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Así lo confirmó a los medios el representante Gilberto Rondón, del Partido Liberal, miembro de la comisión de acusación de la Cámara, que adelanta la investigación por la posible vinculación del presidente Álvaro Uribe en el ofrecimiento de dádivas a los congresistas con el fin de aprobar la reelección en 2004.
Rondón explicó que se está intentando reanudar el proceso en el punto en que quedó en diciembre pasado, pero que todo se ha dificultado debido a que el Congreso en sí no ha iniciado su trabajo, dado que las sesiones ordinarias debieron iniciarse el 16 de marzo. Al cierre de esta edición todo parecía indicar que también las acciones de esta comisión quedarían suspendidas hasta después de Semana Santa, como lo había anticipado este Diario.
Los tres investigadores de Uribe, que además de Rondón son Efrén Palacio, del Partido Liberal, y José Gerardo Piamba, del Partido Conservador, ordenó llamar a declarar a una serie de personalidades y practicar varias pruebas relacionadas con el tema.
Los dos primeros que deberán dar sus testimonios son los ex congresistas Teodolindo Avendaño e Iván Díaz. Avendaño está citado para mañana.
Luego de recibir estas declaraciones, deberán entregar sus versiones el ex fiscal Iguarán y el secretario Moreno, así como el ex ministro Carlos Holguín y el ex superintendente Manuel Cuello.
Dentro de este mencionado caso ya fue condenada por la Corte Suprema de Justicia la ex congresista Yidis Medina, por haber recibido prebendas para votar en favor de la reelección presidencial.
Medina reemplazó a Díaz, que pidió una licencia, participando en la comisión primera de la Cámara donde se debatía el proyecto de reelección presidencial; anunció su voto en contra pero cambió su decisión a última hora.
LAS AMENAZAS contra magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia se han incrementado y se están presentado de forma sistemática por correos electrónicos, denunció el presidente encargado del alto Tribunal, Jaime Arrubla.
“Vemos con gran preocupación que se estén presentando ya en una forma reiterada y tan sistematizada este tipo de afrentas contra la seguridad de los magistrados”, expresó ayer Arrubla.
Según el magistrado, las amenazas han sido recibidas a través de correos electrónicos en los que se les dice a los magistrados que van a recibir “un regalito”.
Además, el presidente interino de la Corte señaló que los correos electrónicos aparentemente provienen de la cárcel de Cómbita en Boyacá, donde están confinados jefes paramilitares y narcotraficantes en proceso de extradición.
El magistrado Arrubla se refirió específicamente a un correo electrónico que recibió una magistrada auxiliar, en el que se amenazaba al magistrado titular, que tiene a su cargo algunos procesos de parapolítica.
El pasado 5 de marzo, el tribunal había advertido sobre un plan para asesinar a tres de sus integrantes de la sala penal.
“Se prolonga así la estrategia de amedrentamiento en el vano intento de doblegar la inquebrantable voluntad de la Corte Suprema de Justicia de cumplir sus responsabilidades frente a la sociedad, la Constitución y la ley”, señaló una declaración de los magistrados divulgada en esa oportunidad.
“Confiamos en que se investigue. No vamos a tolerar ningún tipo de amenazas que lo que buscan es desestabilizar a los magistrados y sus familias. Seguiremos cumpliendo con nuestro deber”, señaló ayer Arrubla.
El general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional, confirmó ayer mismo que se iniciaron las investigaciones de los correos amenazantes enviados a una funcionaria de una magistrada de la Corte.
Según Naranjo, lo que hasta ahora se conoce es que el comunicado “tiene acreditación” desde la cárcel de Combita, en Boyacá. “Estamos investigando los orígenes desde hace poco más de 72 horas cuando recibimos la información”, explicó el general Naranjo.
Por tres votos, aún no hay Fiscal General
La elección del Fiscal General quedó aplazada para después de semana santa, luego que ayer ninguno de los tres aspirantes, a reemplazar a Mario Iguarán, lograra la mayoría de los votos en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
Todavía le faltan tres votos a la procuradora delegada Margarita Cabello para que alcance los 16 votos necesarios para que sea nombrada directora del ente acusador, pues en la última sesión, también había logrado 13 votos.
Sin embargo, llamó la atención que ayer el magistrado Marco Antonio Velilla despegara en la elección, con ocho votos, pues anteriormente siempre había obtenido apenas cuatro; la votación por el ex ministro Camilo Ospina bajó, ya que obtuvo en esta oportunidad sólo siete sufragios.
La oleada de embargos irregulares que sucesivamente promueven abogados inescrupulosos con la anuencia de algunos jueces, le está provocando un desangre al fisco nacional de 132 mil millones de pesos durante el último año.
