viernes, 31 de julio de 2009

20 años purgarían policías que abusaron de menor


Los cargos corresponden a acceso carnal violento en menor de 14 años y prostitución infantil. Defensa no aceptó imputación.

AYER SE llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra los nueve auxiliares de policía que presuntamente habrían abusado de una menor de edad en el Parque Tercer Milenio de Bogotá.

Según explicó el fiscal General de la Nación Mario Iguarán, los uniformados podrían ser condenados a una pena de entre 15 y 20 años cárcel de llegarse a comprobar su culpabilidad en los delitos que les imputan.

Los nueve policías están sindicados por los delitos de acceso carnal violento en menor de 14 años y pornografía infantil.

De acuerdo con Iguarán, los cargos están sustentados dado que ya se aclaró que la víctima no tenía 14 ni 16 años, sino que era menor. Según explicó el jefe del ente fiscal, “para el momento de los hechos, la niña tenía 12 años. Aquí hay un caso no solo de acceso carnal violento sino de pornografía; no sólo abusaron de la niña y la violaron, sino también que a partir de ese momento disfrutaban dentro de la mayor morbosidad de ese hecho”.

El cargo de pornografía infantil está basado en el video, presuntamente grabado por los procesados, en el que se puede ver a los uniformados al momento del presunto delito.

El Fiscal General lamentó que los sindicados no puedan ser castigados con cadena perpetua, pero señaló que tratarán de que la condena sea contundente y ejemplarizante.

“No pueden ser cobijados con cadena perpetua pero hay unos elementos que nos van a permitir condenarlos, ojalá pudiéramos hablar algún día de cadena perpetua en estos casos”, explicó.

La Fiscalía, en desarrollo de la primera audiencia, pidió cobijar a los detenidos con medida de detención intramural, apoyándose en la investigación que sobre los hechos realizó la propia Policía.

La defensa informó que los procesados no aceptarán los cargos; sin embargo, varios de los sindicados ya aceptaron haber intimado con la menor, quien permanece bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Por otra parte, la concejala de Bogotá Gilma Jiménez, promotora del referendo de prisión perpetua para los violadores de menores de edad, sostuvo que, al parecer, la niña de 12 años de edad, que supuestamente fue violada por los auxiliares bachilleres de Policía, venía siendo abusada sexualmente y no descartó que los hoy procesados hayan pagado para violarla.
Según la cabildante, hay informaciones que apuntan a que la niña venía siendo explotada sexualmente.

Los hechos investigados salieron a la luz pública el pasado 21 de julio, cuando se filtró en algunos medios de comunicación el video en el que se observa cómo, mientras uno de los auxiliares tiene relaciones sexuales con la menor los otros se dedican a tocar instrumentos musicales.

Según explicó en su momento el Comandante de la Policía Metropolitana, coronel César Pinzón, los nueve procesados habían ingresado a la institución tres meses antes del suceso y todos hacían parte del grupo musical de la entidad.

“He quedado totalmente anonadado y avergonzado con esta actitud que no tiene ninguna disculpa por parte de estos auxiliares bachilleres que están prestando el servicio militar en nuestra institución”, comentó, al enterarse de lo ocurrido, el coronel Pinzón.


Dudas sobre Autenticidad de supuesto diario de Raúl Reyes


AL TIEMPO que en Ecuador aseguran que el supuesto diario del abatido vocero de las Farc, Luis Eduardo Devia, alias Raúl Reyes, demuestra que el presidente Rafael Correa no tuvo nexos con esa guerrilla, en Bogotá se conoció que el examen grafológico practicado al mismo, indica que no es legítimo.

De acuerdo con lo que se ha conocido, hace una semana y media llegó a diferentes organismos de seguridad de manera anónima el supuesto documento, lo que dio tiempo para practicar el examen grafológico que dio como resultado su falsedad, según reveló La W.

El supuesto diario de Reyes señala que el 9 de febrero el guerrillero escribió “confiar en Correa (gobernante de Ecuador) fue un suicidio. Todos los aportes en dinero para la campaña de Correa no sirvieron ni para un carajo”.

Y en el último párrafo del 23 de febrero, se lee “estoy cercado, lo siento con toda mi experiencia militar. Mi final está cerca, pero eso no es lo que más me preocupa, lo amargo es tomar conciencia de que caí como un niño en la trampa de Correa”.

Pero según el ministro de Defensa de ese país, Javier Ponce, el manuscrito que involucra a ex funcionarios de Ecuador con esa guerrilla colombiana demostraría que el presidente Correa nunca conoció de los contactos de sus colaboradores con el grupo subversivo.

El gobierno reveló el miércoles un presunto manuscrito de Reyes que compromete a un coronel (r), al ex ministro Gustavo Larrea y su colaborador José Chauvín con la guerrilla colombiana.

De comprobarse su autenticidad, el diario del abatido Reyes estaría demostrando que la “vinculación (con las Farc) era muy localizada en dos o tres personajes relacionados con el gobierno”, sostuvo Ponce.

“Por otra parte, demuestra que el presidente de la República desconocía de cualquier tipo de contacto que se estuviese haciendo a sus espaldas”, agregó el funcionario.

Ponce destacó la divulgación del manuscrito por parte del gobierno y agregó que las personas allí mencionadas deberán aclarar a las autoridades sus presuntas conexiones.

Las autoridades entregaron el manuscrito a la OEA, que media en la crisis que mantiene rotas las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, a raíz de la incursión militar del 1 de marzo de 2008 en que fue abatido Reyes y otras 25 personas.

Ayer el secretario de la OEA, José Miguel Insulza, se reunió con Correa para analizar la situación entre los dos países y los indicios que implican a ex funcionarios ecuatorianos.


jueves, 30 de julio de 2009

Colombia sí advirtió a Chávez sobre armas de Farc


Vicepresidente del vecino país anunció que por ahora no cerrarán la frontera. Secretario de la OEA pide que no haya represalias comerciales.

DESDE EL pasado dos de junio la Cancillería colombiana le ha venido informando a Venezuela la existencia de lanzacohetes en poder de las Farc que hacían parte de la armada del vecino país, leyó en un comunicado de diez puntos el secretario de Prensa de Presidencia César Mauricio Velásquez.

“El pasado dos de junio, el Canciller de Colombia, Jaime Bermúdez, entregó al Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una reunión reservada, en San Pedro de Sula (Honduras), un documento en el cual se evidencia la posesión de esos lanzacohetes por subversivos de las Farc, los cuales hacían parte del lote vendido por el Gobierno de Suecia al Gobierno de Venezuela en 1988”, dice el comunicado expedido ayer por el Gobierno colombiano.

El comunicado también agrega: “En la misma reunión, el dos de junio, en San Pedro de Sula, el Canciller Bermúdez entregó también información documental, en la cual dos cabecillas de las Farc mencionan la colaboración por parte de tres altos funcionarios del Gobierno venezolano en la entrega de lanzacohetes de características similares a los que posteriormente fueron incautados por la Fuerza Pública colombiana en La Macarena”.

Sin embargo, el Gobierno fue enfático en advertir que Venezuela no dio respuesta a esta denuncia: “El Gobierno de Colombia entregó dicha información de manera discreta, con el propósito de obtener una aclaración por parte de Venezuela… A la fecha, Venezuela no ha dado respuesta alguna, no obstante nuestra permanente y reiterada disposición de diálogo”.

No obstante, el vicepresidente de Venezuela Ramón Carrizalez criticó que el Gobierno colombiano no haya usado los "canales" regulares para notificar la aprehensión de armas supuestamente venezolanas a la guerrilla de las Farc.

"Si aparecieron unas granadas, cosa que nosotros dudamos porque estamos acostumbrados a las mentiras y manipulaciones del gobierno de Colombia, pero si aparecieron, creo que existen los canales como para notificarlo y avisarlo", señaló Carrizález, quien además ejerce como ministro de Defensa de Venezuela.

Por último, el comunicado expedido desde Costa Rica, donde el presidente Uribe asiste a la cumbre presidencial del mecanismo de Tuxtla, solicita colaboración de países de la región para evitar el tráfico de armas por la adquisición de misiles por las Farc.

“El grupo guerrillero de las Farc proyecta la adquisición de los misiles tierra-aire a través de traficantes internacionales de armas de otros países”… “El Gobierno de Colombia también ha pedido y pide colaboración a estos otros países, para evitar este tráfico terrorista de armas y capturar a los traficantes”.

El comunicado también expone que en octubre de 2008, la Fuerza Pública colombiana incautó tres lanzacohetes en un campamento de la guerrilla de las Farc, en La Macarena, departamento del Meta, y que el Gobierno sueco confirmó que ese material fue fabricado en Suecia y vendido a Venezuela en 1988.

“El Gobierno de Colombia ha recibido información adicional que demuestra que las Farc viene tratando de obtener misiles tierra-aire”, afirma el escrito.

Aún no se cerrará la frontera

El Vicepresidente venezolano descartó que "por ahora" hayan dado instrucciones para cerrar la frontera con Colombia tras el anuncio del presidente Hugo Chávez de "congelar" las relaciones diplomáticas con Bogotá y retirar al embajador.

"No se ha dado ninguna instrucción para cerrar la frontera o para impedir el paso de mercancías, por ahora", indicó el Vicepresidente, quien advirtió que el Ejecutivo está "evaluando todas las áreas (incluido) el comercio".

Chávez ordenó el martes el retiro de su embajador en Bogotá y la congelación de sus relaciones con Colombia, incluyendo el comercio, y amenazó con romper las relaciones por completo y con expropiar a las empresas del país vecino en caso de recibir una nueva "agresión".

Sin embargo, ayer amaneció cerrada una de las fronteras, la de Arauquita, en Arauca, y en Bogotá no abrió sus puertas el consulado de Venezuela para la atención al público.

Voces desde la OEA

El secretario General de la OEA José Miguel Insulza hizo ayer un llamado a Venezuela y Colombia para que no adopten represalias comerciales recíprocas, al tiempo que ofreció los buenos oficios de la Organización para propiciar el diálogo.

"Espero que los anuncios del presidente Chávez no se lleven a cabo y que, por el contrario, se entre por el camino del diálogo directo y la negociación", dijo Insulza, quien se dijo dispuesto a "ofrecer nuestros buenos oficios si se nos pide".

El Secretario de la OEA también participa en la Cumbre de presidentes de México, Colombia y Centroamérica en Guanacaste, una zona turística del norte de Costa Rica.
Asimismo José Miguel Insulza pidió que se "resuelva ese problema en un espíritu de conciliación y en ningún caso tomar medidas que afectarían a mucha gente".

