Si delinquen ex paras no pierden gabelas de justicia

UNA NUEVA jurisprudencia frente a la comisión de delitos por parte de los desmovilizados acogidos a la ley de Justicia y Paz, después de la expedición de ésta, presentó la Sala de Casación Penal.

Según el alto tribunal, si los beneficiarios de Justicia y Paz siguen cometiendo delitos permanentes por los que se desmovilizaron y mantienen el propósito de sometimiento voluntario y de contribución a la paz nacional, pueden seguir aspirando a una pena alterna y no perder los beneficios de la ley.

Esta nueva jurisprudencia se contrapone a la asumida hasta la fecha, según la cual, si el acogido a Justicia y Paz seguía delinquiendo, perdía dichos beneficios y tenía que ser juzgado por un juez penal ordinario.

“El entendimiento de la norma que predica que la ley de Justicia y Paz es aplicable a hechos que hayan tenido ocurrencia antes de la vigencia de la ley 975, permite dar cabida a las conductas permanentes que trascienden a la fecha de vigencia de la ley de Justicia y Paz, y cuya comisión permanente se extiende hasta la desmovilización del postulado, siempre y cuando el juez verifique que el procesado mantiene vigentes los propósitos fundamentales para hacerse merecedor de las penas alternativas que ofrece el sometimiento a Justicia y Paz: el cese de hostilidades, el compromiso de abstenerse de cometer conductas ilícitas, que contribuya de manera efectiva a la consecución de la paz nacional con actos orientadas a desmantelar el grupo (que revele las fuentes de financiamiento, los nexos con promotores económicos, ideológicos) y que contribuya a la reparación de víctimas”, conceptuó la Corte.

Esta jurisprudencia fue presentada en el caso del jefe paramilitar Walter Ochoa, alias el Gurre, quien después de haberse desmovilizado fue acusado de seguir cometiendo los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, y, uso privativo de las Fuerzas Armadas y utilización de uniformes e insignias.

Un magistrado de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá se había declarado impedido para conocer de la imputación parcial de cargos contra Ochoa por los delitos cometidos después de la desmovilización.

Sin embargo, la Corte le ordenó al magistrado seguir con el procedimiento de imputación de cargos y no excluir al desmovilizado de Justicia y Paz.

“Desde esa perspectiva, en clave del proceso de justicia restaurativa, las conductas permanentes previstas de concierto para delinquir, fabricación tráfico y porte de armas de fuego de defensa personal y de uso privativo de las fuerzas Armadas y utilización ilegal de uniformes e insignias resisten el criterio de ponderación por parte del juez de Justicia y Paz, que le permita predicar que a pesar de permanecer en el tiempo la conducta ilícita (con posterioridad a la vigencia de la ley y hasta la fecha de desmovilización colectiva o individual), también se mantiene el férreo propósito de sometimiento voluntario y de contribución a la paz nacional”, dictaminó la Sala Penal de la máxima corporación judicial.

Sin embargo, la Corte fue enfática en dictaminar que si el postulado a Justicia y Paz sigue cometiendo delitos de lesa humanidad, como desaparición forzada y genocidio, no puede aplicársele esta jurisprudencia y debe ser excluido de los beneficios.