jueves, 13 de agosto de 2009

Chuzadas del DAS impiden la libertad de prensa: Flip


Se reportaron “las actividades de espionaje ilegal y hostigamientos contra periodistas, magistrados y políticos opositores” por parte de la “entidad adscrita a la Presidencia de la República”

LAS INTERCEPTACIONES ilegales realizadas por el DAS se constituyeron en la “principal obstrucción” al trabajo periodístico en Colombia durante el primer semestre del año, en el que se registró la muerte de un comunicador, de acuerdo con un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

La entidad divulgó ayer su reporte semestral y en éste expone que “el número de obstrucciones al trabajo periodístico pasó de 7 casos en el primer semestre de 2008 a 28 en lo que va del 2009”.

La razón de este aumento “fue la revelación de las actividades de espionaje ilegal y hostigamientos contra periodistas, magistrados y políticos opositores al Gobierno, que desde hace años adelantaba el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entidad adscrita a la Presidencia de la República”, señaló el informe.

Esa “obstrucción e intimidación” contra algunos periodistas “fue, sin duda, el hecho más grave que se registró durante este semestre”, subrayó la organización.

Chuzadas

Desde hace unos meses el país ha visto cómo se destapan, una tras otra, pruebas de las interceptaciones ilegales del DAS.

Contrario a lo expresado en su momento por el presidente del partido de La U, Luis Carlos Restrepo, sí existen pruebas de ello. Según Restrepo, “hay cierta espectacularidad en los episodios de los últimos días. Sobre las chuzadas del DAS no se ha comprobado ninguna, lo que tenemos es un prontuario construido por información de los medios de comunicación”.

Pero incluso los candidatos presidenciales del 2006 fueron espiados por el DAS, de acuerdo con pruebas suministradas por dos ex técnicos de esa entidad, que participaron en los hechos. Según ellos, entregaban a sus jefes cada semana discos compactos con el reporte de las grabaciones a los precandidatos presidenciales Enrique Peñalosa, Samuel Moreno, Andrés González, Álvaro Leyva, Antonio Navarro y Rafael Pardo.

Las conversaciones fueron grabadas por equipos de interceptación móvil del DAS que se ubicaban en camionetas cerca de las sedes de las campañas políticas, frente al Congreso y a las vecindades de los más importantes medios de comunicación.

Según los informantes, dichas misiones se han realizado en el organismo de inteligencia desde hace varios años y las órdenes les llegaban de los altos mandos del servicio de inteligencia.

“Teníamos instrucciones perentorias de no dejar registros oficiales de lo que hacíamos y toda nuestra información era clasificada como secreta”, agregaron los ex investigadores.

138 víctimas

“A una década del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, que aún permanece impune, la Flip publica el informe semestral de 2009”, precisa la presentación del documento.

Los casos registrados por la Flip entre enero y junio de 2009 sumaron un total de 90 violaciones a la libertad de prensa, que dejaron 138 víctimas.
Las cifras “denotan un aumento con relación al mismo periodo en 2008, cuando se registraron 63 violaciones”, con 74 afectados, añadió el informe.

“La primera mitad de este año muestra un leve aumento de las violaciones a la libertad de expresión en Colombia, en comparación con el primer semestre del año anterior. La amenaza se mantiene como la forma más común para atentar contra la prensa, mientras que continúa el incremento de agresiones por parte de funcionarios públicos”, dijo la Flip.

En el mismo período se registró el asesinato de un periodista en Patía, Cauca. El homicidio de José Everardo Aguilar, corresponsal de Radio Súper en ese municipio, fue el primer caso de asesinato por razones de oficio que registra la Flip en Colombia en 20 meses.


No habrá conciliación entre Uribe y Valencia Copete


Un plazo de tres días tiene el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia para explicar los motivos de su ausencia en la audiencia

EL PLEITO judicial que tienen el presidente Álvaro Uribe y el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia César Julio Valencia Copete, se agravó ayer cuando el segundo no asistió a una audiencia de conciliación que citó la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Por medio de un comunicado, Valencia Copete y su abogado, Ramiro Bejarano, expresaron la intención de no conciliar con el presidente Uribe.