"A mí me preocupa esto, que no es privativo de ningún país, de que al menor problema empezamos por retirar los embajadores, por lo tanto nos quedamos sin diálogo directo", señaló Insulza en referencia a la decisión venezolana de retirar a su embajador de Bogotá.

Más reacciones

La Iglesia colombiana también se pronunció sobre la crisis colombovenezolana. El secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Juan Vicente Córdoba aseguró no entender la reacción de Venezuela a la denuncia interpuesta por el Gobierno colombiano de las armas incautadas a las Farc que presuntamente provienen del Ejército del vecino país.

"¿Por qué se molestan tanto a una pregunta de causa y efecto?.. Eso tiene sus interrogantes...si eso va a seguir así, donde no hay respeto, debe haber algo oculto que no sabemos qué es", le dijo el prelado a Caracol Radio.

“Pero si ya la dignidad es menoscabada y es atentada, tendríamos que tomar decisiones tal vez de marginarnos un poco económicamente, aunque suframos, eso lo tendrá que sopesar el Presidente y sería como la opinión nuestra: de humildad, dignidad, altura, respeto, pero no por eso humillación ni entrega servil", dijo monseñor Córdoba.

Por último, el secretario de la Conferencia Episcopal sugirió que también sería importante lograr el apoyo internacional de organizaciones como la ONU y la OEA y buscar el consejo de otras naciones.

Disputa debe ir a Consejo de Defensa de Unasur: Brasil

Celso Amorim, canciller brasileño, dijo que su país está dispuesto a trabajar para “recomponer” la confianza entre Venezuela y Colombia: “Creo que sí hay una preocupación” en Venezuela “con relación al nuevo acuerdo militar” entre Colombia y Estados Unidos. “Será bueno que Colombia diga transparentemente de qué se trata”.

Amorim indicó que “Brasil siempre trabajó y seguirá trabajando por la amistad y reconciliación entre esos dos países”, y barajó la posibilidad de que las nuevas rencillas sean discutidas en el Consejo de Defensa de la Unión Suramericana de Naciones (Unasur), que “incluso con ese objetivo fue creado”, apuntó.

Amorim no precisó cuál podría ser el papel de Brasil en esta nueva crisis entre Venezuela y Colombia, pero sí aseguró que se intentará “recomponer” la confianza entre ambos países.

Por su parte, el asesor para asuntos internacionales de la presidencia brasileña, Marco Aurelio García, quien ya tenía previsto viajar a Caracas el viernes por otros asuntos, adelantó ayer que la crisis con Colombia es uno de los temas que tiene planeado discutir con el presidente Chávez y otras autoridades del Gobierno venezolano.


miércoles, 29 de julio de 2009

Suecia suspende venta de armamento a Venezuela


EU no tercia en la controversia entre los gobiernos de Bogotá y Caracas. Presidente venezolano firmó acuerdo con Rusia

En momentos en que el presidente Hugo Chávez firmaba un acuerdo de cooperación militar con Rusia, Suecia anunció la suspensión de la venta de armamento a Venezuela y exigió una explicación de por qué material de ese país negoció con Caracas, terminó en manos de las Farc.

De acuerdo con la información oficial, el malestar del gobierno de Suecia radica en el incumplimiento de un pacto firmado por Chávez, según el cual no vendería ese material.

Además, desde la casa presidencial de Estocolmo se ha solicitado un pronunciamiento oficial por el hallazgo, en un campamento de las Farc en territorio colombiano, de varios lanzacohetes del modelo AT4…Que todavía están en uso.

El director del Servicio de Inspección de Productos Estratégicos, Jan Erik Lovgren, afirmó que al verificar las series de los cohetes antitanque y de algunas municiones, se puede confirmar que este material de guerra fue vendido a Venezuela en 1988.
“Este caso se tipifica como una clara violación a acuerdos en licencias de uso y convenciones internacionales. Este caso es muy grave”, aseguró Lovgren.

“Por información que recibimos del gobierno colombiano y después de verificar los números seriales de estas armas que fueron encontradas en Colombia, podemos confirmar que fueron vendidas al gobierno venezolano a finales de los años ochentas”, precisó.

“El gobierno de Venezuela se comprometió a no revender ese material de guerra adquirido y por esta razón se espera un pronunciamiento oficial con las explicaciones porque ese armamento apareció en manos de un grupo irregular como la guerrilla de las Farc”, afirmó Lovgren.

Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en Bogotá, William Brownfield, afirmó que su gobierno no tiene ninguna ingerencia en el escándalo que estalló entre Colombia y Venezuela por el hallazgo de cohetes antitanque en un campamento de la guerrilla de las Farc, en el departamento del Guaviare.

“Esta es una cuestión entre los gobiernos de Colombia, Suecia y Venezuela, porque Estados Unidos no tiene derecho ni información para ofrecer en estos procedimientos”, afirmó Brownfield.

A su vez, Venezuela anunció que responderá a Suecia sobre el armamento vendido al país sudamericano que fue confiscado a las Farc “en el momento oportuno”.
“En su oportunidad se la daremos (la respuesta).

Cuando sea el momento oportuno se hará una respuesta específica a esta nueva mentira que se ha tratado de levantar contra la honorabilidad de un gobierno que actúa apegado a la ley y los convenios internacionales”, subrayó el ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro.

Y mientras esto ocurría, Chávez firmó un acuerdo de cooperación militar con Rusia, el cual estipula que a partir de la fecha ambos países podrán usar energía nuclear con fines pacíficos.

La firma de este documento se produce días después de que el presidente Chávez confirmara la compra de tanques de guerra a Rusia para duplicar su flota y fortalecer sus fuerzas armadas dentro del plan “Escudo de Occidente”.


martes, 28 de julio de 2009

Piden claridad a Venezuela por armas en poder de las Farc


El fabricante sueco Saab AB aseguró que el pequeño lote de armas antitanque había sido vendido a Caracas. Ministro del Interior venezolano asegura que es “un montaje contra el gobierno” de Chávez.

SUECIA PIDIÓ explicaciones a Venezuela sobre la incautación por las Fuerzas Armadas colombianas a las Farc de armas suecas vendidas a Caracas en la década de los ochenta, hecho que lamentó el fabricante Saab AB.

El consejero Político del Ministerio de Comercio del país nórdico, Jens Ericsson, declaró que “está confirmado que una pequeña cantidad de armas producidas en Suecia fue encontrada en un campamento de las Farc. Pedimos explicaciones a responsables del gobierno de Venezuela para que nos digan cómo explican que este equipamiento haya sido encontrado en Colombia”.

El funcionario sueco explicó que las armas encontradas habían sido vendidas a Venezuela en la década de los ochenta y precisó que ninguna empresa sueca fue autorizada a exportar armamento o sistemas de armas hacia Colombia.

Por otra parte, el vicepresidente Francisco Santos declaró que “en varios operativos, en los que hemos podido recuperar arsenales de las Farc, hemos encontrado municiones potentes, equipos potentes, entre otros armas antitanque que un país europeo le vendió a Venezuela y que aparecieron en manos de esta guerrilla”.

La semana pasada, la revista inglesa especializada en defensa Jane's reveló que el Ejército colombiano se incautó de un número indeterminado de lanzacohetes antitanque en campamentos de las Farc que podrían haber sido vendidos originalmente por un fabricante sueco al Ejército de Venezuela.

La publicación inglesa precisó que los lanzacohetes serían del modelo AT4, fabricado por la compañía sueca Saab Bofors Dynamics.

En un comunicado público, Tomas Samuelsson, director general de Saab Bofors Dynamics, lamentó que los equipamientos militares que produce hayan terminado armando a la guerrilla. “Siempre es fastidioso cuando sucede”, declaró Samuelsson sin pronunciarse directamente sobre la incautación del Ejército colombiano.

“Todos los países hacia donde exportamos deben firmar un certificado de destinatario final, si no la exportación no se autoriza”, explicó el director de Saab Bofors Dynamics.

El pasado domingo, el presidente Uribe denunció que las Farc “han adquirido lanzacohetes de marca en los mercados internacionales de armas, en la comunidad internacional”, y que su Gobierno ya presentó la “queja a través de los canales diplomáticos a los respectivos países”, sin mencionar cuáles.

Desde Caracas, el ministro venezolano del Interior Tareck El Aissami desestimó las denuncias y sostuvo que se trata de una “nueva arremetida” contra su país.

“Desmentimos absolutamente que nuestro gobierno o nuestras instituciones estén prestas para colaborar con organizaciones criminales o terroristas. Da risa, parece una película barata del gobierno norteamericano y los pitiyanquis de la región”, añadió.

Sin embargo, el ministro señaló que “corresponderá al presidente Chávez, a través de la Cancillería, responder a las peticiones de información que ha hecho el Gobierno colombiano en la materia”.

Por otra parte, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, calificó como una “campaña brutal” el tema de las armas suecas halladas a las Farc.

Según Maduro, estas acusaciones tratan de “justificar” el acuerdo militar que estudian Colombia y Estados Unidos para que éste use bases militares en el país sudamericano.

“Siempre que hay este tipo de coyunturas comienza a funcionar el aparato mediático mundial para construir medias verdades con mentiras y tratar de justificar lo injustificable”, declaró.

“Toda esta campaña que ha comenzado el día de hoy tiene un solo objetivo: justificar la presencia de bases militares estadounidenses, en el territorio de Colombia”, concluyó.


Tomás Uribe fue citado a declarar ante Corte Suprema


El alto tribunal está en la etapa de acopio y verificación de pruebas; luego llamará nuevamente al ex superintendente de Notariado para que amplíe su denuncia

ANTE LA Corte Suprema de Justicia deberá declarar Tomás Uribe, el hijo mayor del Presidente de la República, dentro del proceso en el que se investiga la presunta entrega de notarías a algunos congresistas de la Comisión Primera de Cámara para voltear en 2004 el voto a favor de la aprobación del proyecto que permitió la reelección inmediata del actual mandatario.

Tomás Uribe deberá explicar su presunta participación en el nombramiento de Luz Marina Ocampo Hernández como notaria segunda de Tunja en el año 2006.

Igualmente, la Sala Penal del alto tribunal determinó llamar a declarar a los ex presidentes Ernesto Samper y Andrés Pastrana, cuyas administraciones antecedieron a la de Uribe, con el fin de que expliquen cómo se entregaban las notarías anteriormente.

El llamado a declarar a Tomás Uribe se produjo a raíz de la denuncia que presentó el ex superintendente de Notariado y Registro Manuel Guillermo Cuello Baute, según la cual el Gobierno habría ofrecido notarías a varios congresistas a cambio de votar favorablemente el acto legislativo que permitió la reelección presidencial en el 2006.

