Por corrupción cayó licitación para seguridad en cárceles

POCAS HORAS después de que el procurador Edgardo Maya envió una carta al ministro del Interior y Justicia pidiéndole que revocara la licitación para la contratación de seguridad para 10 cárceles, ésta fue suspendida.

La solicitud fue formulada por el jefe del Ministerio Público tras recibir pruebas remitidas por la Fiscalía General de la Nación que evidencian con “nitidez la estrategia ilícita desarrollada por algunos integrantes de las sociedades o empresas participantes en el aludido proceso contractual”.

La petición fue elevada mediante oficio, con miras a que se revocara la resolución 3485 del 27 de noviembre de 2008, proferida dentro del proceso de selección abreviada 001 de 2008, cuyo objeto era “contratar el ajuste de diseños, suministro, integración, instalación, implementación, prueba, puesta en servicio, mantenimiento preventivo y correctivo por dos (2) años de los sistemas electrónicos de seguridad de diez (10) establecimientos carcelarios a nivel nacional”.

Proceso, que culminó con la adjudicación del contrato a la Unión Temporal Seguridad Carcelaria, integrada por la Unión Eléctrica S.A., EGC Colombia Ltda, Ingeniería y Telemática G y C Ltda; Andcom Ltda, Interamericana de Sistema y Seguridad S.A., Interseg S.A., y MEeltec Comunicaciones S.A., es por valor de $53.537.174.702 , “en el entendido que el acto se obtuvo por medios ilegales”.

En su misiva el Procurador señala que “así las cosas, para este ente de control queda claro que la Unión Temporal Seguridad Carcelaria se valió de medios ilegales para obtener la adjudicación del referido contrato al ofrecer, a través del señor Mauricio Parada, la suma de mil millones de pesos a la señora Diana Nasiff de Rima, para que entorpeciera el proceso de selección a través de la descalificación de los demás participantes involucrados, inclusive el que ella misma representaba, misión que esta señora cumplió al pie de la letra, con lo cual se afectan los principios de la función administrativa contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política”.

Expone finalmente que “la anterior solicitud se formula en el marco de nuestra función preventiva señalada en el artículo 277 numerales 3º, 5º y 7º de la Carta Política. Funciones que son reiteradas y desarrolladas en el artículo 7º del decreto 262 de 2000, numeral 37, en donde se establece como función del Procurador General Solicitar la suspensión de actuaciones administrativas o la revocatoria de los actos administrativos a ellas referentes en defensa del orden jurídico o del patrimonio público. Presupuestos que están amplia y suficientemente demostrados en el caso que nos ocupa”.

Con anterioridad al otorgamiento de la licitación, el ente de control había solicitado que se pospusiera la adjudicación, pero el Ministerio optó por concederla a la Unión Temporal Seguridad Carcelaria.

“La Fiscalía le pasó a la Procuraduría las pruebas de que efectivamente dos empresas se pusieron de acuerdo para defraudar al estado, par engañarlo y hacer que solo una empresa quedara y se ganara la licitación”, explicó Valencia Cossio al anunciar la revocatoria de la licitación.