“La conciliación de una querella no es un acto obligatorio sino potestativo de las partes, por lo que el magistrado Valencia Copete ha hecho uso de su derecho legal de no conciliar, porque ni a él ni a sus defensores les asiste ánimo conciliatorio alguno”.

El comunicado reitera que el magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema no ha injuriado ni calumniado a nadie, menos al Presidente de la República.

Otra de las razones que argumenta el magistrado Valencia para no querer conciliar son “las expresiones insultantes y descomedidas del Señor Presidente de la República lanzadas en su contra, en la reunión que el Mandatario sostuviera con los presidentes de la Altas Cortes en días pasados. Tales expresiones francamente hostiles con la persona y la dignidad del doctor Valencia Copete, indican claramente la inutilidad de intentar ahora una conciliación de las diferentes partes”, sostiene el comunicado.

Valencia Copete también mostró su inconformismo con la falta de rectificación por parte del Gobierno de las interceptaciones ilegales y seguimientos indebidos que le realizó el DAS a él y a Ramiro Bejarano, “como paso previo a cualquier intento de conciliación”.

El ex presidente del alto Tribunal también se quejó por los maltratos que ha recibido en algunas de las audiencias “como la que lamentablemente ya se presentó en la que el denunciante ratificó su denuncia, ocasión en la que la defensa fue maltratada injustamente, sin que se adoptaran las medidas correctivas para asegurar la igualdad de las partes en el proceso”.

Por último, el texto del comunicado informa que César Valencia y su defensa concurrirán a las demás audiencias que se convoquen para que se recauden las pruebas ordenadas y decretadas de tiempo atrás.

Sin embargo, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara quedó inconforme con la ausencia del magistrado a la audiencia, donde asistió Álvaro Uribe y su abogado Jaime Lombana.

Allí, el primer Mandatario dijo que la denuncia fue presentada para “defender la honra de las instituciones democráticas, de la institución presidencial y de su honra personal”, y reiteró que “jamás llamó al magistrado César Julio Valencia Copete” para preguntar por la investigación que la Corte le adelantaba a su primo, el ex congresista Mario Uribe.

La Comisión de Investigación y Acusación le dio plazo de tres días a César Julio Valencia para que explique su ausencia.

Por su parte, el abogado defensor del presidente Uribe, Jaime Lombana, le solicitó a la Comisión que llamara a declarar a los nueve magistrados de la Sala de Casación Penal para saber si el Mandatario los había llamado a preguntar por el proceso de Mario Uribe.

Lombana además dijo: “En un proceso penal uno no puede excusarse a través de un comunicado sin radicar una excusa ante el propio juez natural, argumentando razones que nada tienen que ver con esa investigación”. “Ellos pueden no conciliar pero tienen una obligación mínima de respetar a su juez natural y de asistir y decir: ‘no conciliamos’”, agregó.

El presidente Uribe instauró una denuncia por injuria y calumnia contra César Valencia Copete porque éste dijo que el Mandatario lo llamó a preguntar por el proceso de Mario Uribe.


martes, 11 de agosto de 2009

Piden investigar beneficios a Valencia Cossio en la cárcel


INVESTIGAR SI el ex director de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio, está gozando de beneficios en prisión, pidió el ente acusador a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema.

Según la fiscal delegada ante el alto Tribunal, Ángela María Buitrago, Valencia Cossio se moviliza en carros del Ministerio del Interior, asiste a lugares públicos como restaurantes y también lo acompaña un escolta de la Policía.

La Fiscal delegada denunció que el ex Director de Fiscalías de Medellín supuestamente tiene un celular en la cárcel La Picota y también lo asiste un masajista personal: “Todas estas circunstancias se deben precisamente a la libertad y a la generación de unos privilegios que no tienen ningún sentido en el momento en que nos ocupa esta investigación”, dijo.