La Sala de Casación Penal decidió abrir este proceso y decretar la práctica de pruebas pertinente, después que encontrara suficientes elementos en la diligencia que cumplió Cuello Baute en la Corporación, donde amplió la denuncia original interpuesta.

Cuello Baute afirmó que el hijo mayor del presidente Uribe presionó para que la Notaría Segunda de Tunja fuera entregada a la señora Ocampo Hernández. Además, dijo que el secretario de Presidencia, Bernardo Moreno, fue la persona que en la Casa de Nariño se encargó de que este nombramiento se hiciera, como supuestamente eran los deseos de Tomás Uribe.

El ex superintendente de Notariado y Registro le dijo a la alta Corte que recibió órdenes del alto Gobierno, en cabeza del presidente Uribe, para que favoreciera con el nombramiento de notarías a varios congresistas que votaron positivamente la reelección presidencial.

A pesar de que la denuncia original fue interpuesta contra los ex congresistas Mauricio Pimiento y Yidis Medina, Cuello Baute presentó un documento en el que relaciona a 34 parlamentarios y otros funcionarios con el favorecimiento de más de 70 notarías.

Grabación magnetofónica

Adicionalmente, existe un audio realizado por el entonces notario segundo de Tunja, quien grabó la voz de Luz Marina Ocampo cuando lo visitó para notificarle que era la nueva notaria.

En la grabación la señora Ocampo respondió: “Yo soy cuota de Tomás Uribe”, cuando le preguntó quién la había ayudado para que le fuera adjudicada dicha notaría en el año 2006.

Hace varias semanas, Noticias Uno reveló el contenido de esta grabación, ante lo cual Ocampo aclaró ante medios e hizo público un comunicado en el que indica que esa afirmación fue hecha en broma y se disculpa por haber utilizado el nombre de Tomás Uribe. Añade que el cargo se lo debe a Manuel Guillermo Cuello Baute.

Dentro de la práctica de pruebas decretada por la Corte Suprema se citarán testigos para que rindan declaraciones, se solicitarán documentos relacionados con el nombramiento de notarías, entre otros.
Después que la Corte tenga estas pruebas en su poder, llamará a Cuello Baute para que ratifique la denuncia.

Álvaro Pérez, abogado del ex superintendente de Notariado, dijo ayer que no es cierto que su defendido haya salido de Colombia, que no se está escondiendo a la justicia y que está listo para ampliar su denuncia sobre las notarías ante la Corte Suprema.


lunes, 27 de julio de 2009

Castigan a 11 funcionarios por colaborar con paras


En fallo de primera instancia, el órgano de control señaló que con esta conducta se afectó de forma directa e inequívoca la finalidad misma de la Función Pública

Al encontrarlos disciplinariamente responsables de colaboración con las Autodefensas Campesinas de Casanare, cuando estuvieron adscritos al departamento de Boyacá para los años 2002, 2003 y 2004, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 20 años a 8 miembros de la Policía, 2 del Ejército y un técnico judicial de la Fiscalía.

De acuerdo con la información del Ministerio Público, las pruebas permitieron concluir que los siguientes servidores prestaron, a cambio de remuneración en dinero, colaboración a los paramilitares comandados por Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos: el sargento Jorge Eliécer Rodríguez, el subcomisario Rubén Darío Vargas, los agentes Hernando Acevedo y Roso Carreño, los subintendentes Armando Albarracín, Luís Hernando Alfaro, Gerson Ardila y Jorge Eliécer Bedoya, de la Policía Nacional; los agentes del inteligencia Edilberto Fonseca y Luís Eberto Díaz, del Ejército Nacional; y el técnico judicial Rodrigo Alfonso Caro, de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la investigación, los disciplinables, a cambio de remuneración en dinero, suministraron y ocultaron información que coadyuvó para la comisión de hechos delictivos, como muertes selectivas contra indigentes, drogadictos y delincuentes, ajustes de cuentas, extorsiones entre otros, en jurisdicción de los municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama y Paipa en el departamento de Boyacá.

Para el Ministerio Público, una vez valorado el material probatorio aportado al proceso, se pudo llegar a la certeza legal y objetiva sobre la existencia del ilícito disciplinario.

En el fallo de primera instancia, el órgano de control señaló que con esta conducta se afectó de forma directa e inequívoca la finalidad misma de la Función Pública en cabeza la Policía Nacional, Ejército Nacional y Fiscalía General de la Nación, “porque bajo ningún aspecto puede permitirse que las Entidades Públicas legalmente constituidas por el Estado para cumplir con sus fines, acudan a vías de hecho para el logro de sus propósitos”.


sábado, 25 de julio de 2009

Farcpolítica: le precluyen investigación a Leyva


Ya son tres nombres, incluido el de la senadora Gloria Inés Ramírez, que salen de este proceso. Quedan dos congresistas investigados penalmente.

AL NO encontrar pruebas contundentes en los computadores incautados a Raúl Reyes que vincularan al ex candidato presidencial Álvaro Leyva Durán y al periodista Carlos Lozano con las Farc, la Fiscalía decidió archivar la investigación respectiva.

La investigación por el presunto delito de rebelión que le abrió el ente investigador dentro del proceso de la farcpolítica a Leyva y Lozano, donde también hay dos congresistas investigados por la Corte Suprema de Justicia, se debió a presuntos correos y archivos donde aparecían los nombres de los sindicados.

Sin embargo, la Unidad Nacional contra el Terrorismo de la Fiscalía encontró que estos archivos solo hacían alusión al trabajo humanitario que hicieron Álvaro Leyva y Carlos Lozano en una eventual liberación de secuestrados que llevaría a cabo las Farc.

“Los fiscales instructores luego de un año de practicar pruebas y de recaudar numerosos testimonios, entre ellos los de dos ex Presidentes de la República, establecieron que no existían méritos para que Leyva Durán y Lozano Guillén continuaran vinculados al proceso, que se inició tras el hallazgo del computador de Luis Edgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, segundo de las Farc, muerto en el bombardeo a su campamento el sábado primero de marzo de 2008”, aseguró la Fiscalía en un comunicado.

Según el ente investigador, durante la fase instructiva los funcionarios judiciales constataron que tanto Leyva como Lozano figuraban en los archivos del extinto jefe guerrillero, en calidad de impulsores de procesos de reconciliación y como gestores de acciones humanitarias avaladas por el Gobierno Nacional respectivo.

Carlos Lozano, director del semanario Voz, dijo que fueron nueve meses de proceso en los que se demostró la ligereza de los organismos de seguridad del estado en contra de quienes trabajan por la paz. Además, le dijo a Caracol Radio que pese las presiones la fiscalía, la entidad actuó con independencia.
"Era lo que se esperaba, estoy plenamente satisfecho porque se hizo justicia".

Asimismo, el periodista aseguró que ajustado a la ley seguirá apoyando el proceso de acuerdo humanitario para buscar salidas pacíficas al conflicto y espera que su misma suerte la corran la senadora Piedad Córdoba y el representante Wilson Borja.

El 15 de julio pasado la Corte Suprema de Justicia había archivado la investigación contra la senadora Gloria Inés Ramírez del Polo Democrático dentro del proceso de la farcpolítica, también por presuntas referencias suyas que aparecieron en los computadores de Raúl Reyes.

Según el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Julio Enrique Socha Salamanca, después de un extenso estudio se había llegado a la conclusión de que la congresista no había incurrido en alguna conducta punible.

El magistrado anunció en esa oportunidad que los correos encontrados hacían referencia a unos foros donde fue invitada la parlamentaria y que asistió en compañía de otros congresistas; asimismo que estuvo autorizada para asistir a algunas reuniones sobre acuerdos de paz con grupos armados irregulares.

Sin embargo, aún en el proceso de la farcpolítica todavía siguen vinculados la Senadora Piedad Córdoba y el representante a la Cámara Wilson Borja.


viernes, 24 de julio de 2009

Policía Nacional revaluará control de ingreso de bachilleres


El Director de la institución, General Óscar Naranjo, señaló que la actuación de los auxiliares en el parque Tercer Milenio fue “vergonzosa”.

UNA estricta evaluación y una revaluación del servicio militar de los auxiliares bachilleres en la Policía Nacional, anunció el Director de institución, General Óscar Naranjo, desde Medellín, donde se refirió a la necesidad de analizar el tema a fin de evitar que se vuelvan a presentar hechos que mancillen el nombre de la entidad policiva como lo acontecido con la presunta violación de una menor desplazada en el parque Tercer Milenio de Bogotá por parte de seis auxiliares bachilleres.

El jefe de la Policía Nacional aclaró que con el examen y los posteriores cambios que se introduzcan en el servicio se busca garantizar que quienes presten su servicio en la entidad lo hagan cumpliendo con sus deberes y alejando al máximo la posibilidad de cualquier abuso de poder o comisión de delitos por parte de los uniformados.

De acuerdo con el General Naranjo, el acto cometido por seis auxiliares bachilleres, al parecer, con complicidad de un subintendente, en el parque Tercer Milenio, donde se encuentran asentados cerca de dos mil desplazados desde hace 4 meses, es “una conducta vergonzosa”, de unos jóvenes que llevaban solo tres meses en la prestación del servicio militar en la institución.

El alto oficial acotó que su corta presencia en la institución es un agravante que permite que las autoridades actúen con toda contundencia: “Es vergonzoso que hayan incurrido en una conducta de esas, y por ello hemos decidido iniciar la revisión y revaluación del Servicio Militar en la policía a donde llegan muchachos que no tienen ningún sentido de pertenencia, en proceso de maduración, y sin el adecuado entrenamiento para esa misión”.

El Director de la Policía subrayó que, en compañía de la Fiscalía, han iniciado el proceso judicial, que estará dividido en dos etapas; una en la que intervendrá la Justicia Militar por abandono del deber, y otra en la que la Justicia Ordinaria juzgará el delito de acceso carnal abusivo en menor – persona protegida por el Estado.

Paralelamente, anunció Naranjo, empezó el acompañamiento a la menor agredida, que se encuentra bajo protección del Icbf, y a su familia.

Este proceso incluye las tareas de reparación del daño presuntamente causado por los auxiliares bachilleres.

La directora del Icbf, María Elvira Forero, explicó que la menor está recibiendo un proceso de restablecimiento de derechos, que incluye la protección de la identidad y el tratamiento psicológico.

Además, la funcionaria señaló que en el caso hay todos los agravantes para juzgar culpables a los seis bachilleres que habrían abusado de la menor que, según el peritaje realizado por Medicina Legal, tiene 13 años.

