En consecuencia, tanto Aranguren como Luis Eduardo Daza, ex subdirector de Análisis y operaciones de la misma entidad, seguirán privados de la libertad dentro del proceso que se adelanta por el escándalo de las chuzadas, los seguimientos e interceptaciones ilegales realizados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).La medida les había sido impuesta a los ex funcionarios de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (Uiaf), del Ministerio de Hacienda, el 31 de mayo pasado por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato y abuso de autoridad.
La juez señaló que no hubo ninguna irregularidad en la primera decisión, y ratificó que Aranguren y Daza, según dijo, sí representan un peligro para las víctimas, magistrados y dos congresistas, y para la sociedad; además señaló que no se concede el beneficio de detención domiciliaria porque la solicitud no se hizo en el debido momento.
La determinación se tomó ayer en los juzgados de Paloquemao, luego de que la juez 52 penal con control de garantías les dictara medida de aseguramiento. La defensa había apelado la medida.
La decisión de mantener la detención carcelaria se da en medio de los diferentes enfrentamientos que ha tenido esta semana el poder Ejecutivo con la Rama Judicial, quien realizó el miércoles una jornada de protesta por los continuos cuestionamientos del presidente Álvaro Uribe a las actuaciones de los jueces y en especial al de la juez 52 penal Jenny Jiménez, quien ordenó la detención de Aranguren.
El día en que la juez Jiménez tomó la medida de detención, destacó los testimonios de Jorge Lagos, ex jefe de contrainteligencia del DAS, y de Germán Ospina, ex jefe del Goni (Grupo de Observación Nacional e Internacional) y ahora testigo de la Fiscalía. Ospina afirmó que el Goni estaba bajo presión “porque Jorge Lagos y María del Pilar Hurtado pedían datos, porque desde la Presidencia exigían información sobre investigaciones a los magistrados”.
Durante la audiencia, la Procuraduría había pedido la libertad para Aranguren y Daza, en tanto que la Fiscalía había declarado que los argumentos del Ministerio Público y la defensa eran incongruentes.
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