Sin embargo, el ex funcionario negó los señalamientos. “Nosotros no podemos tener celular en la cárcel, hay unos tarjeteros que están autorizados por el Inpec y son utilizados por todos los internos, los 5.500 que están en todos los diferentes pabellones de la cárcel La Picota”, expresó Valencia Cossio. Y, con respecto al tema del masajista señaló que “son terapeutas de sanidad el Inpec”.

La Fiscal le solicitó a la Corte que ordene una investigación por estos hechos, petición que fue apoyada por el Procurador delegado.

Valencia Cossio también dijo que el Policía que asiste al juicio en la Corte Suprema de Justicia, es el escolta de su sobrino, hijo del ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, y que por lo tanto él es abogado y lo asiste como asesor en el juicio.

La solicitud de la Fiscalía fue hecha en desarrollo de la audiencia de juzgamiento que se le sigue a Valencia Cossio por sus presuntos nexos con Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario.

En la misma, la Fiscalía reveló ayer otras grabaciones entre el empresario Felipe Sierra, Valencia Cossio y alias Pastrana, hombre de confianza de alias El Indio, socio de Don Mario.

La fiscal Buitrago señaló que en dichas grabaciones se evidenciaría el tráfico de influencias ante Indumil para la compra de armas a través de la firma Control Total, que pertenece a Felipe Sierra. Buitrago.


sábado, 8 de agosto de 2009

Cada hora policía decomisa siete armas de fuego


CADA HORA la Policía decomisa siete armas de fuego, al tiempo que denunció que en lo corrido del presente año 20 niños han perdido la vida por disparos, mientras que otros 53 fueron sorprendidos en la comisión de delitos con pistolas, revólveres y otros artefactos.

Según el Director de Seguridad Ciudadana de la Policía, general Orlando Páez Barón, en 72 horas fueron halladas 1.119 armas de fuego y más de 28 mil municiones.

Páez Barón explicó que durante los operativos de presencia y control en las principales ciudades del país, se logró el decomiso de 446 armas de fuego legales, 673 armas ilegales, 120 kilos de explosivos, 28.744 municiones y 244 accesorios.

El oficial precisó que durante los operativos se registraron 85 capturas por orden judicial con relación al porte de armas de fuego, mientras que otras 394 fueron detenidas en flagrancia.

Dijo en desarrollo de los operativos, la Policía Nacional a la industria militar suspender 18 permisos para la tenencia de armas de fuego decomisadas.

De acuerdo con el oficial, que en lo corrido del presente año, la institución ha incautado 28.912 armas de fuego, de las cuales 7.845 son ilegales, para un promedio de al menos siete decomisos de revólveres, pistolas, escopetas, changones, subametralladoras e incluso fusiles especialmente en Cali, Bogotá, Cúcuta y Medellín.

“En estas cuatro ciudades se registra el mayor índice de porte ilegal de armas de fuego y por lo tanto algunas de las que mayores cifras de homicidio reportan”, indicó.

Afirmó que de las 9.300 muertes violentas registradas en el país desde el primero de enero al 30 de julio, 7.533, es decir, el 81 por ciento, corresponden a homicidios con arma de fuego.

Páez Barón señaló que en lo corrido del presente año trece niños perdieron la vida por accidentes ocasionados con armas de fuego, siete más por balas perdidas, mientras que otros 53 fueron sorprendidos en la comisión de delitos con pistolas, revólveres y toda clase de artefactos.

Reveló que en Colombia oficialmente hay 1.043.637 armas de fuego legales en manos de particulares, concentrados especialmente en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Montería y Bucaramanga.

Aseguró que la Policía Nacional pidió al Congreso de la República expedir una ley que prohíba la venta de armas de fuego a ciudadanos menores de treinta años.


viernes, 7 de agosto de 2009

Procurador pide condenar a Santofimio por caso Galán


CONDENAR A Alberto Santofimio Botero por el magnicidio del líder liberal Luis Carlos Galán, pidió el procurador Alejandro Ordóñez a la Corte Suprema de Justicia.

