naciones Unidas, entre otras organizaciones. Sus críticos consideraron que podía ser demasiado generoso al ofrecer penas de 5 a 8 años por delitos graves, aplicables a aquellos delitos que los mismos desmovilizados confiesen o que el Estado pueda probar posteriormente. El gobierno colombiano y los defensores de la ley argumentaron que había que encontrar un balance entre los requerimientos de la justicia y los de la paz, lo que implica la aceptación de cierta impunidad implícita dentro de un proceso de negociación.

Cal y arena

Mientras para las organizaciones defensoras de derechos humanos y los movimientos de víctimas del paramilitarismo el balance de los cinco años de vigencia y aplicación de la ley de Justicia y Paz no es para nada alentador, el Gobierno considera que gracias a ella Colombia tiene por primera vez instrumentos legales y judiciales para hacer efectivos derechos de verdad, justicia, reparación.

El viceministro de Justicia y del Derecho, Miguel Ceballos, explicó que hoy hay 53 mil personas no solo paramilitares, sino de otros grupos armados la margen de la ley, que ya no están en las armas, y que tienen la oportunidad de acogerse a la Ley de Justicia y Paz.

“Antes de la ley de Justicia y Paz no sabíamos quienes eran, hoy todos los colombianos jueces y fiscales los tienen identificados”, aseguró Ceballos.

Indicó además que la Ley de Justicia y Paz ha mostrado dos avances: el primero creando institucionalidad a través de la cual se puede lograr la identificación y el juicio de personas que han cometidos crímenes atroces: “Esa institucionalidad no puede tener un retroceso hacia el futuro y un buen camino para ello es la aprobación de una ley de víctimas en el Congreso de la República. Otro gran avance es haber creado una nueva institucionalidad judicial a través la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, así como de los magistrados de Justicia y Paz, la cual debe seguir siendo fortalecida”.