Así lo señaló el director de la oficina Anticorrupción de la Presidencia Oscar Ortiz González, quien hizo un llamado a los organismos de control y a la Fiscalía General para que tomen correctivos que permitan detener esta práctica que le está costando al Estado sumas millonarias que debían emplearse en proyectos de interés social.
Ortiz González advirtió que “si no se toman los correctivos urgentes la Nación podría perder otros 1.250 millones de pesos, que están pendientes de pagar si prosperan las actuaciones judiciales”.
Los embargos irregulares, según la Oficina Anticorrupción, presentan dos variables: la primera ataca a entidades del Estado en liquidación (Patrimonio Autónomo de Remanente de Telecom –PAR-, y Cajanal en Liquidación), y la segunda en municipios, mediante decisiones judiciales que decretan embargos a recursos inembargables.
Indica el funcionario que “aunque el modus operandi no es idéntico, sí se identifican elementos comunes: se valen de actuaciones irregulares judiciales que son promovidas por abogados que actúan como apoderados de grupos numerosos de ex trabajadores de empresas estatales extintas o ex profesores”.
Las denuncias
Precisamente a comienzos de esta semana, el Zar Anticorrupción había denunciado que en el Patrimonio Autónomo de Remanente de Telecom –PAR-, mediante incidentes de desacato a fallos fraudulentos de tutela, están presionando el pago a ex trabajadores de pensiones e indemnizaciones a las que no tenían derecho o se habían cancelado. Estas actuaciones involucran más de 100 mil millones de pesos.
Ayer, el alto directivo encargado de vigilar que los recursos del Estado sean utilizados con transparencia, volvió a activar las alertas en Cajanal EICE en Liquidación, luego de conocer que un juez decretó el embargo de 21 mil millones de pesos para pagarles pensiones gracia a 94 demandantes.
Se trata del juez Segundo Civil del Circuito de Magangué Ardenys Payares Pérez, quien decidió el embargo con base en un fallo emitido en diciembre de 2009 por la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura. En esa sentencia, se ordenaba al Juez Payares darle cumplimiento al fallo de tutela que emitió en diciembre de 2006, y que amparaba los derechos de los accionantes y se reconocía la pensión gracia.
El 5 de mayo pasado el juez Payares decretó el auto de embargo, aunque precisaba que la medida cautelar quedaba supeditada o condicionada a la decisión que en revisión pudiera tomar la Corte Constitucional sobre la sentencia del Consejo Superior de la Judicatura. Esto, de acuerdo con el Zar, es absurdo e ilegal.
De acuerdo con lo indicado por Ortiz González, esta medida “fue ilegal porque el juez de Magangué violó normas que disponen que esos recursos no se pueden embargar. Absurdo, y también ilegal, porque no cabe en la cabeza que un juez condicione la eficacia de un fallo de tutela a una revisión de la Corte Constitucional, mucho más cuando la probabilidad de que ello ocurra es de una entre mil, ya que de las 300 mil tutelas que se fallan al año en Colombia, la Corte Constitucional selecciona 300 aproximadamente”.
Además –según la Oficina Anticorrupción-, resulta contradictoria la actuación del Juez Payares pues “el mismo día en que profirió el auto (5 de marzo de 2010) también comunicó y ordenó al banco BBVA consignar los 21 mil millones de pesos al apoderado de los 94 accionantes”.
La modalidad de embargos irregulares también la detectó el Zar Anticorrupción en los municipios de Novita, Medio San Juan y Tadó, en el Chocó, en que algunos ex profesores reclaman derechos laborales y pensionales, y mediante decisiones judiciales irregulares (fallos de tutela y procesos ejecutivos en contra de la nación) logran embargos de recursos que también son inembargables. Por estas actuaciones se perdieron 7 mil millones de pesos.
De acuerdo con las indagaciones realizadas por el Programa Presidencial en el caso de Chocó, se evidencian anomalías como la omisión de etapas en los procesos ejecutivos y el reconocimiento de deudas municipales en documentos que no tienen tal calidad.
Ortiz González puso en conocimiento de las autoridades competentes los hechos denunciados. Además, le pidió al Consejo Superior de la Judicatura ejercer vigilancia judicial administrativa dentro del trámite que lleva el Juez de Magangué e iniciar las investigaciones a que hubiere lugar. El Zar también le solicitó al juez en mención que revoque el auto por medio del cual ordenó el embargo de los recursos de Cajanal y a la Fiscalía que inicie investigación penal.