Para el jefe del Ministerio Público, hay pruebas suficientes para demostrar la participación del ex congresista en el asesinato, entre ellas, el testimonio de John Jairo Velásquez, alias Popeye, principal lugarteniente de Pablo Escobar “Espero que se de sentencia condenatoria en su contra por el delito de homicidio agravado”, declaró Ordóñez.

En el concepto presentado a la Corte Suprema el jefe del Ministerio Público asegura que Santofimio supuestamente tendría nexos con la organización criminal de Pablo Escobar, para asesinar a Galán.

El Procurador también considera que el Tribunal de Cundinamarca valoró indebidamente el testimonio de Popeye.

“Considero que se debe darle más valor al testimonio rendido por Popeye, entre otras por la coincidencia por otros asuntos que hay en el expediente de la investigación”, añadió el Procurador.

El fiscal encargado, Guillermo Mendoza, dijo que “ya no se va a trabajar prescripción (en este caso). Estamos hablando de lo que quedó en actuación todavía y en etapa sumarial”.

Santofimio Botero fue condenado inicialmente a 24 años de prisión como determinar del homicidio de Galán, pero en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá tumbó la sentencia al considerar que las pruebas no eran suficientes.

Luis Carlos Galán fue asesinado el 18 de agosto de 1989 en la plaza principal de Soacha (Cundinamarca), cuando punteaba las encuestas de la campaña presidencial de aquel entonces y se perfilaba como seguro jefe de Estado de Colombia.

Caso Orlando Sierra

Vincular a Ferney y Dixon Tapasco en la investigación por el asesinato del periodista Orlando Sierra, ocurrido el 30 de enero de 2002, pidió el procurador Alejandro Ordóñez, a la Fiscalía.

De acuerdo con el jefe del Ministerio Público, “existen varios procesos judiciales contra las personas en cuestión, procesos de diferente naturaleza y la Procuraduría encontró numerosas pruebas que pidió se trasladen a la investigación por el asesinato del periodista”.

Sierra Hernández, quien se desempeñaba como subdirector del diario La Patria de Manizales, fue atacado a tiros por un sicario el miércoles 30 de enero del 2002 en presencia de su hija y frente a las instalaciones del periódico.

El comunicador dispuso de protección en 1998 por amenazas que recibió, según el proyecto impunidad.com, luego que el dirigente liberal Ferney Tapasco perdió su investidura de diputado previa condena por cobrar dinero para gestionar libretas militares cuando era alcalde de la población de Supía, a mediados de la década del 70.

Corte pide que Uribe opine sobre escándalos de la terna


La sala plena del alto Tribunal no votó por ninguno de los aspirantes. Augusto Ibáñez descartó que vayan a devolver la terna

UNA INVITACIÓN al presidente Álvaro Uribe para que le explique a la Corte Suprema de Justicia los recientes escándalos que han rodeado a los tres integrantes de la terna para ser Fiscal General, fue anunciada por el presidente de la corporación, Augusto Ibáñez Guzmán.

Después de más de dos horas de analizar la situación de la terna, los 23 magistrados que componen la Sala Plena de la alta Corte coincidieron en que es importante que quien conformó la terna, el presidente Uribe, evalúe las denuncias que se han hecho públicas contra algunos de los postulados.

“La Corte consideró aconsejable pedir la opinión del Presidente de la República, sin desmedro de sus facultades constitucionales, para escuchar sobre los temas que han sido objeto de medios de comunicación sobre cada uno de los candidatos. Obviamente no se entró al estudio de ninguno de ellos, sino queremos tener una expresión de la presidencia de la República sobre el tema”.

Augusto Ibáñez enfatizó en que lo que quiere la Corte Suprema es que el Primer Mandatario se refiera al tema y emita “alguna información o concepto sobre lo que ha salido en los medios de comunicación sobre los candidatos puestos en la terna”.

