Gobierno denuncia fallas por libertad en delitos flagrantes

Además de las deficiencias que se presentan en el acopio de las pruebas y el diligenciamiento de la captura, se sumarían actos de corrupción.

EL 70 por ciento de las personas que son sorprendidas cometiendo un delito no han podido ser judicializadas por errores en la técnica de detención o por falta de conocimiento de quienes intervienen en la cadena judicial.

Así lo reveló ayer el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, al hacer referencia a la libertad que están ordenando algunos jueces a las personas capturadas en flagrancia.

“Todos los organismos del Estado colombiano estamos muy preocupados porque hemos empezado a tener unos datos, sobre todo en los casos de flagrancia que son asumidos por la Justicia, por todas la instancias, por Fiscalía, por jueces de garantías, por jueces ordinarios”, dijo Valencia Cossio.

Adicionalmente, el Ministro señaló que “hoy (ayer) conocimos un dato que tiene muy preocupado al señor Presidente de la República y al Gobierno, que es la no sanción a los sembradores de coca, y obviamente que este planteamiento de la lucha contra las drogas es integral, que no sólo se va a prohibir el porte y consumo de la droga, sino que tenemos que reprimir de una manera muy eficaz también el cultivo”.

Por su parte, el viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, señaló que para subsanar los tropiezos que se están presentando en las capturas se ha diseñado un programa “donde desde el patrullero, que hace la primera captura, hasta quien hace la judicialización, estén todos coordinados y de acuerdo para que a partir de esa metodología se haga una recopilación de la vivencia de las pruebas que van a llevarse a los fiscales, y estos a los jueces, para que de ninguna manera se evada la ley por algún error o una falla en el procedimiento”.

Ceballos anunció que el Gobierno le pedirá a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura hacer una veeduría sobre jueces y fiscales en su comportamiento.

También corrupción

Para el presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Ovidio Claros, hechos de corrupción por parte de algunos operadores judiciales podrían ser también la causa de las fallas que se están presentando en la judicialización de las personas capturadas en flagrancia.

“Qué puede estar ocurriendo: pueden haber varias cosas, una de ellas es que las pruebas que llegan a los llamados jueces de control y garantías pueden ser una prueba insuficiente, y eso puede estar generando impunidad; por otro lado, puede que haya ribetes oscuros, que sería lo que tocaría entrar a analizar por parte del Consejo Superior de la Judicatura, y revisar la conducta de los funcionarios que están omitiendo su deber funcional y que están permitiendo impunidad”, le explicó Claros a EL NUEVO SIGLO.

Añadió que al Consejo llegan a diario quejas ciudadanas por el comportamiento de los operadores judiciales. En este sentido dijo que por semana este organismo está produciendo más de 200 fallos en términos de funcionarios, abogados y en valoración de tutelas.

Respecto al pedido del Gobierno al Consejo de la Judicatura de hacer una veeduría a jueces y fiscales en su comportamiento, Claros dijo que es “aceptado totalmente por parte de nuestra Sala Jurisdiccional Disciplinaria la veeduría sobre cada uno de los procesos, donde tanto el Ministerio como cualquier ciudadano nos digan que hay que ir a ejercer este tipo de veeduría”.