A SÓLO un día de que se venza el plazo para que la comisión de alto nivel, para la reforma a la Justicia, presente sus conclusiones y a pocos meses de que el presidente Álvaro Uribe deje la Casa de Nariño, queda la inquietud de si este informe será sólo un análisis académico.
Pues trasladamos esta pregunta a algunos integrantes de la comisión de alto nivel, quienes coincidieron en que por estar próxima la elección de un nuevo Presidente de la República, con la consecuente renovación de todo el gabinete ministerial y el inicio de una nueva legislatura, sería bastante complicado que estas conclusiones fueran propuestas en una iniciativa que presente el Ejecutivo al Congreso.
Sin embargo, las fuentes consultadas indicaron que a pesar de esta posibilidad, presentarán las conclusiones entre mañana y la próxima semana, y que a partir de ese informe, el próximo Presidente tendría una clara idea de las reformas que necesitaría la Justicia.
“De esta manera, el actual proyecto podría ser tenido en cuenta por el próximo Gobierno, siempre y cuando fuera a presentar una reforma de esta magnitud”, dijo uno de los magistrados integrantes de la comisión.
No obstante, algunos juristas afirmaron que este informe final fue hecho por especialistas en el tema y que en el evento en que se quiera volver a insistir en una reforma judicial, se debe tener en cuenta el análisis y la posición de las Cortes.
De igual manera, tal y como le había dicho a este Diario el ex magistrado José Alejandro Bonivento, presidente de la comisión, los temas abordados por los 13 magistrados integrantes de ese grupo de alto nivel no involucran modificaciones o reformas a las competencias de las Cortes, sino con la estructura de la Rama.
Varios de los magistrados consultados por este Diario ya habían dicho con anterioridad que podría presentarse el hecho de que el Gobierno no tuviera cuenta sus propuestas presentadas, tal como había pasado con la comisión de notables convocada para la reforma política.
Temas
Entre los temas que harán parte del informe final que le entregue al Gobierno la comisión de Reforma a la Justicia en los próximos días, está la posibilidad de que la acción de tutela no pueda ser presentada contra sentencia judicial, pues se trata de frenar los choques judiciales.
En este tema, la comisión presentará la propuesta de si es conveniente o no, suprimir la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, por ser la corporación que ha echado atrás sentencias de la Corte Suprema de Justicia como en el proceso de la parapolítica y yidispolítica.
Los magistrados y ex magistrados que estudian la reforma judicial, también estuvieron de acuerdo que con la creación del Ministerio de Justicia, se garantizaría un canal directo de comunicación con el Ejecutivo.
De igual manera, también será incluido el tópico de la Fiscalía y su independencia. Hace varias semanas tuvo eco la propuesta de que el ente acusador permanezca en la Rama Judicial para así garantizar su independencia. Sin embargo, es un total misterio si la comisión se referirá a la forma en que se elige al Fiscal General y presente una alternativa a la que actualmente existe.
Además, hay otros tópicos como la forma en que se eligen los magistrados y la duración de su período que serán incluidas en el informe final.
Valencia, quien actualmente preside la Sala de Casación Civil, sostuvo además que las órdenes de las chuzadas provinieron de alguien con más poder que la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien actualmente es investigada por la Fiscalía por los seguimientos ilegales.
“Hay hechos que indican que esas informaciones iban a parar a Palacio. La directora del DAS depende directamente del Presidente. No se si él o alguien cercano a Palacio está detrás de esto”, dijo el magistrado.
“Es extraño”, añadió, “que de acuerdo con las investigaciones, coincidencialmente los seguimientos que me hacía el DAS se produjeran en momentos en que yo preparaba, junto con mi abogado Ramiro Bejarano, mi defensa en la demanda que me interpuso el Presidente por injuria y calumnia”, agregó Valencia, quien mantiene un litigio con el presidente Álvaro Uribe.
En este punto, rechazó también los seguimientos ilegales a que ha sido objeto Bejarano.
“Considero que la persecución que se ha montado contra él, es una forma de quebrar el debido proceso, el sigilo profesional y la igualdad procesal que debe reinar en todo asunto”, expresó el magistrado.
Valencia aseguró que la ex directora del DAS mintió cuando dijo que desde el órgano de Inteligencia no se hicieron interceptaciones ilegales.
“Ahora veo de manera falaz a la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien negó que ese hecho ocurriera”, declaró. “Simplemente ratifico que el DAS y no precisamente en cabeza de un agente ni del detective, sino que son órdenes que vienen de un nivel muy pero muy alto contra quien habla y en general contra la Corte Suprema de Justicia tratando de intimidarnos”, precisó.