Sin embargo, el presidente de la Corte aseguró que la corporación no está pensando en devolver la terna a la presidencia de la República ni ha puesto en tela de juicio las facultades del presidente Uribe para conformarla.

En consecuencia, la Corte Suprema no realizó votación alguna por los tres aspirantes, por lo que el proceso podría tardar varias semanas más.

La terna está integrada por el ex embajador ante la OEA Camilo Ospina, el ex consejero de Estado Juan Ángel Palacio Hincapié y la abogada litigante Virginia Uribe.

El escándalo al que hace referencia el alto Tribunal es una denuncia que tenía en su contra uno de los aspirantes, el ex magistrado del Consejo de Estado Palacio Hincapié.

La denuncia había sido interpuesta por el magistrado auxiliar de la Sección Tercera del Consejo de Estado Hugo Alberto Marín, quien había sindicado a Palacio Hincapié de ofrecerle dinero a cambio de realizar un proyecto de fallo específico que debía poner a consideración del consejero Mauricio Fajardo y de la Sección correspondiente.

De hecho, una grabación interceptada por la Policía Judicial, que actuó como consecuencia de una denuncia interpuesta el año pasado, entre el aspirante a ser fiscal general, el ex consejero de Estado Juan Ángel Palacio Hincapié y el magistrado auxiliar Hugo Marín, dejó al descubierto que el jurista sí estaba enterado de un proceso que estaba en trámite en otro despacho del mismo Consejo de Estado y del que él mismo había negado su conocimiento.

Por otro lado, fue abiertamente criticada la audiencia convocada por la Corte Suprema con el fin de escuchar a los tres postulados para que expusieran su hoja de vida y respondieran las preguntas de los magistrados.

En particular, quedó en evidencia el incipiente conocimiento en temas como el sistema penal acusatorio.

Otra de las críticas que sonó bastante es que ninguno de los aspirantes fuera penalista, pues eventualmente el Fiscal General deberá adelantar personalmente investigaciones contra altos funcionarios por su fuero.

Por último, Ibáñez Guzmán anunció que se convocó la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia hasta el jueves 20 de agosto, para así darle tiempo al presidente Uribe de responder la solicitud de la corporación.


jueves, 6 de agosto de 2009

Juez declara culpable a Murcia de lavado de activos


POR LOS delitos de lavado de activos y captación ilegal, masiva y habitual de dinero, fue declarado culpable David Murcia Guzmán, por el juez cuarto especializado de Bogotá, Roberto Reyes.

En opinión del juez, las pruebas fueron suficientes para declarar a Murcia Guzmán responsable de lavado de dinero, el delito más grave que se le imputaba y por el que se le ha relacionado con el narcotráfico.

Murcia Guzmán, quien está pedido en extradición por la justicia de Estados Unidos, podría ser condenado a entre 12 y 15 años de prisión.

En mayo pasado, Murcia Guzmán, detenido por una millonaria estafa a través de la comercializadora DMG, fue pedido en extradición por la justicia de Estados Unidos que lo acusa de lavado de activos por cuantía superior a los dos millones de dólares.

Murcia fue capturado en noviembre en Panamá y deportado a Colombia donde era procesado por captación ilegal de dinero y blanqueo de capitales, en el marco de una estafa a través de un esquema que prometía rendimientos de hasta 300% en un semestre, a través del cual llegó a captar unos 920 millones de dólares.

La esposa de éste, Johanna Ivette León, quedó libre en marzo pasado en Uruguay a donde huyó tras ser acusada de colaborar en el fraude, después que la Fiscalía colombiana desistiera de pedir su extradición por las exigencias jurídicas que Montevideo hacía para concederla.

El escándalo de DMG ha salpicado a importantes funcionarios, a políticos y a periodistas señalados de recibir millonarios pagos a cambio de colaborar con la empresa de Murcia.

