Síndrome de reformitis para imponer penas más drásticas

LA INCLINACIÓN a resolver los problemas con modificaciones a los Códigos Penal o de Procedimiento Penal no ha dejado de tocar a los altos funcionarios del Gobierno instalado hace sólo 38 días, como lo hizo con sus antecesores en pasadas administraciones.

Desde hace varias décadas hace carrera en Colombia la teoría de que cada vez que surge una problemática, antes que revisar el marco normativo vigente para establecer cuál mandato constitucional, ley, decreto o reglamentación puede utilizarse para enfrentarla, en lo primero que se piensa es en presentar proyectos de ley y acto legislativo para crear artículos e incisos para atacar la crisis o falencia puntual.

Según los conocedores del tema, desde 1992 han sido expedidas 1.500 leyes de este calibre. Para bien o para mal no hay una contabilidad de los proyectos sobre el particular que quedaron en el camino. Seguramente veríamos en mucho multiplicada la cifra.

En la pasada legislatura fracasó el intento del entonces senador nariñense Parmenio Cuellar, del Polo Democrático, por tramitar en el Congreso un acto legislativo para crear una política criminal estatal que sea de cumplimiento estricto, y así evitar que los gobiernos de turno gasten esfuerzos en modificar el Código Penal.

“He creído necesario reformar el artículo de la Constitución que habla del debido proceso, para introducirle allí la constitucionalización de la política criminal, en el sentido de que el Estado debe tener como tal una política criminal, que sirva como un marco de referencia para que el Congreso y los colombianos sepan cómo es que se va actuar frente a las actuaciones delictivas”, explicó Cuellar en su momento.

“Siempre me ha preocupado que en el Congreso haya una proliferación de leyes con el proyecto de ley que modifica el Código Penal, que es un estatuto armónico”, aseguró el Legislador, quien precisó que uno de los principios que tiene el Código es el de la proporcionalidad en materia punitiva, por lo cual no se puede establecer penas más drásticas para delitos que lesionan un derecho que no es fundamental o menos grave.

1. Ley de tierras
El artículo 35 del proyecto de ley “por la cual se establecen normas transicionales para la restitución de tierras”, propone que quien “obtenga la inscripción en el registro de tierras despojadas alterando o simulando deliberadamente las condiciones requeridas para su inscripción, u ocultando las que la hubiesen impedido, incurrirá en prisión de siete a doce años”, pena que también sería impuesta al funcionario público que permita el delito y a quien “presente oposición a la solicitud de restitución tierras sin tener un derecho legítimo, o empleando deliberadamente documentos que no correspondan con la realidad, u ocultando los hechos de violencia que dieron lugar al despojo”.

2. Anticorrupción
Hace ocho días, al radicar el proyecto de Ley Anticorrupción ante el Senado, el ministro del Interior y de Justicia Germán Vargas recordó que, entre otros aspectos, la iniciativa propone excluir de los beneficios de casa por cárcel o la libertad provisional en delitos relacionados con corrupción y ampliar los términos de prescripción en materia penal y disciplinaria.

3. Menos de 16 años
Ante los cada vez más frecuentes hechos delictivos protagonizados por niños y jóvenes, el ministro Vargas propuso hace unos días la modificación de la edad de responsabilidad penal a los menores de 18 años, bajándola a 16.
En esa oportunidad, el ex procurador Jaime Bernal manifestó que “lo que puede hacerse es ampliar los delitos, que no sean sólo homicidio, secuestro y extorsión, sino incluir otros entre los jóvenes entre los 14 y 16, como el delito sexual y el hurto, lo que sería una forma de hacer un control mayor en esas edades”.

4. Extorsionados
Muy controvertida resultó la propuesta del ministro de Defensa Rodrigo Rivera de judicializar a quienes paguen extorsiones; el funcionario aclaró que lo que buscan es generar una reflexión e impulsar una campaña que termine con este delito.

5. Salud
El artículo 24 del proyecto de Estatuto Anticorrupción habla del “peculado por aplicación oficial diferente frente a recursos de la salud”, y propone un nuevo artículo para la Ley 599 de 2000, el Código Penal. Sería el artículo 399 A: “La pena prevista en el artículo 399 se agravará de una tercera parte a la mitad, cuando se dé una aplicación oficial diferente a recursos destinados a la salud”.

6. Libertades condicionales
El 23 de agosto el ministro Vargas anunció una reforma al Código de Procedimiento Penal para ejercer mayores controles en lo que tiene que ver con la concesión de la libertad condicional, precisando que la intención del Ejecutivo es endurecer los requisitos en cuanto a ese beneficio, con lo que busca comprometer a las autoridades policiales y judiciales a ser más estrictos en la calificación de personas que puedan o no convertirse en “un peligro para la sociedad”.

7. Armas blancas
Ya hace unos 15 días que el senador Camilo Sánchez, del Partido Liberal, radicó un proyecto de ley que busca modificar el Código Penal para aumentar las penas por fabricación, tráfico y porte de armas blancas.
Según la iniciativa, el que sin permiso de la autoridad, importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre o porte armas blancas u objetos cortopunzantes incurrirá en prisión domiciliaria de uno a tres meses. Quien reincida en esta conducta incurrirá en prisión domiciliaria de cuatro meses a seis meses. Quien por tercera vez incurra en esta conducta tendrá prisión de seis meses a 12 meses.

También establece que “las penas mínimas anteriormente dispuestas se duplicarán cuando la conducta se cometa” mediante la utilización de medios motorizados, “cuando el arma provenga de un delito”, si el portador del arma opone “resistencia en forma violenta a los requerimientos de las autoridades” y “cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten”.

8. Delitos minero-ambientales
El ministro de Minas y Energía Carlos Rodado planteó hace poco que, para combatir la minería ilegal en el país, en documento Conpes se “plantearía la creación de una unidad especializada para los delitos minero ambientales y permitiría judicializar los casos de minería ilegal en el país”.