Valencia anotó que “quién sabe quién más está en ese complot contra la Corte”, y atribuyó los seguimientos a las investigaciones en el proceso de la parapolítica que adelanta el Alto Tribunal.
Hace dos semanas, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia habría proferido un comunicado, en el cual llamaba la atención de las autoridades competentes, exigiendo mayor seguridad por presuntos actos terroristas contra algunos magistrados de la Corporación.
Por otro lado, la parte civil integrante en el proceso contra el ex director del DAS, Jorge Noguera, recordó que la ex directora operativa DAS, Luz Marina Rodríguez, había admitido haber conocido el operativo de las autoridades en el que fueron capturados 18 paramilitares al servicio de Ayatawacoop, firma con la que el organismo habría celebrado un contrato de donación.
El Colectivo de Abogados, José Alvear Restrepo, confirmó que esa acción se produjo como consecuencia de la firma de un contrato de donación celebrado entre el DAS y la firma en cuestión.
Buscando el pago de pensiones anticipadas ilegalmente o ser reconocidos con el fuero sindical al que no tienen derecho, ex trabajadores de Telecom han interpuesto tutelas que de ser pagadas podrían superar los 100 mil millones de pesos, denunció el zar Anticorrupción Óscar Ortiz González, quien dijo que “el apetito de los corruptos parece no saciarse. Primero, a punta de tutelas fraudulentas cobraron pensiones e indemnizaciones a las que no se tenía derecho o se habían cancelado. Ahora recurren a los incidentes de desacato para presionar pagos no realizados”.
Este caso, que ya fue denunciado por el Gobierno, tomó ayer nuevas dimensiones ante el pronunciamiento de Ortiz González, ya que están en juego recursos por más de 100 mil millones de pesos, además de la nueva modalidad usada para obtener los pagos y la compleja y sofisticada organización delictiva que está detrás de este desfalco.
Según la oficina del Zar Anticorrupción, esta denuncia se relaciona con acciones de tutela, 50 aproximadamente, promovidas desde marzo del año pasado por ex trabajadores de Telecom para que sean incluidos en el plan de pensión anticipada o en el retén social sin contar con los requisitos exigidos, o se les reconozca fuero sindical, pese a que la entidad los indemnizó y en muchos casos les adelantó el proceso por esa prerrogativa sindical.
Esta modalidad fraudulenta comenzó a detectarse en Córdoba, pero luego se extendió a Bolívar, Sucre y Antioquia. De acuerdo a la Oficina Anticorrupción, “una sola tutela puede tener 97 accionantes y el promedio de lo que reclama cada uno de ellos es de 500 millones de pesos”.
Ortiz González reiteró que la información recopilada por el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción permite precisar que algunos juzgados continuaron autorizando pagos exagerados e ilegales a través de tutelas, sin tener en cuenta que la Corte Constitucional, en Sentencia T-538 de 2009, sentó una jurisprudencia y determinó que esos embargos que pretendían asegurar los pagos, eran improcedentes.
El patrimonio
El Zar detectó que ante el agotamiento de recursos del Patrimonio Autónomo de Remanente de Telecom –PAR-, creado para atender posibles condenas judiciales, los ex trabajadores y sus abogados buscan que jueces, con ocasión de supuestos desacatos a decisiones de tutela fraudulentas, ordenen sanciones y arrestos para forzar los pagos.
Es por ello que el Zar Anticorrupción les solicitó a los jueces Primero y Segundo Promiscuo Municipal de Lorica y al Juez Promiscuo del Circuito de Familia del mismo municipio, que suspendan los trámites incidentales de desacato, pues pueden incurrir en prevaricato por acción, concierto para delinquir y fraude procesal, teniendo en cuenta las sentencias T-538 de 2009 y T-551 de 2009.
En la primera decisión, la Corte, al revisar fallos de tutela proferidos por Juzgados de Montería sobre este caso, estableció que era improcedente el amparo transitorio de derechos y, en tal sentido, también lo eran los embargos y los pagos ordenados contra los recursos del PAR.
La Corte también precisó que las tutelas revisadas fueron extemporáneas, pues los peticionarios dejaron pasar más de dos años para acudir ante el juez. Además, no quedó demostrado que el derecho al mínimo vital se encontraba vulnerado y los accionantes no acudieron ante la justicia laboral ordinaria y no aportaron pruebas para demostrar que la vía judicial ordinaria era ineficiente para la protección de los derechos alegados.
En esa sentencia también fue definido que mediante los fallos de tutela fueron ordenados pagos con base en liquidaciones presentadas por los accionantes, las cuales incluyeron conceptos que no corresponden o fueron sobrestimados.
