La decisión del juez ecuatoriano fue considerada como precaria e infundada por el jurista Ramiro BejaranoNO AGRAVAR la crisis que mantiene rotas sus relaciones diplomáticas, sugirió Quito a Bogotá, al juzgar como “desmedida” la reacción a la orden de arresto contra el ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, por el ataque militar que terminó con el abatimiento del vocero de las Farc alias Raúl Reyes.
“No es ninguna agresión a Colombia. No tienen que complicarse los dos niveles, el judicial y el político. Nosotros aspiramos que los procesos judiciales se desenvuelvan en el ámbito judicial y los políticos en el ámbito político”, declaró el ministro ecuatoriano de Seguridad, Miguel Carvajal.
El funcionario dijo que “siendo un proceso judicial (...), es absolutamente desmedido, inadecuado, pretender responder -como lo ha hecho el ex ministro Santos- diciendo que esto es una agresión a Colombia”.
Un juez ecuatoriano ordenó el lunes la captura de Santos por su presunta responsabilidad en la muerte de 25 personas, incluido Reyes, durante un ataque a una base clandestina de las Farc en Ecuador en marzo de 2008.
En la acción también murieron cuatro mexicanos y un ecuatoriano que se encontraban en el campamento bombardeado. El ataque luego causó la ruptura de las relaciones diplomáticas bilaterales.
Santos -quien dejó el Ministerio de Defensa para postularse a la Presidencia- consideró como una agresión a su país la orden de arresto.
“Ecuador es un país de derecho”, replicó Carvajal y añadió que en el caso de la incursión colombiana “hubo un hecho violento”, una “violación a la soberanía ecuatoriana” y “fuerzas militares durante once horas ejerciendo autoridad en territorio ecuatoriano, personas que murieron”.
“Eso es un hecho público que amerita una investigación”, enfatizó.
El miércoles el presidente Álvaro Uribe dijo que la decisión judicial contra Santos “es una amenaza a los colombianos, es una amenaza de negarles a los colombianos el derecho de recuperar la seguridad”.
Además su gobierno expresó “categóricamente la falta de jurisdicción del Estado ecuatoriano” para procesar a Santos.
Además del firme respaldo del gobierno del presidente Álvaro Uribe, la clase política, incluida la oposición, cerró filas en torno a Santos.
El mandatario, bajo cuyo gobierno las Farc han sufrido los más contundentes golpes militares, interpretó la decisión del juez ecuatoriano como producto de “la guerra política que promueve el terrorismo dentro y fuera de Colombia”.
Uribe aseguró además ayer, cuando se cumplió el primer año de la Operación Jaque, que permitió el rescate de la colombo-francesa Ingrid Betancourt, tres estadounidenses y once uniformados colombianos, que ello no hubiera sido posible sin el ataque a las Farc en Ecuador.
Por su parte, el comandante general de las Fuerzas Militares y ministro de Defensa encargado, general Freddy Padilla, reveló que el gobierno determinó encarar como “una política de Estado” la defensa de la Operación Fénix (como se denominó el ataque a Reyes).
Padilla aseguró que dicha operación fue realizada “a la luz del Derecho Internacional Humanitario contra el terrorismo”.
Al rechazo del gobierno contra la decisión del juez ecuatoriano -que Santos calificó de “agresión” contra su país en una declaración desde Londres- se sumaron los opositores Partido Liberal (socialdemocracia) y Polo Democrático Alternativo (PDA, izquierda).
En cuanto a la posibilidad de que la orden del juez derive en la captura de Santos, el jurista y ex director del servicio de inteligencia de Colombia (DAS), Ramiro Bejarano, la consideró “precaria” e “infundada”, y destacó que la Policía Internacional (Interpol) evalúa esas solicitudes antes de expedir una orden de arresto.
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