Revelan grabaciones de las chuzadas ilegales en 2006

El ofrecimiento de una recompensa de 200 millones de pesos por parte del Gobierno a quien dé información sobre los autores de las interceptaciones generó sorpresa y hasta risas en sectores de la oposición

CONTRARIO A lo expresado hace un par de días por el presidente de La U, Luis Carlos Restrepo, sí existen pruebas de interceptaciones ilegales realizadas por el DAS.

“Hay cierta espectacularidad en los episodios de los últimos días. Sobre las chuzadas del DAS no se ha comprobado ninguna, lo que tenemos es un prontuario construido por información de los medios de comunicación”, había dicho el dirigente político uribista.

De acuerdo con grabaciones divulgadas ayer por La FM, los candidatos presidenciales del 2006 fueron espiados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Dos ex técnicos del DAS, que participaron en los hechos, entregaron algunas de las grabaciones que hicieron al entonces candidato por el Polo Democrático, Carlos Gaviria.

Los ex detectives aseguraron que cuando Gaviria activaba su celular, se encendía una alerta para que los encargados de hacer las escuchas ilegales comenzaran su trabajo.

Ellos entregaban a sus jefes cada semana discos compactos con el reporte de las grabaciones a los precandidatos presidenciales Enrique Peñalosa, Samuel Moreno, Andrés González, Álvaro Leyva, Antonio Navarro y Rafael Pardo.

Las conversaciones fueron grabadas por equipos de interceptación móvil del DAS que se ubicaban en camionetas cerca de las sedes de las campañas políticas, frente al Congreso y a las vecindades de los más importantes medios de comunicación.

Según los informantes, dichas misiones se han realizado en el organismo de inteligencia desde hace varios años y las órdenes les llegaban de los altos mandos del servicio de inteligencia.

“Teníamos instrucciones perentorias de no dejar registros oficiales de lo que hacíamos y toda nuestra información era clasificada como secreta”, agregaron los ex investigadores.

Ofrecimiento risible

El ofrecimiento de una recompensa de hasta 200 millones de pesos, por información para ubicar a los responsables de las interceptaciones ilegales, provocó risas y críticas.

“Se ofrece recompensa hasta de 200 millones de pesos a las personas que con su información contribuyan a ubicar a los autores materiales e intelectuales de estos delitos”, precisó un escueto comunicado leído por el vocero presidencial César Mauricio Velásquez ante la prensa.

Uno de los chuzados, Carlos Lozano, director del semanario VOZ, calificó la recompensa como un “sofisma de distracción” y le pidió al Gobierno asumir su responsabilidad política en este escándalo.

Según Lozano, las víctimas de las interceptaciones ilegales siguen esperando saber quien es el “Montesinos”, porque “ya sabemos que el Fujimori es el presidente”.

Por su parte, la senadora Piedad Córdoba recibió con una sonora carcajada el anuncio del Gobierno, manifestando que el dinero “no va a salir del Gobierno”, y que seguramente con esa plata “de pronto montan una empresa”.

Para la congresista liberal, la recompensa no excusa al Gobierno de dar las explicaciones que le debe dar al país.

Córdoba se anticipó a decir que los nombres de quiénes ordenaron las interceptaciones ilegales serán conocidos en muy poco tiempo, cuando se sabrá que la iniciativa de las chuzadas fue de “alguien que está por lo alto” en el Gobierno.

Reacciones

El alcalde Samuel Moreno le exigió al presidente Álvaro Uribe explicaciones: “Las chuzadas las hizo el DAS y este es un departamento adscrito al Gobierno, por lo tanto, altos funcionarios del Estado tienen que responder a las autoridades estas intervenciones ilegales”.

Moreno añadió que “esas decisiones no las tomaron los mandos medios. Alguien tuvo que ordenarlas y le pido a la Fiscalía que sea diligente y le entregue a la ciudadanía lo más pronto posible los resultados de la investigación”.

El senador Gustavo Petro aseguró que esta es la prueba de que “en Colombia hay una dictadura con una sociedad vigilada”.

Juan Fernando Cristo, senador liberal, se declaró impresionado y preocupado y dijo que estas pruebas indican “que en Colombia cada vez más estamos perdiendo las libertades individuales y los derechos de los ciudadanos”.

Daniel Coronel, director de Noticias Uno, señaló que este hecho es la muestra total de un “estado policivo, y perseguidor”.

Investigación

Ante estos hechos, el fiscal Mario Iguarán señaló que las investigaciones en este caso, que ya empezaron su etapa de interrogatorio, se harán por cuatro delitos: concierto para delinquir, falsedad en documento, abuso de autoridad y fraude.

Los próximos en comparecer ante la justicia serán Fernando Tabares y la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado.

“Seguiré guardando total silencio frente a esta investigación, que ha generado ansiedad y angustia en la opinión publica. Pero estos hechos son graves por los bienes jurídicos que afectan y groseros por el procedimiento y propósito burdo”, dijo Iguarán.

Esta semana comenzaron los interrogatorios sobre el tema, con la comparecencia del ex director de contra-inteligencia del DAS, capitán Jorge Alberto Lagos.

Estas declaraciones son parte fundamental en la investigación que adelanta la Fiscalía sobre el caso de las llamadas chuzadas, pues se espera que diga lo que sabe sobre qué funcionarios del DAS ordenaron los seguimientos ilegales y cómo se desarrolló ese proceso ilegal.

Por el escándalo de las interceptaciones ilegales, Lagos renunció a su cargo de director de contrainteligencia el 22 de febrero de 2009.

En su contra no se conoce ninguna investigación. Sin embargo, la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía, será la que decida si formula imputación de cargos o si se abstiene de adelantar una investigación formal en contra de Lagos.