viernes, 11 de diciembre de 2009

Piden investigar a jueces 63 que fallaron tutelas contra Telecom


INVESTIGAR DISCIPLINARIAMENTE a 63 jueces de los departamentos de Córdoba, Antioquia y Bolívar, entre otros, que a través de acciones de tutela y conciliaciones han beneficiado de forma irregular a ex trabajadores de la liquidada Telecom, pidió el procurador Alejandro Ordóñez al Consejo Superior de la Judicatura.

Ante la petición de la Apoderada General del Patrimonio Autónomo de Remanentes, PAR, de Telecom, el Ministerio Público intervino en el caso y encontró que en los temas de fuero sindical, retén social y plan de pensión anticipada, estos jueces revivieron un debate procesal que ya había sido absuelto mediante decisiones que dieron tránsito a cosa juzgada.

Entre los casos revisados por la Entidad se encuentran algunos en los que transcurrieron tres y cinco años, a partir de la fecha en que fueron retirados los trabajadores que no tenían derecho, entre otros, al plan anticipado de pensión o al retén social y frente a los cuales se profirieron fallos de tutela irregulares, con el pretexto de evitar un supuesto perjuicio irremediable por hechos ocurridos hace muchos años, y cuando en la mayoría de las situaciones se reconoció y se canceló una indemnización por la terminación del contrato.

También señaló la Procuraduría que en los fallos de tutela se evidencian irregularidades como la improcedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de los supuestos derechos conculcados, dado que este mecanismo procede únicamente en el evento de que no exista otro mecanismo de defensa judicial, salvo cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, a sabiendas de que existen las acciones ordinarias ante la jurisdicción laboral para solicitar el reconocimiento de las posibles acreencias laborales y protección de los derechos conculcados.

La ausencia de un perjuicio irremediable, toda vez que en la totalidad de los casos fueron canceladas las indemnizaciones respectivas y pagadas las acreencias laborales a las que tenían derecho los trabajadores retirados.

No aplicación de las normas del procedimiento civil en lo atinente a embargos y posteriores órdenes de pago de las sumas reconocidas, toda vez, que no se corrió traslado de la liquidación del crédito a la entidad demandada.

Es así, como el Procurador General advierte que se está ante un caso de ejercicio abusivo de la acción de tutela, con serias implicaciones disciplinarias y penales para los servidores públicos, apoderados y peticionarios implicados en los hechos y se está causando un detrimento patrimonial, que según los denunciantes será de aproximadamente $600.000 millones de pesos.


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