Forero explicó que además del delito de acceso carnal abusivo a menor, ante la existencia de una grabación del delito, se podría sindicar a los auxiliares por pornografía infantil.

“En una menor de 15 años por supuesto es un abuso sexual. Si además de eso se graba y se difunde, es también una situación pornográfica”, expresó la directora del Icbf.


Estado actual de la parapolítica


En las últimas semanas, las investigaciones y juicios contra congresistas que mantuvieron presuntos nexos con las autodefensas se han movido. Nuevas indagaciones y sentencias en espera tienen la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, respectivamente.

Llamados a juicio

Ex senador Luis Alberto Gil: fue llamado a juicio por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado por presuntos nexos con los paramilitares y de constreñimiento al elector. El ex congresista de Santander es fundador del Partido Convergencia Ciudadana.

Ex senador Juan Manuel González: la Fiscalía lo llamó a juicio por los delitos de constreñimiento al elector y concierto para delinquir agravado. Del movimiento Convergencia Ciudadana, reemplazó en la curul a Luis Alberto Gil.

Actualmente en juicio

Senador Ricardo Elcure Chacón: está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia inicie su juicio por el delito de concierto para delinquir agravado por sus presuntos nexos con el ex jefe paramilitar alias El Iguano. Congresista de Norte Santander y pertenece al movimiento político Colombia Democrática.

Ex representante a la Cámara por Caldas Dixon Ferney Tapasco: esta semana inició su juicio por el delito de concierto para delinquir agravado por presuntos nexos con el ex jefe paramilitar Ernesto Baéz.

Ex senador Álvaro Araújo Castro: el 15 de julio pasado el ex congresista negó cualquier pacto con el extraditado jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Su juicio está en su etapa final y se le acusa del delito de concierto para delinquir agravado por presuntos nexos con los paramilitares. Pertenece al movimiento Alas-Equipo Colombia.

Ex senador Vicente Blel: la Procuraduría y Fiscalía pidieron su condena a finales de mayo de este año en el juicio que le adelanta el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá por el delito de concierto para delinquir agravado por presuntos nexos con las autodefensas.

Espera sentencia

Representante a la Cámara por Magdalena, Karely Lara Vence: está a la espera que la Corte Suprema de Justicia le dicte sentencia condenatoria o absolutoria por sus presuntos vínculos con los paramilitares cuando fue alcaldesa del municipio de Fundación. La Procuraduría pidió su absolución.

Investigación preliminar

Ex representante a la Cámara por Santander, Yidis Medina Padilla: la Fiscalía le abrió investigación por los delitos de concierto para delinquir agravado por presuntos nexos con los paramilitares, constreñimiento al sufragante y falso testimonio.

Los que tienen investigación formal

Mario Uribe: la Procuraduría le pidió al vicefiscal general Guillermo Mendoza Diago, el pasado 8 de julio, llamarlo a juicio por el delito de concierto para delinquir agravado por presuntos nexos con los paramilitares.

Absuelto

Ex senador Guillermo Gaviria Zapata: el Juzgado 17 Penal Especializado de Bogotá decidió absolverlo del delito de concierto para delinquir agravado por presuntos vínculos con el ex jefe paramilitar alias Julián Bolívar.

Los que renunciaron

Zulema Jattin: renunció en mayo de este año a su fuero de senadora por la investigación que le abrió la Corte Suprema de Justicia por el delito de concierto para delinquir agravado por presuntos nexos con las autodefensas. Pertenece al partido de la U.

Habib Merheg: Renunció a su curul en el Senado en mayo pasado por la investigación preliminar que le abrió la Corte Suprema de Justicia en el proceso de la parapolítica. Pertenece al movimiento Colombia Viva.

Julio Manzur: renunció también en mayo a su fuero en el Senado para que la investigación que le había abierto la Sala de Casación Penal en el proceso de la parapolítica la asumiera la Fiscalía. Fue presidente del Directorio Nacional del Partido Conservador.


jueves, 23 de julio de 2009

Hoy se decide suerte de terna para Fiscal General


La Corte Suprema de Justicia podría realizar ronda de votaciones en blanco para presionar cambio de terna y revisar el caso de la denuncia de Juan Ángel Palacio Hincapié.

DESPUÉS DE varias críticas y escándalos en que se vieron envueltos algunos de los aspirantes, hoy la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia se reunirá para iniciar la votación y elección del jurista que reemplazará a Mario Iguarán.

La fecha del 23 de julio ya había sido programada por la Corte para iniciar las rondas de votaciones dentro del plan que se creó para darle transparencia al proceso de elección, sin embargo, fuentes consultadas por EL NUEVO SIGLO al interior de la corporación, mostraron su inconformismo por la terna presentada por el presidente Uribe, por lo que la Sala convocada para el día de hoy podría desde votar en blanco o realizar de una vez la elección del Fiscal que se posesionaría el próximo primero de agosto.

No obstante, la opción que más ha tenido eco en los 23 magistrados que conforman el órgano de cierre de la justicia ordinaria, es la de aceptar la petición que hizo Juan Ángel Palacio Hincapié, uno de los aspirantes, de ser escuchado por la Sala Plena para aclarar la denuncia (ver recuadro 1) que en su contra fue interpuesta por el presunto delito de soborno, y que fue archivada.

De hecho, la Corte Suprema ya le había solicitado a la Fiscalía que le informara del trámite de esta denuncia que fue interpuesta el año pasado y que fue archivada en marzo de este año.

Tal como lo había anunciado este Diario, el presidente de la Sala de Casación Penal Julio Enrique Socha Salamanca sostuvo que la Sala Plena del día de hoy se iba a enfocar en el tema del ex consejero de Estado Palacio Hincapié.

Sin embargo, fuentes al interior de la Corte no descartaron la posibilidad que los 23 magistrados voten en blanco para mostrar su inconformismo con los tres aspirantes a dirigir la Fiscalía.

En consecuencia, la terna podría ser devuelta a la presidencia de la República para que sea el propio Álvaro Uribe quien la modifique.

Hay otra opción, y es que hoy la Sala Plena tome la decisión de iniciar las rondas de votación con miras a escoger uno de los tres nombres que conforman la terna, para no tener que nombrar un director del ente investigador encargado mientras se elige al fiscal en propiedad.

De todas maneras, si la elección del próximo fiscal general no se hace antes del 31 de este mes, cuando se le cumple el período a Mario Iguarán, el actual vicefiscal Guillermo Mendoza Diago asumiría como fiscal encargado.

En este sentido, algunos magistrados dijeron que preferirían elegir al fiscal en propiedad antes del próximo 31 de julio, teniendo en cuenta los actuales procesos que tiene que afrontar el ente investigador, como el de las notarías que presuntamente fueron ofrecidas a varios congresistas para que votaran favorablemente la primera reelección del presidente Uribe y el proceso de la parapolítica.

El inconformismo que generó la terna que envió el presidente Uribe hace dos semanas entre los magistrados del alto Tribunal, se evidenció después que los postulados, el ex embajador ante la OEA Camilo Ospina, el ex magistrado del Consejo de Estado Juan Ángel Palacio Hincapié y la abogada litigante Virginia Uribe, presentaran sus hojas de vida y respondieran las preguntas de los magistrados.

Aparte de la crítica suscitada porque ninguno de los tres juristas tiene especialización en derecho penal, mostraron además desconocimiento e inseguridad en varios temas como el sistema penal acusatorio.


lunes, 20 de julio de 2009

Colombia dio a OEA video sobre presunto vínculo Correa-Farc


La Policía nacional aseguró que las grabaciones son auténticas y que fueron incautadas en mayo pasado a una guerrillera

CON LA intención de que la Organización de Estados Americanos OEA inicie una investigación sobre una supuesta financiación de las Farc a la campaña de Rafael Correa en 2006, cuando aspiraba a la Presidencia de Ecuador, ayer el Gobierno de Colombia entregó un video al organismo continental en el que se ve al guerrillero Jorge Briceño, alias ‘Mono Jojoy’, leyendo un comunicado que hace referencia a una ayuda en dólares al hoy Mandatario del vecino país.

El secretario de Prensa de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez, confirmó que dicha entrega se hizo con la intención de que la OEA se ocupe de investigar esta supuesta alianza entre el Presidente ecuatoriano y el grupo guerrillero.

En el video, incautado por la Policía en Bogotá y divulgado el viernes pasado, el jefe militar de las Farc se refiere a una ayuda en dólares para la campaña de Correa en 2006, a contactos con emisarios suyos, e incluso a acuerdos “comprometedores en nuestros nexos con los amigos”.

El video, que la Fiscalía en Bogotá asegura es auténtico, fue grabado en marzo de 2008 y se encontró en un computador decomisado el 29 de mayo a una guerrillera de las Farc en la capital colombiana.

Investigación ecuatoriana

La divulgación del video desató una tormenta política en Ecuador, que incluso llevó a que sectores de la oposición pidieran que Correa renuncie, que se acrecentó ayer después de que se confirmó que Colombia entregó una copia del mismo a la OEA.

El presidente Correa negó tener vínculos con el grupo subversivo colombiano al señalar que “en lo personal, yo ni siquiera conozco a alguien de las Farc”, y pidió que una comisión civil investigara el asunto.

Precisamente, ayer el fiscal General del Ecuador, Washington Pesántez, anunció que esta grabación será investigada. “Voy a pedir una copia para ver si lo que dice alias ‘Mono Jojoy’ es cierto y para ver si tiene alguna implicación legal”.

La indagación se realizará independiente de que Correa la pidiera el sábado, cuando negó hasta con sorna que sus campañas hubieran recibido ayuda económica de las Farc, con las cuales, según Bogotá, mantiene nexos.

Añadió que “tan pronto tenga el video dispondré las investigaciones”, según el diario quiteño El Comercio.

El video también será analizado por una comisión civil, creada por el Gobierno de Ecuador para investigar la violación de la soberanía nacional por parte de Colombia en 2008 y cuyo informe podría estar listo para el 31 de agosto.

“Tenemos la obligación de verificar toda la información sobre el tema”, dijo Walter Gellibert, quien integra la comisión, y agregó que “si tenemos que prorrogar el tiempo para presentar el informe, lo haremos”.

Gellibert dijo que “la comisión no conocía de la existencia de la filmación”, incautada por Colombia.

El comisionado Carlos Moncayo manifestó a su vez que Bogotá ya les negó información sobre el ataque militar colombiano contra un campamento clandestino de esa guerrilla en Ecuador del 1 de marzo de 2008, que dejó 25 muertos, incluidos el líder insurgente ‘Raúl Reyes’, cuatro mexicanos y un ecuatoriano.

