jueves, 28 de mayo de 2009

Ofensiva jurídica contra abuso sexual a menores


También la sociedad civil ha participado impulsando el referendo para castigar con prisión perpetua a los abusadores de niños

UNA VERDADERA ofensiva jurídica se ha desatado en los dos últimos años en el Congreso y desde la sociedad civil para castigar a los abusadores y explotadores sexuales de los menores de edad en el país.

La más reciente recarga de este ‘arsenal’ la constituyó la aprobación esta semana, por la plenaria del Senado, del proyecto del ley de autoría del representantes William Vélez, que robustece las penas por el denominado turismo sexual y que busca fortalecer la lucha contra la explotación y la pornografía de menores que ya preveía la ley 679 de 2001, también de autoría de Vélez.

Igualmente, en la Comisión Primera de Cámara hay dos proyectos que entre otros fines pretende crear un registro de violadores, de autoría del movimiento Por el País que Soñamos, integrado por los representantes Simón Gaviria y David Luna. En esta misma Comisión cursa un proyecto por medio del cual se modifica la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para contrarrestar la explotación sexual de niños y niñas y adolescentes, de autoría de los representantes Carlos Piedrahita y Nicolás Uribe, entre otros.

Finalmente está el proyecto de referendo para castigar hasta con cadena perpetua a los violadores, secuestradores, maltratadores y asesinos de niños menores de 14 años, el cual fue aprobado en Cámara y está a la espera de recibir sus dos debates correspondientes en Senado.

La iniciativa fue del comité promotor, integrado por el Fiscal General, el Procurador General, la Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Secretario Jurídico de la Presidencia, la concejal Gilma Jiménez y los representantes a la Cámara por Bogotá, David Luna y Simón Gaviria, entre otros.

Intento fallido

En abril pasado, el Ministerio del Interior y Justicia presentó un proyecto de ley para aumentar las penas contra los delitos sexuales. El mismo señalaba que “las violaciones, especialmente a menores de 14 años, serán sancionadas con penas de hasta 60 años, porque se regula una pena máxima que establece la Constitución hasta de 40 años y una tercera parte más, o sea 60 años”.

Esta iniciativa la presentó el Gobierno como alternativa al referendo para castigar con cadena perpetua a los violadores de menores, al cual el Ejecutivo se oponía. Al respecto, el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, había señalado que pediría el retiro de este proyecto (el referendo) “porque ha generado mucha discusión en el país y porque se trata de una figura ajena, extraña a la legislación colombiana”.

Sin embargo, el Gobierno retiró su proyecto tras el sorpresivo giro que dio al respaldar, además del referendo reeleccionista, el de cadena perpetua a violadores de niños y el de referendo del agua, los cuales fueron aprobados por la plenaria de Cámara el pasado 6 de mayo, aunque este último fue devuelto por la plenaria de la Cámara a otra comisión diferente a la Primera, tras aprobar una apelación presentada por los promotores de la iniciativa a consecuencia de que fue cambiado el texto.

Armonización de iniciativas

Algunos se preguntan si la proliferación de proyectos para castigar de forma severa a los violadores y abusadores de menores de edad puede derivar en engrosar el Código Penal, pero sin garantizar que la normatividad se pueda aplicar por las deficiencias de la justicia del país.

El representante a la Cámara por Bogotá, David Luna, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “todos los avances normativos que se logre adelantar son bienvenidos para proteger a los niños. Primero, porque es la única forma de dar aplicación al artículo 44 de la Constitución Política, de manera que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Y segundo, porque es el único elemento posible para demostrar que la justicia actúa y protege a los niños, no premiando a los delincuentes”.

En tanto que el representante a la Cámara por Antioquia, William Vélez, señaló que desde la probación de la Ley 679 de 2001, el Congreso ha buscado fortalecer la normatividad para proteger a los menores de edad del accionar de los abusadores. “Desde esa época el Congreso se ha venido comprometiendo y todas las instituciones para evitar este tipo de delitos en contra de nuestros menores de edad. Desafortunadamente, las estadísticas demuestran lo contrario, pero creo que en algo estamos avanzando”, acotó.

Añadió que un ejemplo de esto es la aprobación del proyecto que castiga más severamente el turismo sexual, del cual ciudades como Cartagena se han convertido en paraísos a nivel mundial.

Esta iniciativa “contempla una serie de políticas preventivas, de sanciones muy severas para quien incurra en las prácticas conocidas como turismo sexual contra nuestros niños y nuestros adolescentes. Sanciones muy severas también para quien a través de la pornografía, venda o porte cualquier tipo de video o fotografía en la cual se vean involucrados menores de edad teniendo relaciones íntimas”, así como la extinción de dominio en los inmuebles en donde se explote sexualmente a los menores de edad, indicó Vélez.

Sin embargo, la proliferación de proyectos para castigar a los abusadores de menores también hace que en algunos aspectos coincidan. En este sentido, ayer la Comisión Primera de Cámara aprobó en primer debate el proyecto que modifica la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para contrarrestar la explotación sexual de niños y niñas, pero con la condición que los ponentes hagan una revisión a fondo para que su redacción armonice con las leyes en similar sentido.


1 comentario:

David TTT dijo...

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