Teniendo en cuenta que los incidentes de desacato que conocen los Juzgados de Lorica involucran a grupos de ex trabajadores de Telecom, el Zar también les solicitó a los jueces revisar si ya les pagaron los conceptos que reclaman, de modo que eviten dobles pagos.
El análisis realizado por la Oficina Anticorrupción, evidencia irregularidades en las tutelas interpuestas y falladas en varias regiones del país.
Según la misma queja, abogados que actúan como apoderados de varios accionantes buscan Juzgados que saben que están fallando de manera ilegal. Y señala la Oficina que “hay jueces que desconocen las normas de competencia territorial. Por ejemplo, un Juzgado de Sucre, en Sucre, conoce tutelas interpuestas por ex trabajadores del Cauca y San Andrés. Hay tres reclamaciones principales: Plan de Pensión Anticipada, fuero sindical y retén social. En lugar de que los reclamos se realicen en un solo Juzgado, interponen acciones paralelas para cada uno de los supuestos reclamos ilegítimos”.
El Zar también le solicitó a la Fiscalía General de la Nación información sobre las investigaciones ordenadas por la Corte Constitucional en la sentencia T-538 de 2009 contra los servidores públicos.
FUE RECAPTURADO por un comando de 50 hombres de las fuerzas especiales de la Policía, en una finca del municipio de Titiribí, en Antioquia, al prófugo jefe de sicarios de la llamada Oficina de Envigado, Daniel Alejandro Serna, alias Kener.
La captura de Kener fue confirmada por el ministro de Defensa, Gabriel Silva y por el director de la Policía, general Oscar Naranjo, quienes manifestaron que Serna no había sido secuestrado como lo afirmaron algunos de sus familiares, o como lo afirmó él al momento de ser detenido.
Según se indicó, Kener sostuvo que fue plagiado el domingo y que logró huir de sus captores.
La versión, según una fuente, resulta poco creíble por cuando la Fiscal 29 de Medellín le había otorgado la detención domiciliario, justo porque padece una serie de enfermedades le impiden hasta caminar con facilidad.
“Gracias a la red de cooperantes logramos recapturar a alias Kener y pagaremos los 500 millones de pesos que se habían ofrecido por este hombre”, dijo Silva.
Finalmente, el jefe de la cartera de Defensa pidió a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de investigación evitar que esta clase de hechos se vuelvan a registrar por falta de vigilancia.
Por su parte, el general Naranjo reveló que la recaptura de alias Kener se registró en la finca Potosì, en Titiribì, en límites entre Angelópolis y Medellín.
El oficial precisó que alias Kener fue trasladado a Bogotá en medio de estrictas medidas de seguridad y hoy a primera hora será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para los trámites de rigor.
“Enfrentaba 16 cargos criminales y ahora se suma el de fuga de presos”, dijo un funcionario de la Dijin.
Kener o El Cabo, se fugó el domingo de su detención domiciliaria, al parecer, tras conocer que un Juez de la República había revocado esa medida de privación de la libertad y había ordenado al Inpec remitirlo a un centro carcelario de la capital de Antioquia.
La esposa de Serna afirmó que elementos que vestidos con prendas del Inpec ingresaron a su residencia y se llevaron a Serna para un supuesto traslado.
La fuga provocó un duro enfrentamiento entre la Fiscalía General, el Inpec y el Gobierno Nacional, que entraron en un rifirrafe, pero no asumieron su responsabilidad en el hecho.
Alias Kener fue capturado el 17 de julio de 2008 por la Dirección de Investigación Criminal, Dijin, tras ser sindicado de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado ante la Fiscalía 29 Especializada de Medellín, además de tener 13 requerimientos por parte de otras autoridades en Montería, Neiva y Bogotá.
En lo corrido del año han sido abatidos 15 guerrilleros, entre ellos los cuatro máximos cabecillas del frente 51 de las Farc.
Las Fuerzas Militares adelantan operaciones sostenidas en el sur del Tolima en un esfuerzo para capturar al máximo dirigente de las Farc, Guillermo León Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, al tiempo que frustraron los esfuerzos de ese grupo armado al margen de la ley para “recuperar” la región del Sumapaz.
El pronunciamiento fue hecho por el comandante de la Quinta División del Ejército, general Juan Pablo Rodríguez Barragán, al explicar que se trabaja con todos los servicios de inteligencia para lograr la captura de “Alfonso Cano más temprano que tarde”.
ENS: todo se encuentra listo para las elecciones del 14 de marzo?