La Fiscalía Delegada aseguró que el fundador de la firma DMG no pudo refutar las 145 pruebas presentadas al proceso.

La parte acusatoria afirmó que la firma DMG captó en un año la suma de 4.8 billones de pesos La Procuraduría también pidió la condena contra David Murcia por los delitos de captación ilegal de fondos y lavado de activos.

Tanto la fiscal del caso, Luz Ángela Bahamón, en una intervención que duró más de cinco horas, como el delegado de la Procuraduría, habían pedido en horas de la mañana que Murcia Guzmán fuera condenado.

Dos de los principales socios de Murcia Guzmán, la abogada Margarita Pabón, y el publicista Daniel Ángel Rueda, purgan en la actualidad condenas por más de cuatro años, luego de haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía y aceptar los cargos.

Entre tanto, William Suárez, cuñado de Murcia Guzmán y segundo al mando de la comercializadora, aceptó los cargos que le formuló la Fiscalía y firmó un acuerdo para entregar 36 mil millones de pesos para reparar a su víctimas y tendrá que cumplir una condena de seis años de prisión.

Amparo Guzmán de Murcia, la mamá del cerebro de DMG, también espera una decisión de la justicia en su caso y su proceso se encuentra en etapa preparatoria.


Hoy podrían escoger al próximo Fiscal en propiedad


La última ronda de votaciones había quedado así: ocho magistrados respaldaron al ex embajador ante la OEA y siete votaron a favor del ex consejero de Estado.

EN MEDIO de más denuncias que han surgido contra el ex consejero Juan Ángel Palacio Hincapié, aspirante a convertirse en el próximo Fiscal General, hoy la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia retomará de nuevo las votaciones para escoger al sucesor de Mario Iguarán.

La semana pasada el alto Tribunal había designado al vicefiscal Guillermo Mendoza Diago como fiscal general encargado, mientras escogía al director del ente investigador en propiedad.

La última votación, llevada a cabo hace un par de semanas, había arrojado el siguiente saldo: ocho magistrados respaldaron al ex embajador ante la OEA Camilo Ospina, siete votaron a favor del ex consejero de Estado Juan Ángel Palacio Hincapié y ocho lo hicieron en blanco.

Sin embargo, el próximo Fiscal General deberá obtener como mínimo 16 votos de los 23 magistrados que componen la Sala Plena de la Corte Suprema.

Atrás quedó la idea de regresar la terna al presidente Álvaro Uribe por inconformismo con los aspirantes, y las votaciones mayoritarias en blanco. Al parecer, la alta Corte se concentrará en elegir entre los integrantes de la terna (Camilo Ospina, Juan Ángel Palacio Hincapié y Virginia Uribe) al próximo Fiscal General, dijeron fuentes consultadas por EL NUEVO SIGLO al interior del alto Tribunal.

Reacciones a la elección

La organización Elección Visible, que agrupa a varias ONG y hace seguimiento al proceso de selección del Fiscal General de la Nación, reiteró su llamado a los candidatos al cargo: al ex ministro de Defensa Camilo Ospina, al ex consejero de Estado Juan Ángel Palacio, y a la ex asesora del Ministerio de Transporte Virginia Uribe para que declinen su aspiración.

En un nuevo comunicado, la organización pidió a la sociedad civil que se una a su petición para que el Gobierno postule a otras tres personas y el proceso de selección del Fiscal avance en la Corte Suprema de Justicia.

“Reiteramos que esto no implica una aceptación de los cuestionamientos que se han conocido en las últimas semanas, sino que deben ser vistos como una muestra de que los intereses principales del Estado se encuentran por encima de sus aspiraciones personales de ejercer el segundo cargo más importante del país”, dice el comunicado.

Este llamado de Elección Visible se dio después de conocerse una denuncia contra Juan Ángel Palacio Hincapié por presunto soborno para influir en un fallo del Consejo de Estado.

