jueves, 11 de diciembre de 2008

Colombia pide perdón por ejecuciones extrajudiciales


El pronunciamiento se dio justo cuando se celebraba el 60 aniversario de la declaración universal de los derechos humanos

“PERDÓN” A las víctimas de muertes por fuera de combate en las que participaron las Fuerzas Armadas, pidió a nombre del Estado colombiano el vicepresidente Francisco Santos ayer en Ginebra (Suiza), en su intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que concedió tres horas para examinar la situación en el país en esta materia desde 2002.

“Desgraciadamente debemos reconocer que se han presentado estos casos en nuestro país y con profundo dolor pido perdón a las víctimas y les doy la certeza de que ninguno de estos crímenes quedará en la impunidad”, afirmó Santos al abrir el debate en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo para revisar la situación de los derechos humanos en los 192 estados miembro de la ONU.

Santos dijo que la participación de uniformados en estos crímenes se constituye en “una vergüenza para el Estado colombiano”.

Grupos de derechos humanos han denunciado más de un millar de ejecuciones extrajudiciales y de denominados casos de “falsos positivos”, a quienes el Ejército presentaba como muertos en combate.

Es el caso de la Misión Internacional de Observación, que al final de octubre pasado reveló un estudio sobre ejecuciones extrajudiciales e impunidad en Colombia. Según esta ONG, en los últimos 18 meses transcurridos, entre el 1º de enero de 2007 y el 30 junio de 2008, han sido registradas 535 personas que perdieron la vida a causa de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública.

En tanto que se registraron 1.122 casos de ejecuciones entre el 1º de julio de 2002 y el 30 de junio de 2007, según la ONG internacional, que agrega que este fenómeno se ha triplicado con relación al anterior Gobierno, Andrés Pastrana 1998-2002.

Precisamente al final de octubre pasado fueron desvinculados del Ejército 27 militares, incluidos tres generales, de diferentes guarniciones del país como consecuencia de las investigaciones internas por la desaparición de 19 jóvenes de Soacha (Cundinamarca), los cuales fueron reportados en la zona de Ocaña (Norte de Santander) como muertos en combate.

La remoción de estos militares coincidió con la visita al país de la alta Comisionada de la ONU, Navanethem Pillay, quien verificaba la situación de derechos humanos.

Argumentos de Colombia

Sin embargo, el vicepresidente Santos destacó ante el Consejo de Derechos Humanos los avances que ha tenido el gobierno Uribe en seguridad, la desmovilización de los grupos paramilitares y la aprobación de la ley de Justicia y Paz, “que reconoce los derechos de las víctimas como ninguna ley lo había hecho en parte alguna del mundo”, sostuvo. “De ser un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanos, hemos avanzado en mejorar la garantía a la vida y a la libertad”, indicó Santos ante los miembros del Consejo, ante los cuales asumió “de manera solemne” el cumplimiento de “67 compromisos” enumerados en su informe.

El funcionario también destacó que entre 2002 y 2007, “el homicidio disminuyó en 45%, las masacres en 77%, los atentados terroristas en un 76,5% y el secuestro extorsivo en 87%”.

Recomendaciones

Durante el debate en el marco del Examen Periódico Universal, la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos presentó un informe de 10 páginas según el cual, al “conflicto armado” que afecta a Colombia desde hace más de cuatro décadas “se agrega la persistencia de impunidad y limitaciones para el acceso a la justicia, la desigualdad y la discriminación”.

Las conclusiones del Consejo y sus recomendaciones a Colombia se conocerán el 15 de diciembre próximo.

Por su parte, varios de los 47 países que integran el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hicieron recomendaciones durante el debate.

México recomendó el envío a Colombia de “tres relatores especiales” para abordar la situación de los defensores de derechos humanos, los casos de ejecuciones extrajudiciales y la independencia de jueces y abogados.

Además pidió el envío de un grupo de trabajo de expertos independientes para analizar las denuncias por detenciones arbitrarias.

Por su parte, Chile reclamó a Colombia que evite que los acusados de abusos y violaciones graves a los derechos humanos “sean beneficiados por leyes de amnistía”.
Brasil insistió en preguntar a Colombia qué medidas tomará el Gobierno para luchar contra la impunidad en las violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado.

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