GENERAL JUAN PABLO RODRÍGUEZ BARRAGÁN: La situación en lo que hace referencia a la jurisdicción de la Quinta División del Ejército que comprende a los departamentos de Boyacá, Huila, Tolima, Cundinamarca, el Distrito Capital, cinco municipios de Santander y algunos corregimientos del Caquetá, es de absoluta normalidad.
E.N.S.: Con cuántas mesas o puestos de votación cuenta su jurisdicción general Rodríguez Barragán?
J.P.R.B.: Vamos a tener 1.811 puestos de votación que estarán cubiertos en su totalidad por la Fuerza Pública. Allí hay un esfuerzo grande en el área rural por parte del Ejército y en los cascos por la Policía. Además se cuenta con una coordinación muy estrecha con los demás organismos de seguridad como el DAS, el CTI de la Fiscalía y en estos casos también los organismos de inteligencia que van a estar dispuestos durante todo el proceso electoral para garantizar a los 321 municipios que conforman la jurisdicción y a los 8 millones 500 mil electores para que puedan ejercer libremente el voto y puedan participar en esta jornada democrática sin ningún contratiempo.
E.N.S.: Plenas garantías para que los colombianos acudan a las urnas?
J.P.R.B.: hemos hecho un esfuerzo grande, mancomunado entre todas las instituciones para esta jornada democrática. Todos los puestos de votación estarán cubiertos. Pienso y esperamos que con el esfuerzo de todos y la colaboración de la población civil se pueda garantizar que esta fiesta democrática se pueda llevar a cabo sin ningún contratiempo.
E.N.S.: Cómo se enfrentará la amenaza de los grupos armados al margen de la ley?
J.P.R.B.: Nosotros estamos preparados y estamos desarrollando coordinaciones
interinstitucionales en forma permanente, porque hemos entendido que a través de la inteligencia dominante que es la producida por todas las instituciones, es decir, las Fuerzas Militares, la Policía, el DAS, la Fiscalía y demás organismos de seguridad del estado, con la colaboración de las autoridades civiles y de los ciudadanos, podemos derrotar al terrorismo.
E.N.S.: Se adelantan operaciones en los llamados corredores estratégicos y en los antiguos dominios de las Farc y otros grupos armados al margen de la ley?
J.P.R.B.: En lo que corresponde a la jurisdicción de la Quinta División estamos adelantando operaciones sostenidas y contundentes contra las diferentes estructuras de las Farc, del Eln y contra las bandas criminales al servicio del narcotráfico. Los colombianos conocen los recientes éxitos que ha tenido la Quinta División contra la cuadrilla 51 de las Farc. Realmente se han desarrollado operaciones ofensivas durante este año muy contundentes donde hemos logrado resultados significados y eso estamos haciendo en todas las áreas bases donde tenemos presencia de grupos armados al margen de la ley.
E.N.S.: Cómo está la situación en el sur del Tolima, donde se presume que se encuentra el máximo cabecilla de las Farc, alias Alfonso Cano?
J.P.R.B.: Hemos avanzado muchísimo en el sur del Tolima en lo que respecta al control territorial. Estamos desarrollando operaciones sostenidas en las áreas base de estas once estructuras del llamado Bloque Central de las Farc. Es necesario destacar que hemos logrado golpear algunas estructuras que conforman estos grupos terroristas con el esfuerzo de nuestros soldados, la colaboración de las personas de bien y el apoyo del pueblo tolimense. A través de las operaciones militares, de la acción integral y participando activamente en el desarrollo de algunas obras en beneficio de la comunidad hemos venido recobrando el control de algunos puntos críticos, especialmente, en los municipios de Planadas y Rioblanco que en pasado fueron regiones muy azotadas por estos grupos terroristas.
E.N.S.: Se está persiguiendo Alfonso Cano en el sur del Tolima?
J.P.R.B.: Estamos adelantando operaciones sostenidas y adelantamos un esfuerzo de búsqueda hacia el logro de ese objetivo, la captura de Alfonso Cano. Indudablemente la región del sur del Tolima en difícil e inhóspita, donde en algunas circunstancias se dificulta el desarrollo de las operaciones. Obviamente estamos haciendo todo el esfuerzo para recuperar todas estas áreas estratégicas y poco a poco ir avanzando en logro de este objetivo que esperamos que ojala lo pudiéramos cumplir más pronto que tarde.
E.N.S.: Hay información sobre la presencia de Alfonso Cano en esa jurisdicción?
J.P.R.B.: Estamos haciendo un esfuerzo hacia las estructuras del Bloque Central de las FARC y especialmente hacia esas doce estructuras que delinquen en el sur del Tolima, donde al parecer y de acuerdo con informaciones que tenemos, al parecer, puede estar el bandido Alfonso Cano.