La denuncia

La denuncia había sido interpuesta por el magistrado auxiliar de la Sección Tercera del Consejo de Estado Hugo Alberto Marín, quien había sindicado a Palacio Hincapié de ofrecerle dinero a cambio de realizar un proyecto de fallo específico que debía poner a consideración del consejero Mauricio Fajardo y de la Sección correspondiente.

Debido a la denuncia, Palacio Hincapié le había solicitado a la Corte Suprema de Justicia escucharlo para explicar la denuncia que en su contra había archivado la Fiscalía en marzo de este año.

Sin embargo, hace dos semanas el órgano de cierre de la justicia ordinaria se negó a escuchar de nuevo al ex consejero de Estado, después de haber realizado una audiencia pública en la que los tres aspirantes expusieron sus hojas de vida y respondieron preguntas de los magistrados.


miércoles, 5 de agosto de 2009

Padre del director del DNE negociaba bienes incautados


Omar Figueroa Reyes aseguró que el pasado 20 de julio denunció ante la Fiscalía a su progenitor Adolfo Figueroa Abella.

EL DIRECTOR de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Omar Figueroa Reyes, aseguró que denunció a su padre Adolfo Figueroa Abella, porque éste estaba negociando varias fincas incautadas por esa oficina.

Según unas grabaciones divulgadas ayer por La W, Figueroa Abella, ex alcalde de Sogamoso, aseguraba que hacía las negociaciones con el consentimiento de su hijo.

En las grabaciones se constata que el doctor ají, como es conocido Omar Figueroa en Boyacá, ofrece varias fincas a través de un emisario suyo, llamado Luis Agreda, a una señora con la que, según se ha establecido, se reunieron para tratar de concretar el negocio.

En el diálogo se habla de un plan montado entre Agreda y Figueroa para sacar a unos depositarios de Tauramena.
Después de esto, los dos sujetos conversaron sobre la entrega de 30 millones de pesos y la forma como entregarán las fincas La Laguna y La Tribuna ubicadas en Puerto López, incautadas a los dos abogados señalados de defraudar a Cajanal.

En las grabaciones se advierte que, al finalizar la reunión, el doctor ají le indica a la señora, llamada Liliana Garavito, que si no se paga la totalidad del dinero no le entregarán los predios.

Garavito le pregunta al padre del Director de Estupefacientes qué pasaría si a su hijo lo sacan de la oficina y Figueroa responde que “no hay problema porque eso ya está entregado mediante un contrato”.

Según quedó demostrado en el reclamo que la mujer víctima del engaño de Figueroa y Agreda hizo ante la DNE y la Fiscalía, ésta habría entregado 210 millones al padre de Omar Figueroa Reyes a fin de adquirirlos predios ya mencionados.

Al conocer la situación, el director del DNE aseveró que desconocía los negocios que adelantaba su padre con los bienes incautados y explicó que por esta razón, al enterarse, tomó “la dolorosa decisión de denunciarlo ante la Fiscalía el pasado 20 de julio”.

Aunque la finca en cuestión fue entregada a Garavito, Figueroa Reyes negó que él hubiera realizado la entrega de la misma y acotó que, tan pronto como se dio cuenta de lo sucedido, revocó inmediatamente el acto administrativo con el objetivo de recuperar el predio.

El director de la Dirección Nacional de Estupefacientes señaló que “realmente me sorprende este tema, es un tema que no es fácil asimilarlo”.
Asimismo, agregó que fue víctima de una extorsión por parte de la señora a quien le entregó la finca.

Según explicó Figueroa Reyes, se enteró del tema cuando “me empiezan a mandar emisarios para decirme que yo tengo que acceder a la firma de los contratos”.
El funcionario manifestó que deja a disposición del Ministerio de Defensa su permanencia en el cargo.

Adolfo Figueroa Abella fue alcalde de Sogamoso, Boyacá, y es conocido en la región como el doctor Ají, fue destituido en 1992 y cinco años después ofició como gerente de la Electrificadora de Boyacá. Estuvo detenido tres meses por el delito de peculado.

