Arias indultaría a militares por retoma del Palacio de Justicia

El aspirante presidencial conservador anunció que desde el Gobierno expulsaría a las ONG que, según él, apoyan a las Farc.

INDULTO PARA los miembros de la Fuerza Pública que participaron en la retoma militar del Palacio de Justicia, en 1985, y que son procesados por delitos de lesa humanidad, propuso el precandidato presidencial conservador Andrés Felipe Arias.

Tras lamentar que los guerrilleros del M-19 que “acabaron el Palacio de Justicia” puedan ser gobernadores y congresistas, declaró que es “incomprensible” que los oficiales que realizaron la retoma militar sean “perseguidos, humillados y encarcelados; eso no lo entiende nadie, eso no lo entiende el pueblo colombiano, eso no es coherente, y así nunca vamos a ganar esta guerra”.

Arias se refirió al tema este fin de semana, durante la presentación de su programa de seguridad, que denominó “seguridad democrática, punto final”. La concentración en la que se anunció el programa se realizó en el coliseo Bello Horizonte, de Pradera, Valle.

Retoma

Recogiendo las versiones de Carlos Castaño y John Jairo Velásquez, alias Popeye, descartadas por los periodistas Steve Dudley y Fabio Castillo, investigadores del tema, acerca de la financiación de la toma ejecutada por un grupo de guerrilleros del Movimiento 19 de Abril (M-19) por parte del Cartel de Medellín, Arias dijo que, desde el Gobierno, le pediría a “la Fiscalía que también declare como delito de lesa humanidad el holocausto del Palacio de Justicia, porque ya declararon a todos los delitos de Pablo Escobar como delitos de lesa humanidad y el único que no han declarado de lesa humanidad es el Palacio de Justicia”.

“Y declarado como un delito de lesa humanidad, que se reabran los procesos del terrorismo del M-19, en ese entonces, para que haya coherencia y para que haya equilibrio; y si no es así, y que quede constancia, yo, como presidente, voy a buscar un indulto para los oficiales que nos defendieron en ese momento, en el holocausto del Palacio de Justicia”, dijo Arias.

“Si se ha indultado el terrorismo en vez de haberlo encarcelado, si se ha indultado el terrorismo sin la verdad, justicia, reparación, ¿por qué se persigue a los oficiales y a los militares que nos defendieron en ese momento? Eso no lo vamos a aceptar nosotros, porque eso no es coherente”, indicó.

El 6 de diciembre de 2005, el Consejo de Estado reconoció la responsabilidad del Estado colombiano en la desaparición de Cristina Guarín. Con base en ese antecedente, la Fiscalía reabrió el proceso, fue vinculando progresivamente al coronel Edilberto Sánchez, ex comandante del B2; al coronel Luis Alfonso Plazas, que dirigió la retoma; al general Iván Ramírez, ex comandante del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (Coici); al general Rafael Samudio, ex comandante del Ejército; y al general Jesús Armando Arias, ex comandante de la Brigada 13.

De acuerdo con el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad.

ONG

En su intervención, Arias también se quejó del “exceso de las ONG internacionales que son fachada del terrorismo. Nadie se opone al respeto de los derechos humanos”, precisó; “pero ese respeto, que es sagrado, no puede prestarse para que esas ONG nacionales e internacionales vengan a hacer a Colombia trabajo político en favor de la guerrilla”.

Advirtió que en su Gobierno “esas ONG van a tener que rendir cuentas: que muestren sus libros de contabilidad, que informen sus movimientos. Y así, como en muchos otros países, cada ONG va a tener que recibir autorización del Gobierno para que pueda operar en Colombia. No más extranjeros de esas ONG en Colombia alentando a las Farc en marchas, en manifestaciones o en paros; y si no les gusta a esas ONG, así se me venga Vivanco encima, así se me venga Chávez encima, los vamos expulsando del país”.

Arias presentó estas y otras ideas sobre seguridad, en Pradera, donde el 4 de febrero de 2008, siendo aún ministro de Agricultura, lideró una marcha hasta Florida, en contra de la posibilidad de despejar esos municipios para negociar un acuerdo humanitario.

Por ese entonces, el presidente Álvaro Uribe dijo que lo veía como su posible sucesor, razón por la cual algunos sectores políticos que no hacen parte de la coalición de gobierno lo acusaron de estar en campaña presidencial y de participar indebidamente en política.