E.N.S.: Cuál es el balance de operaciones en lo corrido del presente año?
J.P.R.B.: Se han entregado en forma voluntaria 77 miembros de las Farc, en muchos casos con sus armas, granadas, explosivos y equipos de campaña y en desarrollo de las operaciones ofensivas sostenidas han sido abatidos quince integrantes de ese grupo armado al margen de la ley.
EL GENERAL Juan Pablo Rodríguez Barragán, comandante de la Quinta División del Ejército.
El ministro de Defensa, Gabriel Silva, dijo que no está confirmado que el atentado fuera contra integrantes de la Corte Suprema.
PESE A que no está confirmado que los dos hombres capturados ayer fueran a atentar contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, todas las alarmas se prendieron en torno las amenazas que se han vuelto recurrentes en torno a los magistrados de esta Corporación y otros miembros de la rama judicial.
Ayer, el fiscal General encargado, Guillermo Mendoza Diago, se reunió con los miembros del Alto Tribunal y les puso en conocimiento informaciones según las cuales se estarían fraguando ataques, por lo que les ofreció garantías para que continúen adelantando su trabajo. Lo mismo hicieron el ministro del Interior, Fabio Valencia y el propio presidente Álvaro Uribe.
Sin embargo, el ministro de Defensa, Gabriel Silva, dijo que “no tenemos evidencia de un atentado contra los magistrados pero preventivamente hemos tomado las decisiones para evitar acciones violentas”.
Sin embargo, unas interceptaciones telefónicas develarían que se planeaba un ataque contra Jorge Luis Quintero, Javier Zapata y el ex presidente de la Corporación, Augusto Ibáñez.
El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general César Augusto Pinzón, informó que en la madrugada de ayer fueron capturados dos sospechosos en inmediaciones de las residencias de dos magistrados de la Sala Penal de la Corte.
El ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, por su parte, condenó en un comunicado de prensa “de la manera más enérgica todo tipo de amenaza o atentado contra los miembros de la rama judicial, y especialmente contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.
En tanto, el Fiscal General de la Nación encargado, Guillermo Mendoza, se reunió con los magistrados para tratar “el asunto de las amenazas”.
La Fiscalía descubrió el supuesto plan, cuyos detalles y autores serían paramilitares aliados con narcotraficantes.
Algunas fuentes oficiales dijeron que en las amenazas podrían estar vinculados los prófugos de la cárcel La Picota de Bogota, alias Carecuchillo y alias Tribilín.
Según algunas versiones, en el plan terrorista, descubierto por la interceptación de llamadas telefónicas, estarían vinculados sicarios procedentes de Córdoba.
“Esos HP nos quieren joder.... jodámoslos primero nosotros”, dice una de las interceptaciones realizadas por las autoridades.
A la lista de magistrados amenazados se suman la juez tercera especializada Estella Jara, quien lleva el proceso por los hechos del Palacio de Justicia y ha tomado decisiones en contra del cartel de norte del Valle.
Según las denuncias, los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema venían siendo objeto de seguimientos, interceptaciones telefónicas y ubicación de sus residencias.
No obstante, fuentes insistieron en que los dos hombres vigilaban a un comerciante y que el atentado estaría dirigido a él.
“Ante la comunidad nacional e internacional deben responder las autoridades encargadas de nuestra seguridad y la de nuestras familias; responsabilidad que se extiende a la propia vigencia de la democracia, pues los hechos conocidos atentan contra la integridad y existencia de uno de los poderes constituidos, con lo cual minan el Estado de Derecho”, dijo en un comunicado la presidenta encargada del alto Tribunal, magistrada Elsy del Pilar Cuello Calderón.
“Exigimos vehementemente – añadió la alta Corte - que cesen todos los embates contra el actuar de la Corte, pues cualquiera que sea la forma en que se haga, desde el agravio y el linchamiento moral, hasta el atentado personal, socavan la democracia y alientan la intervención de Tribunales internacionales.
A su vez, Los trabajadores de la rama judicial lanzan una voz de alerta y aseguran que su oficio no cuenta con garantías de seguridad y la protección es mínima.
Fabio Hernández, vocero de Asonal Judicial, explicó que muchos son objetivo de las bandas de delincuentes lo que puede conducir a nuevos crímenes.
Por su presunta responsabilidad en el homicidio del desmovilizado del bloque Centauros de las autodefensas Oscar Eduardo Pérez Anave, perpetrado el 4 de enero de 2007 en la vereda Porvenir, jurisdicción de Paz de Ariporo (Casanare), la Fiscalía acusó a un teniente y a cinco soldados profesionales.