La Dirección de Estupefacientes maneja más de 400 mil bienes incautados a la mafia y asigna a dedo la administración de los mismos.


martes, 4 de agosto de 2009

Cuenta regresiva para decisiones en caso chuzadas


Al habérsele cumplido el período a Mario Iguarán como director de la Fiscalía, perdió vigencia la recusación que cursaba en su contra. El actual fiscal encargado deberá tomar las determinaciones en el proceso.

EL PROCESO de las chuzadas del DAS, que actualmente tiene la Fiscalía, tomará un nuevo rumbo con la salida de Mario Iguarán y la designación de Guillermo Mendoza Diago como fiscal encargado, ya que la recusación que fue interpuesta en la Corte Suprema de Justicia contra el primero no tendría vigencia con la cesación de su cargo el pasado 31 de julio.

La recusación había sido interpuesta por los cuatro ex directores del DAS sindicados de haber propiciado las interceptaciones ilegales, para que la investigación no fuera asumida directamente por Mario Iguarán. Según los procesados, el ex Fiscal General se debió haber declarado impedido porque se habría pronunciado públicamente sobre el caso y era él quien de manera directa asumiría la investigación por el alto cargo de los implicados.

Sin embargo esta recusación, cuyo estudio por parte de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia todavía demoraría varias semanas, no tendría efectos directos sobre la investigación que adelanta la Fiscalía en el caso de las chuzadas, le explicó un magistrado de la alta Corte a EL NUEVO SIGLO.

Según el alto jurista que pidió la reserva de su nombre, cuando se interpone una recusación o existen impedimentos, su estudio carece de objeto si el recusado ya no pertenece a la entidad o institución en la que ejercía las funciones que fueron objeto de la querella.

En consecuencia, Mendoza Diago, actual fiscal general encargado, deberá asumir directamente las investigaciones contra los cuatro directores del DAS indagados, y tomar las respectivas decisiones dentro del proceso.

A estos ex funcionarios del DAS -que actualmente se encuentran en poder de las autoridades- se suman los nombres de José Miguel Narváez, ex subdirector de la institución, y Martha Leal, ex subdirectora de operaciones, quienes ayer se entregaron a la Fiscalía.

La orden de captura contra Narváez y Leal había sido expedida por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, junto con la de otros ocho ex funcionarios que ya se encuentran en poder de las autoridades.

José Miguel Narváez, ex subdirector del órgano de inteligencia en la época de Jorge Noguera, es acusado de haber conformado el G-3, grupo encargado de realizar las interceptaciones y seguimientos ilegales a congresistas del Polo Democrático, representantes de ONG y magistrados, entre otros.

Los que ya habían sido capturados por el CTI de la Fiscalía son: Jorge Alberto Lagos, ex jefe de contrainteligencia; Fernando Tabares, ex jefe de inteligencia; Carlos Arzayus, Luz Marina Rodríguez y Hugo Daney Ortiz, ex subdirectores de operaciones; y los ex directores seccionales Jacqueline Sandoval, Jorge Armando Rubiano y José Alexander Velásquez.

No obstante, las decisiones más importantes las tomará el ex vicefiscal general Guillermo Mendoza contra los ex directores del DAS Jorge Noguera, Andrés Peñate, María del Pilar Hurtado y Joaquín Polo.

Los cuatro ex funcionarios ya rindieron indagatoria en la Fiscalía, que les elevó pliego de cargos: “Se aprecia que los integrantes de esta empresa criminal, liderada por el propio director de turno del Departamento, idearon, acordaron y pusieron en marcha un propósito por fuera de los cauces legales, no con la finalidad para la cual está creado el DAS, sino para satisfacción de intereses oscuros aún no determinados”, reveló La FM.

Según la Fiscalía, este plan para realizar interceptaciones ilegales fue orquestado desde la administración de Jorge Noguera, quien además es investigado por presuntos nexos con los paramilitares.

Mendoza Diago deberá decidir ahora si los llama a juicio o no.