A raíz de ese bombardeo, Quito rompió relaciones diplomáticas con Bogotá./Con AFP


viernes, 17 de julio de 2009

Objetan ayuda para identificar víctimas


POR GENERAR gastos que no pueden ser financiados por el Gobierno, el Ejecutivo objetó el proyecto de ley que establece la creación de un banco de datos genéticos de familiares de desaparecidos para facilitar su identificación.

La objeción, que fue propuesta por el Ministerio de Hacienda y revelada por El Tiempo, argumenta que la sola implementación de lo previsto en el proyecto supone gastos adicionales, sin mencionar los gastos que suponen la conservación, el almacenamiento y la protección de los datos genéticos que ya han sido sistematizados.

La iniciativa propone crear el Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos, el cual almacenaría información de los perfiles genéticos obtenidos de los cuerpos y restos de las víctimas, así como las muestras biológicas de referencia de los familiares de las mismas.

Las muestras serían de sangre y saliva para realizar pruebas de ADN que se practicarían en caso de que el proceso de identificación no se pueda efectuar por otras vías.

El proyecto también establece medidas de asistencia a los familiares de los desaparecidos durante el proceso de entrega de los cuerpos o los restos exhumados.

“No existe consenso en torno al número de personas desaparecidas en el país”, sostuvo el Gobierno argumentando la objeción. Además, aseguró que “el impacto presupuestal aproximado del proyecto” es de 91.161 millones de pesos a precios corrientes de 2008.

En el documento, fechado el 14 de julio y dirigido a Germán Varón, presidente de la Cámara, el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, aludió a lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, que “tiene como fin asegurar que la actividad legislativa se desarrolle de conformidad con el contexto macroeconómico y fiscal de la Nación”, para excusar la objeción.

Ahora el Congreso tendrá que decidir si acepta o no las objeciones formuladas por el Gobierno.

Reacciones

El representante liberal Guillermo Rivera, coautor de la ley junto a la ex congresista de La U Gina Parody, consideró “exageradas” las cuentas del Gobierno. “No estamos hablando de realizar pruebas de ADN para todos los casos, el cálculo no se puede hacer sobre esa base”, resaltó.

Y agregó: “El Gobierno, que por cierto no dio este debate en el Congreso, está en la obligación de hacer todos los esfuerzos para contribuir a la identificación de las víctimas”.
Por cuestiones de falta de presupuesto, el Gobierno ya había logrado hundir otras iniciativas como la ley de víctimas.


jueves, 16 de julio de 2009

Entrevista a Jorge 40es legítima, insiste la Corte


El jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, aseguró que entutelará a la Sala de Casación Penal argumentando que es ilegítima entrevista con alias Jorge 40

COMO UNA regresión calificó el presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Julio Enrique Socha Salamanca, la postura del procurador general, Alejandro Ordóñez, de calificar de ilegítima la entrevista que solicitó el Alto Tribunal con el extraditado jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, dentro del proceso de la parapolítica.

“Sí hay un retroceso, no se ajusta a la teoría moderna del procedimiento penal y ahora con el Sistema Acusatorio, donde trae de manera muy clara la intervención de fiscales a través de entrevistas, y que ahora se pretenda que esto es ilegal. En eso hay una regresión”, dijo Socha.

“Hay un cambio – agregó el Magistrado– en muchos grados de lo que venía haciendo la colaboración de la Procuraduría en relación con todos estos temas. Esto significa un cambio y un giro muy significativo”.

Para Socha, el Procurador está haciendo unas precisiones desacertadas desde el punto de vista jurídico, y más exactamente desde el procedimiento penal.

“Es infundado el argumento que presenta el Procurador”, enfatizó el Magistrado.

Enrique Socha Salamanca, además, insistió en que el jefe del Ministerio Público malinterpretó la norma, pues “hay inexactitudes como estas: el señor Procurador no distingue entre lo que son actos de instrucción y lo que son actos de investigación. Se está desconociendo cuales son las fases del procedimiento, y en esas circunstancias la Sala de Casación Penal no pudo acoger el pedimento formulado en tal sentido”, refiriéndose a la solicitud de no realizar las entrevistas con ex jefes paramilitares.

“Esas entrevistas personales teniendo en cuenta las atribuciones que le confiere la Constitución política y el procedimiento penal a la Sala de Casación no son irregulares, no son ilegales, son absolutamente legítimas; es la forma en que la Sala de Casación Penal puede verificar inicialmente acerca de la utilidad, de la pertinencia de una determinada prueba”, ratificó el alto jurista.

Por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez anunció que interpondrá una tutela en contra de la Sala de Casación Penal por considerar que son ilegales estas entrevistas.

Sin embargo, el jefe del Ministerio ayer moderó su discurso y sólo se opuso a que la Corte Suprema de Justicia continuara visitando a ex jefes paramilitares sin la presencia de sus abogados ni un representante del Ministerio Público para que rindan declaraciones en los procesos de la parapolítica.


miércoles, 15 de julio de 2009

Grabaciones comprometen más a candidato a Fiscal


A pesar de que la Fiscalía archivó la denuncia a principios de este año, la Corte Suprema de Justicia está indagando sobre ésta

UNA GRABACIÓN interceptada por la Policía judicial -que actuó debido a una denuncia interpuesta el año pasado- entre el aspirante a ser Fiscal General, el ex consejero de Estado Juan Ángel Palacio, y el magistrado auxiliar Hugo Marín, dejó al descubierto que el jurista sí estaba enterado de un proceso que hacía trámite en otro despacho del mismo Consejo de Estado y del cual había negado su conocimiento.

“¿Recuerda la otra vez que le dije de un proyecto que usted tiene pendiente? A ver si de pronto ya había proyectado algo así por el estilo”, le dijo Palacio en la comunicación interceptada al consejero auxiliar.

A su vez, Hugo Marín le pregunta si se refería al proyecto del caso de El Campín, a lo cual Palacio Hincapié responde: “Del Campín, sí”. Así termina la conversación revelada por W Radio.

Sin embargo, el ex magistrado Palacio Hincapié había negado este hecho: “Jamás. En eso hay que ser enfático porque es que no solamente no se toca el tema, sino que no es propio de un magistrado entrar a hablar con un magistrado, con un subalterno, de temas que tengan dentro de los despachos”.

Al ser interrogado sobre la posibilidad de haber dialogado del tema de Coinvepro y la demanda contra la Junta Administradora Seccional de Deportes de Bogotá, que es el proceso que se estaba tramitando en el despacho del consejero Mauricio Fajardo y del cual Marín es auxiliar, Juan Ángel Palacio lo negó.

Al aspirante a Fiscal también se le preguntó si conocía a representantes de la administración del Coliseo El Campín, a lo que respondió: “No conozco ningún representante, no conozco ningún demandante. No conozco la existencia de un proceso”.

“Yo conozco al joven Marín, es un hombre estudioso del derecho, es un hombre que tiene un libro escrito de derecho administrativo y que estuvo en el despacho llevándome el libro y me lo autografió; yo, a su vez, como una compensación, también le regalé uno de mis libros, pero no más”, había explicado Palacio.

La denuncia había sido interpuesta hace un año por el magistrado auxiliar de la Sección Tercera del Consejo de Estado Hugo Alberto Marín, quien había sindicado a Palacio Hincapié de ofrecerle dinero a cambio de realizar un proyecto de fallo específico que debía poner a consideración del consejero Mauricio Fajardo y de la Sección correspondiente.

El ex magistrado anunció el lunes que le había pedido una cita al presidente Álvaro Uribe para contarle su versión de los hechos y así él decidiera si debe continuar como parte de la terna para elegir Fiscal General, que será escogido el próximo 23 julio por la Corte Suprema de Justicia.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia pidió que se verificara la denuncia por presunto soborno que le fue interpuesta a Juan Ángel Palacio Hincapié, para lo cual acudirá a la Fiscalía.


Jorge 40 empieza a declarar ante la Corte Suprema


Es la primera vez que Tovar hablará ante la justicia sobre los dirigentes políticos que tuvieron vínculos con los grupos paramilitares bajo su mando

LAS ENTREVISTAS que realizarán magistrados auxiliares al jefe paramilitar Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, no son ilegales ni peligrosas en el entendido de que no son pruebas, ya que se está en la etapa de instrucción, manifestó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Esta sería la primera vez que Tovar hablaría ante la justicia sobre los dirigentes políticos que tuvieron vínculos con los grupos paramilitares bajo su mando.

En una carta de 15 páginas, los magistrados respondieron a los cuestionamientos del procurador Alejandro Ordóñez sobre lo que en concepto del Ministerio Público “no era un acto procesal legítimo de instrucción penal”, lo que violaría principios constitucionales al debido proceso y a la debida defensa por realizarse sin la presencia de un defensor y sin la intervención de un delegado de la Procuraduría.

Ordóñez dijo que esa entrevista no podría ser considerada un procedimiento de policía judicial porque no había una judicialización de los hechos denunciados por Tovar, calificando las diligencias de “vagas, indeterminadas y peligrosas”.

El procurador Ordóñez, en la carta enviada a la Corte, pedía que los magistrados auxiliares no se entrevistaran con Tovar -preso en Estados Unidos- antes de recibir su testimonio de manera formal.

La Corte contestó que “la única forma de determinar si la prueba es pertinente, admisible y útil es precisamente a través de la entrevista, pues con ello se puede visualizar el provecho que le habrá de reportar a la investigación legal”.

En la carta, la Corte dice que “de no hacerse esa aproximación personal, no se ve cómo esperar que el funcionario sea eficiente para guiar, dirigir y ordenar la investigación o para que pueda adoptar ideas y propuestas hacia el logro de sus finalidades”.

Testimonio

Tovar pidió el 2 de junio que la Corte lo escuche en un diligencia extra judicial, en la que pidió solo ser atendido personalmente, sin que exista un registro en el proceso madre de la parapolítica.

Los magistrados en su respuesta le dicen al Procurador que su intención es la de superar los vicios que se han presentado entre los funcionarios judiciales, de recopilar testimonios que lo que hacían era dilatar los procesos.

A juicio de la Corte, la función que cumplirán los funcionarios auxiliares con Tovar es la de utilizar un filtro para orientar las investigaciones, además que la información que suministre el jefe paramilitar no se incluirá en el expediente si no cumple los requisitos que la ley penal exige y que esa misma actividad la puede realizar la defensa y solicitarle a la Corte llamar a esas personas como testigos si les conviene a sus propósitos de defensa.

La Corte señaló que los cuestionamientos de Ordóñez son tanto como afirmar implícitamente que “se ordenan recibir, no con el objeto de buscar la verdad, sino para dirigir o sugerir el sentido de sus declaraciones juradas cuando las rindan, y que entonces no son testigos veraces y honestos”.