Los acusados pertenecían Grupo de Caballería Montada Guías de Casanare y fueron afectados por la decisión por homicidio en persona protegida, secuestro simple agravado, porte ilegal de armas de uso personal, hurto calificado y agravado y destrucción u ocultamiento de documento público falso.
De acuerdo con la investigación, Pérez Anave fue abordado cerca de su casa por hombres encapuchados que se lo llevaron con rumbo desconocido. Días después su cadáver fue presentado por el Ejército como muerto en combate.
Los afectados por la decisión son: el teniente Oscar Humberto Silva Monroy, también acusado por el delito de falsedad ideológica en documento público, y los soldados profesionales Santos Abraham Eregua Peraza, José Tarache Flórez, Gildardo Coba Humo, Efraín Guevara Guanaro y Carlos Alexis Forero Alvarez.
Silva Monroy se encuentra detenido en un centro de reclusión militar, en Bogotá, mientras los soldados se encuentran privados de la libertad en un batallón de Yopal (Casanare).
Entre tanto, agentes del CTI detuvieron en una guarnición militar de Bogotá al cabo segundo del Ejército, Carlos Alberto Rey Ospina, por su presunta participación en el homicidio de tres jóvenes que fueron presentados como muertos en combates en un municipio de Antioquia.
Los hechos por los que fue capturado el cabo Rey Ospina, están relacionados con el asesinato de un menor de edad, así como de Juan Francisco Parra y de un NN masculino, en hechos ocurridos el 26 de julio de 2006 en zona rural del municipio de Abriaquí.
Las investigaciones de la Fiscalía permitieron establecer que presuntamente las tres personas muertas eran civiles y no pertenecían a ningún grupo armado al margen de la ley.
Carlos Alberto Rey Ospina es requerido por la justicia colombiana por el delito de homicidio en persona protegida al amparo del Derecho Internacional Humanitario.
INVESTIGAR AL general retirado Mario Montoya, por sus posibles vínculos con los paramilitares, le habría pedido ayer la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía, según comentarios de prensa.
Sin embargo, esta versión no es oficial. Según le dijeron a los medios fuentes de la Corte, el Alto Tribunal habría compulsado las respectivas copias al ente acusador, basado en las declaraciones del desmovilizado Libardo Duarte, alias Bam Bam o Mono Maicol, en las que señaló que recibió la colaboración de tres altos oficiales de la Fuerza Pública, incluyendo a Montoya, hoy embajador de Colombia en República Dominicana.
Recientemente, el jefe narcoparamilitar, Daniel Rendón, alias don Mario, denunció que el grupo armado ilegal le había hecho entrega al general Montoya de una cifra cercana a los 1.500 millones de pesos, confirmando la supuesta alianza entre el oficial y los irregulares.
En su versión libre ante la Fiscalía Quinta de Justicia y Paz, Rendón afirmó que el fallecido Miguel Arroyave, alias Arcángel, máximo comandante del Bloque Centauros, ordenó que se hicieran dos entregas del dinero al general Montoya. La primera, de 500 millones de pesos, se hizo, según su versión, a través de un colaborador de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) llamado Yesid Nieto, señalado por Rendón de ser un esmeraldero y narcotraficante, quien terminó asesinado en Guatemala.
La segunda entrega fue de 1.000 millones de pesos a través de José Gustavo Arroyave, alias Andrés, hermano del ya mencionado jefe del Bloque Centauros.
Según Rendón, el dinero se le entregó al general Montoya por apoyar a los paramlitares en operaciones ejecutadas en Casanare, para quitarle el poder a los Buitrago, liderados por Héctor Germán Buitrago, alias Martín Llanos, entonces comandante del grupo armado ilegal en ese departamento.
Rendón también le dijo a la Fiscalía que el general Montoya recibió de Arcángel un apartamento blindado de 400 millones de pesos en Bogotá, cobrado a las AUC porque supuestamente era de su familia y él debía pagárselo si se lo dejaba al oficial.
Por otro lado, la parte civil en el caso de la masacre de San José de Apartadó también solicitó que se vinculara formalmente a Montoya en el múltiple homicidio, debido a su posible participación en la planeación de la operación militar en la que hombres del frente Héroes de Tolová, aparentemente asistidos por militares, asesinaron a ocho campesinos, entre los que se cuentan a varios menores de edad.
Así lo confirmó a los medios el representante Gilberto Rondón, del Partido Liberal, miembro de la comisión de acusación de la Cámara, que adelanta la investigación por la posible vinculación del presidente Álvaro Uribe en el ofrecimiento de dádivas a los congresistas con el fin de aprobar la reelección en 2004.
