Desclasifican archivos de EU sobre Palacio de Justicia

Según lo comprobaron los periodistas de EL NUEVO SIGLO, accediendo al Archivo Nacional de Seguridad, de Estados Unidos (The National Security Archive, http://www.gwu.edu/~nsarchiv/), documentos sobre la desaparición de 10 civiles en 1985, durante la retoma militar del Palacio de Justicia, en Bogotá, fueron desclasificados y divulgados ayer.

Los documentos puestos en conocimiento de la opinión pública incluyen un telegrama sobre las acciones de los soldados bajo el mando del coronel Alfonso Plazas, que esta semana fue condenado a 30 años de prisión.

Según el Instituto, el telegrama de 1999 de la Embajada de Estados Unidos dice que ese comando bajo la orden de Plazas, coronel en retiro del Ejército Nacional, “mató un número de miembros del M-19, miembros y colaboradores sospechosos fuera de combate, incluidos los trabajadores de la cafetería del Palacio”.

Bajo el título de Documentos desclasificados implican a coronel del Ejército en asesinatos de civiles y desapariciones, el Archivo Nacional de Seguridad, los informes de la embajada norteamericana en Bogotá, obtenidos en colaboración con la Comisión de la Verdad sobre el Palacio de Justicia, “arrojan luces sobre cómo el Gobierno colombiano y las Fuerzas Militares respondieron a la crisis, indicando un acuerdo generalizado de que la operación debía llevarse a cabo rápidamente y con toda la fuerza, si era necesario”.

El Archivo Nacional de Seguridad es una institución no gubernamental sin fines de lucro que funciona al amparo de la Universidad George Washington, y que se dedica a recoger, analizar y desclasificar documentos de diversos organismos del Gobierno de Estados Unidos a través de la Ley de Libertad de Información.

Critican a Uribe

La Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh) deploró ayer que el Gobierno de Colombia haya expresado su “repudio y pena” por la condena a 30 años de cárcel a la que la justicia sentenció al coronel Plazas.

“La Fidh deplora que el Gobierno colombiano exprese repudio y pena porque se sancione un crimen de lesa humanidad como la desaparición forzada de personas”, indicó la entidad en un comunicado difundido en París.

Según la organización defensora de derechos humanos, ese “tipo de reacciones sólo puede contribuir a que en el marco del conflicto armado interno se promuevan graves violaciones de derechos humanos so pretexto de derrotar al terrorismo”.

Amnistía Internacional, por su parte, criticó la propuesta de crear una legislación especial para los miembros de las Fuerzas Armadas.

“Blindar las fuerzas de seguridad del procesamiento sería una mofa del Gobierno a los reclamos sobre la impunidad y el respeto que debe tener de sus obligaciones internacionales para llevar a todos los abusadores de los derechos humanos a la justicia”, dijo Marcelo Pollack, investigador de Colombia para Amnistía Internacional (AI).

Los efectivos de las Fuerzas Armadas son procesados actualmente por la Fiscalía General y la justicia ordinaria, y no por tribunales militares, como hasta hace algunos años.

“La crítica destemplada y muy pública del Gobierno y del alto mando militar a la decisión de condenar al ex coronel Plazas Vega es sólo el último de los muchos intentos de las autoridades para desacreditar al poder judicial y hacer descarrilar uno de los derechos humanos fundamentales”, agregó Pollack, quien recordó que numerosos mandos militares han sido investigados en los últimos años por las cortes civiles y destacó que “los escasos progresos que se han realizado hasta ahora corren el serio riesgo de ser socavados por el Gobierno”.

El investigador de AI advirtió de que “los repetidos ataques contra la integridad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia amenazan la independencia judicial y el Estado de derecho”.