En la respuesta a Ordóñez, los magistrados compararon la entrevista en Estados Unidos con las actividades que realizan los miembros de la policía judicial, como las visitas a la escena del crimen para conseguir información, las cuales “en ningún momento tienen la calidad de pruebas hasta que no sean judicializadas”.

Los magistrados se negaron a aceptar la solicitud del procurador Ordóñez de cancelar la entrevista y advierten que admitir esa petición “significaría el absurdo de facultar a los sujetos procesales para acompañar a los investigadores, por ejemplo, a efectuar seguimientos, a ejecutar una entrega controlada o a monitorear una línea telefónica intervenida”.


martes, 14 de julio de 2009

Los ex paramilitares han confesado 21.000 crímenes


21.000 homicidios cometidos durante los años de guerra contra la guerrilla han sido confesados por los desmovilizados paramilitares, anunció la Fiscalía, que considera la cifra como la punta del iceberg de aquel “horror”.

“Hasta la fecha hemos obtenido la confesión de 21.000 crímenes cometidos entre 1987 y 2005 por algo más de 600 paramilitares desmovilizados”, aseguró el jefe de la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, Luis González.

Pese a los 21.000 asesinatos admitidos, sólo una persona ha sido condenada, otras 14 aguardan sentencia y la Fiscalía formuló cargos a 186, según explicó González.

Las confesiones se lograron en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que garantiza penas máximas de 8 años de cárcel a los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc, que confiesen todos los delitos, incluso de lesa humanidad, y reparen a las familias de sus víctimas.

Esa Ley, que entró en vigencia el 25 de julio de 2005 fue impulsada por el gobierno del presidente Álvaro Uribe y permitió, según el Ejecutivo, la desmovilización de unos 32.000 integrantes de las autodefensas.

“Cuando empezó a regir esa Ley nadie dimensionó lo que pasaría judicialmente”, añadió González, quien aseguró que pese a ello se ha “logrado algo que parecía impensable: que la justicia los esté alcanzado”.

“Hemos documentado alrededor de 246.000 hechos que ocurrieron en estas regiones donde hacían presencia grupos de autodefensa”, de los cuales 26.000 han sido reconocidos, agregó el funcionario.

Sin embargo, admitió: “hasta ahora, estamos empezando”. El “horror” puede ser mayor “porque faltan muchos homicidios por confesar”.

En los casi tres años de su vigencia, la Ley ha permitido además recuperar los restos de 2.400 personas hallados en 1.906 fosas, e identificar y entregar a sus familiares 650 cadáveres, añadió González.

“Además hemos logrado depurar a 22.000 las estadísticas de personas desaparecidas entre 1985 y 2005”, apuntó para desvirtuar las críticas.

Varias organizaciones no gubernamentales (ONG) defensoras de los derechos humanos consideran “laxa” la ley.

Aunque destacó el “enorme esfuerzo presupuestal” del gobierno, González indicó que el fenómeno del paramilitarismo “superó todas las expectativas".

En cuanto a 14 de los máximos jefes de las Auc extraditados a Estados Unidos en mayo de 2008, porque el gobierno de Uribe consideró que seguían delinquiendo desde la cárcel, el funcionario dijo que “falta más colaboración”.

También se conoció que los desmovilizados anunciaron que van a confesar la desaparición forzada de 1.776 personas, el reclutamiento de 1.020 menores de edad, así como el haber cometido 648 secuestros, 1.493 extorsiones y 368 episodios de desplazamientos masivos de poblaciones en varios lugares del país.

La Fiscalía, hasta el momento ha atendido a 55.566 víctimas o familiares, en más de 280 municipios del país.

Uno de esos comandantes, Salvatore Mancuso, ha confesado cerca de 800 crímenes y revelado que muchos cuerpos fueron incinerados en hornos para borrar todo rastro, recordó el responsable.

La ONG que reúne a los familiares de las víctimas de las Auc rechazó las extradiciones, alegando que impiden que se “conozca la verdad”.


Denunciaron por soborno a aspirante a fiscal


El ente investigador archivó la indagación en contra del ex consejero de Estado, en la que presuntamente había sobornado para influir en un proyecto de fallo.

UNA DENUNCIA por intento de soborno -que ya archivó la Fiscalía- sorprendió ayer a Juan Ángel Palacio Hincapié, aspirante a reemplazar al fiscal Mario Iguarán.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia había anunciado una verificación de la denuncia por presunto soborno que le fue interpuesta al ex consejero de Estado, para lo cual acudirá a la Fiscalía.

“La misma ley ordena que se verifique la información, así que no se puede entrar, de ante mano, a calificar de grave o no grave los hechos cuando no es el funcionario judicial competente para dar dicha clase de declaraciones”, aseguró el presidente encargado de la Corte Suprema, Javier Zapata Ortiz.

De todas maneras, el ex consejero de Estado ya le había pedido una cita al presidente Álvaro Uribe para evaluar su futuro como aspirante a la Fiscalía, después que conociera la denuncia.

La acusación, que fue revelada por W Radio, había sido interpuesta por el magistrado auxiliar de la Sección Tercera del Consejo de Estado Hugo Alberto Marín, quien había sindicado a Palacio Hincapié de ofrecerle dinero a cambio de realizar un proyecto de fallo específico que debía poner a consideración del consejero Mauricio Fajardo y de la sección correspondiente.

Sin embargo, el aspirante a suceder al fiscal Mario Iguarán desestimó la denuncia y dijo: “Esas afirmaciones son infames y pretenden manchar su imagen. No entiendo la razón de la denuncia”.

El ex magistrado anunció que le pidió una cita al presidente Álvaro Uribe para contarle su versión de los hechos y así él decida si debe continuar como parte de la terna para escoger Fiscal General, que será elegido por la Corte Suprema de Justicia el próximo 23 julio. Así se lo dijo a La FM.

“Yo tengo una vida transparente y me presenté a la Fiscalía para cumplir con mi deber con la patria. Soy un hombre pensionado y no necesito buscar empleo”, señaló Palacio.

El postulado en la terna para ser fiscal afirmó que en la reunión que tuvo con el presidente Uribe para integrar la misma, le dijo que era un hombre transparente y que no tenía ningún proceso en su contra.

Según Juan Ángel Palacio, la finalidad de esta denuncia es hacerle daño. “Con mi mente y mi corazón puedo decir que soy un hombre transparente y honesto y que pueden confiar en mí”.

Por su parte, ayer la Fiscalía emitió un comunicado en el que asegura, por solicitud del ex presidente del Consejo de Estado Enrique Gil Botero, que recibió la denuncia interpuesta por el ex magistrado Marín y su jefe, el consejero Mauricio Fajardo, quienes sindicaron a Palacio de soborno.

Dice además la Fiscalía que el 20 de marzo pasado el fiscal asignado a la investigación ordenó el archivo provisional del proceso.

No obstante, aparte de la denuncia en su contra por presuntamente sobornar a un magistrado auxiliar, en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara existe una investigación contra varios magistrados del Consejo de Estado -incluido el candidato a fiscal Ángel Palacio- por el trámite presuntamente irregular de una tutela.


lunes, 13 de julio de 2009

Secuestro: nueva modalidad de extorsión a empresas


Grupos al margen de la ley estarían reteniendo a trabajadores de diferente rango. Los departamentos más afectados son Putumayo, Huila, Tolima y santanderes

LOS DISTINTOS grupos al margen de la ley estarían cambiando la modalidad de extorsionar a las empresas, secuestrando a sus trabajadores para presionar su pago, denunció la ONG País Libre.

Según la denuncia, empresas ubicadas en sur del país estarían siendo extorsionadas por grupos al margen de la ley con amenazas de secuestro.

“El secuestro se ha convertido en la manera de presionar el pago de la extorsión empresarial. Entonces cuando los grupos al margen de la ley de un departamento quieren presionar el pago de extorsión de una empresa deciden secuestrar por horas o por pocos días un empleado de la empresa”, dijo la directora ejecutiva de País Libre, Claudia Llano.

Para la ONG, los departamentos con más alto índice de extorsión son Putumayo, Huila, Tolima y los santanderes.

“Hemos recibido denuncias en estos dos últimos meses de tres empresas de obras civiles de distintos departamentos, donde tienen secuestrados personas de diferente rango. Tenemos una empresa que tienen secuestrada dos ingenieros en un sector del país, tenemos otra empresa a la que le secuestraron en estos días en el sur del país unos operadores, empleados normales”, dijo la directora de la ONG.

Según País Libre, para los grupos armados la extorsión como forma de financiación es más rentable, pues les exigen a las empresas desde millonarios montos hasta participación en grandes contratos.

“Tenemos información por ejemplo que en el sector del Tolima les han pedido entre el cinco y 25 por ciento de un contrato que están liderando, y la amenaza va sobre la continuidad del negocio, sobre la movilización del personal y en algunas zonas con retaliación al secuestrar miembros de las empresas”, informó Claudia Llano.

Hace una semana, el DAS había anunciado que como resultado de 126 investigaciones en los últimos tres meses adelantadas por agentes del organismo de Inteligencia, se había logrado evitar el pago de más de 9 mil 800 millones de pesos por extorsión.

Un informe de la entidad reveló que por los operativos adelantados en 20 departamentos también fueron capturadas 134 personas por este delito.

Según la información suministrada por la Subdirección Antisecuestro del DAS, la extorsión afecta principalmente a los sectores comercial, agricultor y ganadero, así como a los servidores públicos elegidos popularmente.

En cuanto a resultados concretos, el DAS reveló que el mayor número de capturas relacionadas con este delito tuvo lugar en Sucre. Allí fueron detenidas 14 personas y le siguieron Antioquia con 13, Huila con 11, Santander con nueve, Risaralda, Bogotá con siete, y Valle del Cauca con seis. En otros departamentos fueron capturadas 67 personas.


sábado, 11 de julio de 2009

Interpol rechaza de nuevo pedido de Ecuador en caso J. M. Santos


UNA SOLICITUD de Ecuador de información complementaria sobre el ex ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos fue negada por Interpol, por tratarse de un asunto “predominantemente militar y político”.

El organismo, además, asegura que Quito no le ha pedido nunca su detención del ex funcionario colombiano.

Ecuador afirma haber transmitido oficialmente el 3 de julio a Interpol una orden de arresto internacional contra Santos por haber ordenado un ataque sangriento contra las Farc en territorio ecuatoriano.

“Debe quedar claro que Ecuador no ha pedido en ningún momento la publicación de una notificación roja para proceder a la detención de esta persona”, anunció el organismo internacional de cooperación policial con sede en Lyon (Francia).

Además Interpol rechaza la solicitud de publicación de una notificación azul, la cual no constituye una orden de captura, sino que sirve para recabar información complementaria sobre la identidad de individuos, su lugar de residencia o sus actividades ilícitas en el marco de un asunto penal.

Para argumentar su decisión, Interpol remite a sus estatutos y deber de objetividad.

“El compromiso contraído por Interpol para con sus 187 países miembros le obliga a mantener la objetividad y respetar el Estatuto y la normativa (...) Y este es especialmente el caso cuando un país le solicita que tome medidas en contra de un ciudadano o un dignatario público de otro país”.

“El Estatuto (...) prohíbe a la Organización participar en cualquier asunto que tenga carácter predominantemente político, militar, racial o religioso”, añade.

Una vez “examinada” la información facilitada y el fundamento de solicitud de notificación azul contra Santos, “la Oficina de Asuntos Jurídicos concluyó que se trata de un asunto de carácter predominantemente militar y político”.

Considerado un posible candidato a las elecciones presidenciales de 2010 en Colombia, Juan Manuel Santos, era ministro de Defensa cuando el ejército bombardeó el 1 de marzo de 2008 un campamento de la guerrilla, situado al otro lado de la frontera.

En esa operación murieron 25 personas, entre ellas el número dos de las Farc, Raúl Reyes, provocando la ruptura de relaciones diplomáticas entre esos dos vecinos sudamericanos.


Ordóñez decidirá si indaga por notarías en 2 semanas


“Cuello Baute declaró (…) ante la Procuraduría en el proceso disciplinario que se adelanta contra Sabas Pretelt y contra Teodolindo Avendaño”: Procurador

EN DOS semanas la Procuraduría podría abrir investigaciones con base en la denuncia interpuesta por el ex superintendente Manuel Guillermo Cuello ante la Corte Suprema sobre entrega de notarías a cambio del voto de congresistas para aprobar la reelección en el 2004.

El propio procurador Alejandro Ordóñez dijo que el Ministerio Público hará un pronunciamiento para determinar si las recientes declaraciones de Cuello tienen mérito para adelantar una investigación disciplinaria.

“La Procuraduría, con fundamento en las informaciones que obran en la declaración del ex superintendente, puede realizar las aperturas de investigaciones por los hechos que allí se refieren. El doctor Cuello Baute declaró (…) ante la Procuraduría en el proceso disciplinario que se adelanta contra Sabas Pretelt y contra Teodolindo Avendaño”, dijo Ordóñez.

La Corte Suprema condenó a los ex congresistas Teodolindo Avendaño, Yidis Medina e Iván Díaz Mateus tras comprobar que los dos primeros incurrieron en cohecho propio y el segundo en concusión.

Ante la Corte

Las declaraciones de Cuello, en las que salpica a más de medio centenar de congresistas, motivaron la apertura de una investigación preliminar, de carácter general, por parte de la Corte.

La decisión adoptada se adelantará por la Sala Penal y no por la comisión especial de investigadores que hasta el momento ha llevado casos como la parapolítica y la farcpolítica. Se considera que lo denunciado por Cuello Baute constituye un nuevo capítulo de la yidispolítica.

La decisión implica una labor investigativa en la que serán recaudadas, una a una, el mayor número de pruebas que permitan establecer si alguno de los nombrados por el ex superintendente incurrió en algún tipo de delito.

Para concretar ese fin, el alto Tribunal ya elaboró un listado de documentos que deberán ser llevados a lo que podría denominarse un “expediente madre”, en el que una vez se vayan teniendo indicios ciertos se podrán abrir investigaciones contra personas determinadas.

En caso de que se trate de personas con fuero, las indagaciones serían llevadas adelante por la Corte; en su defecto, la Sala Penal compulsará copias a la Fiscalía para que determine si hay o no mérito para alguna investigación.

En el listado de documentos que ya planea reclamar la Corte a distintas autoridades están los decretos que habrían oficializado la creación de las notarías de las que habló Cuello.

Una vez el ex superintendente amplíe su declaración dentro del proceso que inicialmente dirigió en contra de los ex congresistas Mauricio Pimiento y Yidis Medina, la Sala Penal decidirá si vincula preliminarmente a algún parlamentario.

Lo niegan

Varios de los dirigentes políticos señalados por Cuello han dicho que no recibieron notarías a cambio de apoyar la reelección.

“Por mi solidaridad con el presidente Uribe no tenían que comprarme ni pagarme nada”, aseguró el precandidato presidencial conservador Carlos Holguín.
“En 20 o 30 años de vida política debe haber varios notarios recomendados por mí”, agregó el ex ministro y ex senador Holguín.

Nancy Patricia Gutiérrez, senadora de Cambio Radical, recordó a través de un comunicado que fue coautora, ponente e impulsora de la reelección de Uribe. “No cabe imaginar siquiera que necesitara una prebenda burocrática para su votación”, dijo.

Por su parte, Carlos Soto, representante de La U, reconoció que alrededor de 2004 le solicitó al Gobierno nacional y a la Superintendencia de Notariado “hacer el estudio para ver si era viable instalar una notaría” en la zona suroccidental de Pereira, “un sector muy popular en donde vive cerca de un tercio de la población de la ciudad”.

El también representante de La U José Tyrone Carvajal afirmó que en diciembre de 2004, cuando se adjudicó una notaría supuestamente beneficiándolo, él todavía no era congresista.


viernes, 10 de julio de 2009

En 113 días CPI conocerá crímenes de guerra en país


Desde ahora ese tribunal “tiene su vista en Colombia, frente a algunos indicios de los que tiene conocimiento”, advirtió Jimmy Chamorro

DELITOS COMETIDOS con fines militares en Colombia, como el secuestro, la tortura, el ataque contra iglesias, los saqueos, el uso de armas no convencionales, la violación, la esclavitud sexual o el reclutamientos de niños, entre muchos otros, comenzarán a ser conocidos por la Corte Penal Internacional (CPI) dentro de 113 días.

El primero de noviembre terminan los siete años que invocó el Gobierno colombiano para que la CPI no tuviera jurisdicción sobre los crímenes de guerra cometidos en el país; el 5 de agosto de 2002 Colombia acudió a la salvedad consagrada en el artículo 124 del Estatuto de Roma.

“Colombia, cuando ratificó el Estatuto, lo hizo de tal forma que puso una declaración, que la hemos llamado internamente salvamento, para que la CPI no tuviera vigencia sobre los crímenes de guerra que eventualmente se cometan en Colombia”, nos explicó el ex senador Jimmy Chamorro, ponente de la ley que convirtió el Estatuto en norma vigente en territorio colombiano.

“Eso quiere decir que la CPI entró en vigencia para Colombia el primero de noviembre del año 2002, frente a todo lo que concierne a los crímenes de lesa humanidad y los crímenes involucrados con genocidio, mas no los crímenes de guerra”, aclaró Chamorro.
El plazo fijado es “improrrogable”, añadió el ex congresista.

Dentro de las infracciones que estaban sujetos a la salvedad no cuentan las ejecuciones extrajudiciales, llamadas falsos positivos, por cuanto se trata de una conducta calificada dentro de los delitos de lesa humanidad que, por lo tanto, ya están “cobijados” por la CPI, precisó el abogado José Ramiro Orjuela, asesor del Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales del Comité Permanente de Derechos Humanos.

La CPI se ocupará de los crímenes de guerra “ocurridos de ahí en adelante”, agregó Orjuela.

Colombia en la mira

Desde ahora, faltando 113 días para la entrada en plena vigencia de la jurisdicción de la CPI sobre los crímenes de guerra cometidos en el país, ya ese tribunal, “a través del fiscal Moreno-Ocampo, tiene su vista en Colombia, frente a algunos indicios de los que tiene conocimiento”, advirtió Chamorro.

“Ya sabemos que hay varios requerimientos que ha hecho el fiscal Moreno-Ocampo (…). Conozco de algunos de ellos que han llegado al gobierno por medio de la embajada nuestra en los Países Bajos y por intermedio de la Cancillería, frente al tema del secuestro, frente al tema de algunos crímenes de guerra”, indicó.

La CPI podría “comenzar a investigar crímenes de guerra si la justicia colombiana no lo hace; crímenes de guerra, ¿como cuáles? el reclutamiento de menores de edad, por ejemplo”. Si los grupos armados colombianos, “a partir del primero de noviembre siguen reclutando menores y si la justicia colombiana no los procesa, no los investiga y no los condena”, entonces el tribunal entrará a perseguirlos, concretó Chamorro.

Moreno-Ocampo

La CPI es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas que han cometido crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad.

Luis Moreno-Ocampo, fiscal de la CPI, ha estado varias veces en Colombia preguntando sobre las garantías de reparación a las víctimas de los paramilitares, sobre si los extraditados a Estados Unidos serán sometidos a un juicio acorde con los crímenes cometidos, y sobre cuál es el estado de las causas de los congresistas y ex funcionarios implicados en la parapolítica.

Pero Moreno-Ocampo tiene otras inquietudes: “En cualquier país, si se probara que una guerrilla produjo ataques masivos y sistemáticos contra la población civil, estamos ante crímenes de lesa humanidad”, afirmó en alguna oportunidad en referencia a que las Farc “pueden ser susceptibles de una investigación” en la CPI.

Un subalterno suyo, Paul Seils, jefe de análisis de situaciones de la fiscalía de la CPI, dijo en otra oportunidad que la oficina de Moreno-Ocampo lleva más de cuatro años analizando la situación colombiana: “Estamos analizando en Colombia si las investigaciones y procesos penales que están llevando a cabo pueden ser considerados reales, es decir si son genuinos, y seriamente tienen la voluntad y la capacidad de llevar a los responsables a la justicia”.

Para claridad de sus preocupaciones, basta con ver que en sus visitas a Colombia, Moreno-Ocampo les ha pedido a fiscales y jueces colombianos que abran procesos por crímenes masivos ocurridos en el país, con la identificación de sus máximos responsables como primera tarea: “Tenemos un máximo número de crímenes y una cantidad masiva de criminales”.

El fiscal de la CPI ha explicado que si bien es difícil hallar un “estándar jurídico” para investigar crímenes masivos, se sabe por experiencias de algunos tribunales, como el de Nuremberg, el de Ruanda o el de la antigua Yugoslavia, que lo primero es identificar a los máximos responsables: “La prioridad debe ser establecer los acusados. Ese debe ser el eje central” al abrir procesos por crímenes de lesa humanidad, y para ello “hay que empezar por indagar cuáles han sido los incidentes más graves”.

En Colombia, indicó, hay casos de masacres en que “se mezclan los grupos, y ése es el papel de la Fiscalía, establecer a los responsables” y llevarlos a juicio.

“El mundo no acepta más impunidad para estos crímenes, y Colombia deber ser ejemplo”, señaló al referirse a la aplicación de la ley de Justicia y Paz, marco legal para la desmovilización de paramilitares.


jueves, 9 de julio de 2009

Procuraduría pide que la Fiscalía acuse a Mario Uribe


Se calcula que en unos 15 días el ente acusador tomará una decisión sobre la solicitud.

PROFERIRLE RESOLUCIÓN de acusación al ex senador Mario Uribe por concierto para delinquir agravado, debido a sus presuntos vínculos con grupos paramilitares, le pidió ayer la Procuraduría a la Fiscalía, que ya cerró la etapa de investigación.

La petición de la Procuraduría no es de obligatorio cumplimiento para la Fiscalía, que puede pronunciarse en un sentido contrario, precluyendo la investigación. Se calcula que en unos 15 días la Fiscalía tomará una decisión sobre la solicitud.

El coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, Omar Zarabanda, dijo que recibió en la jornada documentos de la Procuraduría pidiendo acusar al ex senador Uribe por el delito de “concierto para delinquir”, en este caso, por promover grupos paramilitares.

Juan Carlos Moncada, uno de los abogados del ex senador, dijo que la petición de la Procuraduría se fundamenta en testimonios que dan cuenta de que Uribe habría hecho un pacto político con la ex congresista Eleonora Pineda, quien ante las autoridades confesó a mediados de 2007 haber sido parte del ala política del paramilitarismo.

Pineda fue condenada por las autoridades y recientemente quedó en libertad por pena cumplida.

El caso se remonta a las elecciones legislativas de marzo de 2002, cuando Mario Uribe aspiraba al Senado y Pineda a la Cámara.

Según el jefe paramilitar extraditado Salvatore Mancuso, detenido en una prisión de Estados Unidos por cargos de narcotráfico, por aquellos años Pineda le presentó a Uribe y entre los tres se hizo una alianza política para esas elecciones.

Otro testigo que ha señalado los vínculos de Uribe con grupos paramilitares es el desmovilizado Jairo Castillo, alias Pitirri, que está exiliado en Canadá.

El ex senador Uribe ha negado siempre tales pactos. Por esas mismas imputaciones, Uribe había sido detenido en abril de 2008 y estuvo preso en una cárcel de Bogotá, pero en agosto, el vicefiscal Guillermo Mendoza ordenó su excarcelación atendiendo un recurso de apelación interpuesto por la defensa, que alegó que fueron insuficientes las pruebas presentadas para ordenar la captura.

Mario Uribe

El ex senador Uribe es abogado de la Universidad de Antioquia; ha sido concejal, diputado, representante y senador.

Llegó por primera vez al Congreso como representante en 1986, haciendo fórmula con su primo, el hoy presidente Álvaro Uribe, que resultó elegido senador. Ambos fueron reelegidos en 1990 y, tras la revocatoria del Congreso en 1991, fueron elegidos una vez más para el periodo que comenzó en 1992.

Uribe llegó al Senado en 1994, luego que su primo decidiera aspirar a la Gobernación de Antioquia. Desde entonces se mantuvo en esa corporación legislativa, de la que fue presidente entre los años 2000 y 2001. Renunció a su curul en octubre de 2007, cuando fue vinculado a la parapolítica.

En las elecciones legislativas de 2002, Uribe obtuvo la sexta votación del país, con más de 116 mil votantes. En 2006, de nuevo con su propio partido político, obtuvo 66 mil votos.

Su partido, Colombia Democrática, obtuvo tres escaños en el Senado, pero por el escándalo de la parapolítica ya cuenta con cuatro de los suyos involucrados: Álvaro García, llamado a juicio; Miguel de la Espriella, condenado a 74 meses de prisión; Ricardo Ariel Elcure, que reemplazó a Uribe tras su renuncia, llamado a juicio. Y no solo los senadores de Colombia Democrática se han visto implicados: el representante Erick Morris ya fue condenado a 6 años de cárcel, mientras que a José María Conde la Corte Suprema le abrió una investigación previa.


Abren investigación preliminar por escándalo de notarías


El ex superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute, le dijo al alto Tribunal que cumplió órdenes del Gobierno, en cabeza del presidente Uribe, cuando asignó notarías a cambio de favores políticos de varios congresistas

EN LOS próximos días se sabrá si algunos nombres de congresistas y ex parlamentarios serán incluidos en la investigación que ayer abrió la Corte Suprema de Justicia por la denuncia que interpuso el ex superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute, según la cual el Gobierno habría ofrecido notarías a varios congresistas a cambio de votar favorablemente el acto legislativo que permitió la reelección presidencial en el 2006.

La Sala de Casación Penal decidió abrir este proceso y decretar la práctica de pruebas pertinente, después que encontrara suficientes elementos, materia de investigación, en la diligencia que cumplió Cuello Baute en la corporación, donde amplió la denuncia original interpuesta.

Dentro de la práctica de pruebas decretada por la Corte Suprema se citarán declaraciones de testigos, documentos relacionados con el nombramiento de notarías, entre otros.

Después que la Corte tenga estas pruebas en su poder, llamará a Cuello Baute para que ratifique la denuncia, y ahí sí individualizará las investigaciones de los políticos que tengan fuero.

El ex superintendente de Notariado y Registro le dijo a la alta Corte (ver recuadro) que recibió órdenes del alto Gobierno, en cabeza del presidente Uribe, para que favoreciera con el nombramiento de notarías a varios congresistas que votaron positivamente la reelección presidencial.

A pesar que la denuncia original fue interpuesta contra los ex congresistas Mauricio Pimiento y Yidis Medina Padilla, Cuello Baute presentó un documento donde se relaciona a 34 parlamentarios y otros funcionarios con el favorecimiento de más de 70 notarías.

Hace un par de días la Sala Penal del alto Tribunal había compulsado copias de la denuncia al despacho del vicefiscal general, Guillermo Mendoza Diago, y a los fiscales delegados ante la Corte para que establecieran si existen méritos para abrir investigación previa contra ex congresistas y funcionarios que se habrían beneficiado de recibir las notarías a cambio de favores políticos.

En la lista que le entregó el ex superintendente a la Corte hay varios ex congresistas, entre los que se encuentran Mario Uribe, Ciro Ramírez, a quienes la Fiscalía les adelanta investigación por la parapolítica, Mauricio Pimiento, quien ya fue condenado en el mismo proceso, entre otros ex parlamentarios.

Esta denuncia interpuesta por Manuel Cuello Baute, hace dos semanas, se dio días después que la Corte Suprema de Justicia profiriera las condenas contra los ex representantes Iván Días Mateus y Teodolindo Avendaño en el proceso de la yidispolítica.

Cuello soportó su denuncia en una relación que registra 72 notarías que fueron adjudicadas en los años de 2004, 2005 y 2006 presuntamente para pagar favores políticos.

Para muchos, el testimonio de Cuello es el más importante que ha escuchado la Corte, por la magnitud de las implicaciones que podrían sobrevenir.

Sin embargo, en el 2007 Yidis Medina reveló al país que en la aprobación del acto legislativo en mención, el Gobierno había ofrecido, involucrando al entonces ministro del Interior, Sabas Pretelt de La Vega, y al actual ministro de la Protección Social, Diego Palacio, entre otros funcionarios, dádivas a varios parlamentarios para que votaran favorablemente el acto legislativo.

Aunque Medina Padilla se autoincriminó de haberse beneficiado de esas prebendas, también aseguró que Teodolindo Avendaño había recibido una notaría y que Iván Días Mateus la había presionado para que votara a favor de las pretensiones reeleccionistas de Uribe, y dijo que no serían los únicos congresistas implicados.

Declaración de Cuello Baute

En la declaración que dio el ex superintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute, ayer ante la Corte Suprema de Justicia y que reveló La W Radio, relata las órdenes que le dieron varios funcionarios del Gobierno para la adjudicación de las notarías y las reuniones que se hicieron para tal propósito.

* Según Cuello Baute el Gobierno creó una operación para otorgar notarías a los congresistas que votaran favorablemente el acto reeleccionista del 2004, la cual estuvo a cargo del ex ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega; el ex viceministro, Hernando Angarita; el secretario de Presidencia, Bernardo Moreno; y los asesores de Presidencia, Juan David Ortega y María Claudia Salgado.

* El ex superintendente de Notariado y Registro le dijo a la Corte que el presidente Álvaro Uribe estuvo al tanto de esta operación, por lo que no lo apoyó en la convocatoria del concurso a notarios, y que dicha convocatoria vino después:

“Por eso, de alguna manera yo creía que lo que hacía (concurso) podía terminar teniendo la venia de él (Presidente), lo que resultó no ser así y después terminé entendiendo por qué en cierta ocasión por ejemplo, el viceministro Angarita me ordenó designar notario a una doctora Luz Marina Campo Hernández, primero en Facatativá y luego en Tunja, aduciéndome que eran compromisos del alto Gobierno”, dijo el ex superintendente.

* En particular, Manuel Cuello manifestó que el presidente Uribe era partidario de no nombrar a familiares de los congresistas como beneficiarios de las notarías sino a través de terceros, refiriéndose a la notaría Sexta de Barranquilla, donde por orden del ex ministro Pretelt fue nombrada la esposa del ex representante Jaime Amín.

“Me dijo que él (presidente Uribe) estaba intentando comunicarse con Sabas, porque él le había dicho hasta la saciedad que no nombraran parientes cercanos de parlamentarios ni en notarías, ni en el servicio diplomático y que cumplieran los compromisos en cabezas de terceros. Por lo tanto, me daba la orden de revocar el decreto y de que le hiciera el favor a través del Falcon de Palacio (teléfono privado) de contactar al representante Amín y que le pidiera de buenas maneras que su señora esposa no aceptara el nombramiento, pero que entre tanto el Gobierno le garantizaba la notaría en cabeza de otra persona”, le dijo Cuello a la Sala Penal.

* En la indagatoria, el ex funcionario también describió a manera de anécdota, algunas de las reuniones donde se planeó la entrega de las notarías: “Yo recuerdo que en esa reunión, el Presidente entraba y salía por una puerta que hay que comunica el despacho de Moreno con el Presidente. Estando allí el Presidente... él escuchó la voz de Juan Manuel Santos que venía caminando y el Presidente dijo hagan silencio que estos temas no se pueden tocar delante de Juan Manuel Santos, y yo recuerdo que en esos días Juan Manuel Santos estaba como comenzando a comandar una especie de movimiento a favor de la reelección”.