Las tierras usurpadas por los grupos armados ilegales deben ser restituidas de forma inmediata a sus dueños y no que vayan a una bolsa común para reparación de víctimas mientras que se surten los procesos judiciales, como lo establece la ley. Así lo ordenó ayer la Corte Suprema de Justicia.El alto Tribunal sentó jurisprudencia al respecto al aceptar los alegatos de un fiscal y de los representantes de víctimas de grupos paramilitares en Antioquia, quienes acudieron a la figura de la reparación integral para pedir la nulidad de títulos, según ellos, fraudulentos de tierras que les fueron arrebatadas por Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, cabecilla del Bloque Élmer Cárdenas.
La Corte explicó que se ordena la restitución de bienes cuyo apoderamiento ilegal ya fue confesado por el desmovilizado y cuya propiedad legítima previa a la expropiación forzada acreditan las víctimas.
El Tribunal añadió en su fallo que “la justicia transicional no puede ser indiferente a la tragedia humanitaria que vive nuestro país de cuenta de los millones de desplazados que deambulan con rumbo a ninguna parte, por los cinturones de miseria y mendigan en los semáforos de las grandes ciudades, invisibles de cuenta de la técnica y la inflexibilidad jurídica”.
El proyecto del Gobierno
El fallo de la Corte Suprema de Justicia se produjo unos días después de que el Gobierno nacional radicó en el Congreso un proyecto para restituir tierras a las víctimas por el accionar de los grupos armados ilegales. El presidente Santos se comprometió que por esta vía restituirá cerca de dos millones de hectáreas de las cinco que se calcula fueron arrebatadas por grupos armados ilegales.
En el proyecto de restitución de tierras, que apenas inicia su trámite legislativo, se establece que este proceso se iniciará con la creación del registro de tierras despojadas.
“Este registro tendrá como base los múltiples esfuerzos y estudios realizados previamente y registrará el predio que les corresponderá en la restitución, así como a los despojados y a sus familias”, señala la iniciativa en su exposición de motivos.
Añade que al conformar el registro de predios despojados, el Estado tendrá el mapa de despojados y los elementos probatorios del despojo, de la titularidad del predio, de su valor catastral y el valor de las eventuales compensaciones que sea necesario pagar a terceros de buena fe que puedan resultar afectados en sus derechos legítimos por causa de la titulación del predio a favor del despojado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario